La Transición española, «modélica» según los libros de historia y la clase dirigente española, estuvo en realidad llena de episodios sangrientos donde tanto el Estado como las fuerzas paramilitares de extrema derecha sembraron el terror y la muerte con absoluta impunidad.
Por Oier Zebeiro / Eulixe
Mariano Sánchez, autor de «La Transición Sangrienta», asegura que entre 1975 y 1983 se produjeron 591 muertes por violencia política, 188 de las cuales de origen institucional, es decir, asesinatos “desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado”.
LA MATANZA DE ATOCHA
24 de enero de 1977, Madrid. Habían pasado dos años de la muerte del dictador Francisco Franco y en Madrid se respiraban la incertidumbre y el miedo. El régimen agonizaba. Los elementos del búnker nacionalcatólico intentaban recomponer el castillo de naipes, las milicias ultraderechistas campaban a sus anchas y las personas que poco antes eran clasificadas como enemigas del estado seguían sufriendo la persecución.
Aquel día, el abogado laboralista Alejandro Ruiz se reunió con otros ocho compañeros en el local que tenía el sindicato Comisiones Obreras en la calle Atocha. Eran las 22:40 cuando un grupo de tres pistoleros de extrema derecha – José Fernandez Cerrá, de 31 años; Carlos García Juliá, de 21 años y Fernando Lerdo de Tejada, de 23 años – vinculados a Fuerza Nueva y a Falange, asaltó el despacho. Preguntaron por Joaquín Navarro, histórico sindicalista y líder de CC.OO. No estaba. A partir de aquí, las balas rompieron el silencio. El odio y la sinrazón se adueñaron de aquel emplazamiento.
De los nueve abogados que estaban aquella noche en la sala, cinco murieron en el acto: Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Cuatro lograron salir vivos de aquella masacre: Luis Ramos, Miguel Sarabia, Dolores Gonzalez y el propio Alejandro.
Así recuerda Alejandro Ruiz lo sucedido en unas declaraciones efectuadas al diario Público el 26 de enero de 2013. La dureza de sus palabras son el reflejo del horror. De aquel doloroso instante donde las balas acabaron con la vida de cinco personas por el simple hecho de ser comunistas y de Comisiones Obreras.
Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos intentaron dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no tocó hueso y cuando nos dieron los tiros de gracia a mí sólo me hirieron en la pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de mi compañero Enrique Valdelvira, cuyo cadáver tuve que levantar para sobrevivir – Joaquín Navarro en declaraciones efectuadas a Público.
Por su parte, Manuela Carmena, abogada laboralista, juez emérita y política española que fue alcaldesa de Madrid desde junio de 2015 hasta junio de 2019, recuerda así lo sucedido y los días posteriores:
Yo me libré porque había cambiado el lugar de una reunión […] Éramos extraordinariamente felices en aquel despacho […] Hubo un colectivo de obreras y obreros que nos protegieron después de los asesinatos, una cadena que llegaba desde la puerta de la calle hasta el despacho. Recuerdo esa cadena de personas que no tenía capacidad objetiva de protegernos, pero sentí la calidez de todas aquellas personas. Hay que enfocar la injusticia tan brutal de la pérdida de la vida: no están porque hubo alguien que decidió quitarles la vida, nada hay que justifique quitar la vida y por eso nos parece importante su memoria para abrir un camino para las personas que siguen intentando hacer un mundo más justo.
Al parecer, la carniceria fue el resultado de un conflicto que hubo por las anteriores huelgas de transporte. A comienzos de 1977, la huelga de transporte privado de viajeros logró paralizar en buena parte a Madrid. Francisco Albadalejo Corredera, entonces secretario del Sindicato Provincial de Transportes y Comunicaciones de Madrid, y afín a partidos políticos de extrema derecha, había tenido duros enfrentamientos con Joaquín Navarro.
LOS JUICIOS
Tras la matanza, los asesinos, creyendo amparados por sus contactos políticos, siguieron con sus vidas. La policía detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como los autores de los asesinatos. También fueron arrestados Francisco Albadalejo Corredera, como autor intelectual, Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por facilitar las armas, y Gloria Herguedas, pareja de Cerrá, como cómplice.
El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, no investigó más allá y concedió un polémico permiso penitenciario a Lerdo de Tejada antes del juicio, que aprovechó para escaparse. Fernández Palacios, que falleció en enero de 1979, tampoco fue juzgado.
La Audiencia Nacional dictó sentencia el 4 de marzo de 1980. Fernández Cerrá y García Juliá fueron condenados a 193 años de prisión cada uno; a Francisco Albadalejo Corredera se le impuso una condena de 63 años (falleció en prisión en 1985); cuatro años a Jiménez Caravaca (fallecido en 1985), y a Gloria Herguedas Herrando, un año.
José Fernández Cerrá fue puesto en libertad después de que cumpliera 15 años en prisión. A su compañero Carlos García Julía se le concedió la libertad provisional en 1991. Un año después, obtuvo una autorización para viajar a Paraguay (Asunción) y trabajar allí, con una condición: presentarse cada mes en la Embajada española. Aprovechándose de la situación, decidió fugarse iniciando así un periplo de fugas por Sudamérica. Fue arrestado en 2018 en Sao Paulo (Brasil), donde vivía bajo una identidad venezolana falsa y trabajaba como conductor de Uber. Será extraditado a España este jueves. Le quedan por cumplir 3.855 días de prisión, ya que la condena que le fue impuesta no ha prescrito.
LOS TENTÁCULOS DE LA OPERACIÓN GLADIO
En los años 90, un informe reservado del Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad (CESIS), organismo dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, implicó al fascista de origen italiano pero nacionalizado español Carlo Cicuttini, relacionado con la red gladio de la OTAN y la guerra sucia contra ETA, en la matanza de Atocha.
El informe, fechado el 3 de marzo de 1987 y firmado por el entonces secretario general del CESIS, Orazio Sparano, menciona lo siguiente textualmente: «Para calificar, finalmente de forma específica la propensión terrorista de Cicuttini incluso en aquel territorio [España], debiera parecer emblemática su aseverada participación en la conocida matanza de cinco abogados sucedida en 1977 en el barrio de Atocha en Madrid».
Cicuttini, ex militante del neofascista Movimiento Social Italiano (MSI) y alto mando del grupo terrorista Ordine Novo (fundado por el fascista italiano Pio Rauti en 1956 y disuelta en 1973), fue condenado en Italia a 11 años de cárcel por su participación en el intento de secuestro aéreo de Ronchi dei Legionari, en octubre de 1972, y a cadena perpetua por el atentado de Peteano, ejecutado el 31 de mayo de ese mismo año, que provocó la muerte de tres carabineros.
La implicación de los fascistas italianos refugiados en España, hecho denunciado por varios medios de comunicación, no fue ni considerada durante el juicio que se celebro en la Audiencia Nacional en febrero de 1980. Cicuttini adquirió la nacionalidad española tras casarse con la hija de un general de brigada del Ejército español, hecho que dificultó su extradición. Además, este proceso fue bloqueado en más de una ocasión por el Gobierno de Felipe González, seguramente debido a la supuesta relación del militante ultraderechista con la guerra sucia llevado a cabo por el Gobierno contra ETA y su entorno político. Fue detenido el 17 de abril de 1998 cerca de Toulouse y extradiitado a Italia.
Un juez italiano experto en terrorismo, aseguró al diario El País (artículo publicado el 2 de diciembre de 1990) que la negativa del Gobierno español sobre la entrega de Cicuttini se debía seguramente a que «sabía demasiado» en torno a la guerra sucia contra ETA y su entorno político, hecho al que alude el mencionado informe reservado del Consejo de Ministros Italiano, al mencionar la «presunta participación de extremistas de derecha italianos en las actividades de carácter violento contra ETA de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)».
Según menciona El País, «más explicito era un documento de carácter confidencial de la Brigada de Información Interior, fechado en 1983, en el que se afirmaba que Cicuttini admitió haber trabajado para la policía española realizando operaciones en Francia como Grupo Antiterrorismo ETA (ATE), implicandose tanto en la vigilancia y la observación de miembros de la izquierda española como de miembros de ETA, así como en atentados contra estos últimos».
Se el primero en comentar