Faltando pocos días para el traspaso de mando en el gigante sudamericano, una serie de factores en el Ejecutivo actual y en el Congreso ponen de manifiesto las dificultades que deberá afrontar Lula y el futuro gabinete en 2023.
Por Ana Dagorret / La tinta
Tras un año electoral donde quedó sellado el futuro del gobierno brasileño, las articulaciones para lo que se viene a partir de 2023 se desarrollan a todo vapor, ante un panorama, por momentos, incierto. Luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado 30 de octubre, el presidente electo nombró un gabinete de transición encabezado por el vicepresidente Geraldo Alckmin para coordinar las acciones de cara a la asunción prevista para el próximo 1 de enero.
Una de las cuestiones que surgió con fuerza durante la campaña, y que volvió a ganar fuerza tras la victoria de Lula, es la continuidad del Auxilio Brasil, un beneficio social que el gobierno de Jair Bolsonaro decidió aumentar antes de las elecciones para intentar levantar su imagen como candidato a la reelección entre los más pobres, segmento donde Lula tenía alta intención de voto. Lo que, en un principio, era un bono de 400 reales (menos de 100 dólares), que condensaba una serie de otros beneficios para los más pobres, en el mes de agosto, aumentó a 600 y fue extendido hasta octubre, haciendo coincidir esta suba con la primera y segunda vuelta de los comicios.
Tras una serie de cuestionamientos por parte de la oposición durante la campaña, el gobierno anunció la continuidad del aumento durante 2023. Sin embargo, dicho aumento no estaba contemplado en el presupuesto aprobado por el Congreso para el año siguiente y enviado por el Ejecutivo en agosto. Tras la victoria de Lula, el gabinete de transición comenzó a negociar con el Legislativo la incorporación de más dinero para garantizar la continuidad del beneficio.
Dicha negociación se extendió hasta el comienzo de esta semana, cuando el Congreso aprobó la ampliación del presupuesto con algunas modificaciones. Lo que, en principio, estaba previsto que se extendiera por dos años, finalmente, será durante un año, período en el cual el nuevo gobierno deberá articular, esta vez con un Legislativo más conservador, un acuerdo que posibilite la ampliación de recursos para el pago de programas sociales. Dicha articulación será vital en el actual contexto de aumento del hambre en el país, que ascendió a 33 millones de personas durante 2022 y que, sin el pago de tales beneficios, continuaría creciendo el próximo año.
Ministerios
Otra de las discusiones que se desarrollan en esta etapa de transición es sobre el número y la conformación de ministerios del nuevo gabinete. Durante el gobierno de Bolsonaro, la cantidad de carteras se redujo a 23, luego de la fusión de algunas y la extinción de otras. Anteriormente, el gobierno de Dilma Roussef tenía 39 ministerios, que se redujeron a 29 tras el golpe de Estado que puso a Michel Temer al mando del Ejecutivo.
Según informó la senadora Eliziane Gama, que integra la mesa directiva del gabinete de transición, el nuevo cuerpo ministerial estará conformado por 37 carteras, siete de las cuales ya cuentan con nombres para ser encabezados. En la Casa Civil -equivalente a la Jefatura de Gabinete-, el titular será el gobernador de Bahía, Rui Costa, un antiguo cuadro del Partido de los Trabajadores (PT) en el nordeste y muy cercano al presidente Lula. En Relaciones Exteriores, será nombrado Mauro Vieira, considerado uno de los funcionarios con más experiencia en la diplomacia brasileña. Es embajador en Croacia desde 2016, pero, antes, dirigió el equipo diplomático brasileño en Argentina, Estados Unidos y Naciones Unidas.
En el área de Defensa, una de las más importantes durante el gobierno de Bolsonaro y que será clave en la nueva etapa, el presidente electo decidió por José Múcio Monteiro, un antiguo aliado del ahora titular en la Cámara de Diputados, donde llegó a ser líder del oficialismo en 2007. Múcio tiene una larga carrera política y fue ministro en el segundo mandato de Lula, entre 2007 y 2009. Además, ocupó la presidencia del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) en 2018.
En el Ministerio de Hacienda, Lula nombrará al ex candidato a presidente en 2018 y ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, quien también llegó a ocupar el cargo de Ministro de Educación durante los primeros dos gobiernos del presidente electo.
En el área de Educación, Lula se decidió por Camilo Santana, senador electo por Ceará. Santana fue gobernador del estado de Ceará durante ocho años, luego de ser elegido senador en las últimas elecciones. Anteriormente, había ocupado dos secretarías de Estado -Ciudades y Desarrollo Agrario- en la administración estatal de Ciro Gomes (PDT). Camilo es profesor, licenciado en agronomía y máster en desarrollo y medio ambiente. Durante su carrera académica, fue director del DCE de la Universidad Federal de Ceará.
La elección de Santana marca un cambio de estrategia en la composición del gabinete, ya que la preferencia inicial era evitar sacar aliados del Senado para no aumentar aún más la “desventaja” de Lula en esa Cámara, actualmente formada por un perfil más conservador.
Además de Santana, Lula indicó al senador electo por Maranhão y ex gobernador del estado, Flavio Dino, para ministro de Justicia y Seguridad Pública. En la transición, es uno de los coordinadores del grupo técnico que debate sobre Justicia y Seguridad Pública, y su nombre ya sonaba para el cargo de ministro hace unas semanas. Dino defendió la revocación de los decretos del presidente Bolsonaro, que flexibilizaban el acceso a las armas y también un papel más restringido para la Policía Federal de Carreteras.
En la entrevista en la que anunció a Dino, Lula dijo que el nominado tiene la misión de arreglar el funcionamiento de la cartera de Justicia, en una referencia a lo ocurrido durante la gestión del gobierno de Bolsonaro.
En el área de Cultura, quien fue elegida para encabezar el ministerio es la actriz y cantante Margareth Menezes. Actualmente, en el gobierno de Bolsonaro, Cultura funciona como una Secretaría Especial, asignada al Ministerio de Turismo. Sin embargo, antes, la cartera funcionaba como un ministerio. Durante los gobiernos del PT, con Lula y Rousseff, estuvo encabezada por nombres como el cantante Gilberto Gil, el sociólogo Juca Ferreira, la cantante Ana de Hollanda -hermana del cantante Chico Buarque- y la ex alcaldesa de São Paulo, Marta Suplicy.
Protestas antidemocráticas
Además de la articulación con el Congreso y la conformación del Ejecutivo, lo cual deberá atender a los intereses de agentes que puedan garantizar la gobernabilidad en un contexto por demás desfavorable para el presidente electo, la nueva administración deberá enfrentarse a los cuestionamientos de su legitimidad, alimentados por el actual presidente.
Si bien Bolsonaro no fue explícito en relación al no reconocimiento de la victoria de su adversario en la elección del 30 de octubre, la organización de actos antidemocráticos frente a cuarteles del ejército en todo el país y los pedidos por parte de su partido a la Justicia Electoral para la anulación de urnas, alegando irregularidades sin presentar pruebas, dan cuenta de una estrategia.
A imagen y semejanza de su mentor Donald Trump, Bolsonaro y su entorno hacen uso de acusaciones de fraude como justificación de la derrota decretada en las urnas. Con ello, también se alimenta el fantasma de un eventual golpe militar que instalaría un gobierno de las fuerzas armadas, encabezado por Bolsonaro, consigna que repiten los y las manifestantes al frente de los cuarteles en varios puntos del país.
El verdadero motivo detrás de la permanencia es la impunidad. Al dejar el cargo de presidente de la República, Bolsonaro se enfrentará a diversas denuncias judiciales que, al momento, solo pueden ser investigadas por la Corte Suprema. Es por eso que, desde el núcleo del presidente, se busca consenso en el Congreso para la creación de un cargo de senador vitalicio para Bolsonaro una vez que deje el Ejecutivo.
Si bien, con el correr de los días tras la elección, los cortes de ruta y manifestaciones antidemocráticas disminuyeron de forma considerable, fundamentalmente por la acción de la Justicia contra los organizadores, el pasado 12 de diciembre, se observaron escenas de alta tensión en Brasilia, tras la diplomatura de Lula en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El acto tuvo como fin el reconocimiento oficial, por parte de la Justicia Electoral, de la victoria de Lula y Alckmin en la última elección. Si bien se trató de una formalidad que ocurre tras cada comicio, desde la organización de las protestas antidemocráticas, el momento fue aprovechado para llevar adelante una serie de manifestaciones más violentas en Brasilia, donde se vieron imágenes de vehículos incendiados e intentos de invasión a la sede de la policía federal.
Desde el bolsonarismo, fueron varias las voces que salieron a desmentir la autoría de los hechos, que fueron adjudicados a infiltrados que pretendían darle un tinte violento a lo que llamaron “manifestaciones pacíficas”. Sin embargo, a falta de evidencia y ante la posibilidad de que dichas escenas se repitan el día de la asunción, la Justicia aceleró el desmantelamiento de las protestas a través del bloqueo de cuentas bancarias y pedidos de prisión de los organizadores. Debido a la contundencia de dichas medidas, los mismos bolsonaristas, que hasta hace poco incentivaron las protestas, ahora piden por la finalización de las mismas, temiendo las consecuencias que ello puede acarrear.
A pocos días de la asunción de Lula y la retirada de Bolsonaro de la presidencial, las negociaciones para la gobernabilidad y el fin de los cuestionamientos al resultado de las elecciones son los principales desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Aún encontrando una salida ordenada a ambas situaciones, a Lula y al PT le esperan años de intensas presiones, que deberán equilibrarse entre las exigencias del poder económico y las necesidades del pueblo brasileño.
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