La realidad de los pueblos indígenas en Canadá

Por Tania Lezcano

 

Vigilia celebrada el pasado 28 de mayo en la escuela residencial Kamloops, en Vancouver, donde aparecieron los cadáveres de 215 menores indígenas. Foto: Thomas_H_foto

 

A finales de mayo salió a la luz el hallazgo de 215 cadáveres de menores indígenas en Canadá. El primer ministro, Justin Trudeau, ha prometido ayudas, aunque no es nada nuevo, pues hace años que se sabe que 150.000 niñas y niños fueron enviados a internados. Por otra parte, desde 1980, miles de mujeres indígenas han sido asesinadas y esterilizadas forzadamente, algo que continúa en la actualidad.

Canadá se muestra a menudo como ejemplo de multiculturalismo, pues ya en 1973 se creó el Ministerio de Multiculturalismo y en 1988 se promulgó la Ley de Multiculturalismo, dejando clara su intención de aceptar las culturas inmigrantes. Sin embargo, la situación para las poblaciones aborígenes ha sido muy distinta. Si bien el gobierno de Justin Trudeau, en el poder desde 2015, ha hecho hincapié repetidamente en la necesidad de compensarlas económicamente por todo el sufrimiento que han padecido desde la época colonial y se han llevado a cabo diversas investigaciones e informes, aún queda mucho por hacer.

Europeizar a la población nativa

A finales del siglo XV, la población indígena constaba de entre 200.000 y 500.000 habitantes —algunas investigaciones hablan de hasta dos millones—. Para hacernos una idea, en 1867 solo quedaban entre 100.000 y 125.000 (10.000 de ellos metis y 20.000 inuit). Entre las causas, por supuesto, los efectos destructivos de la colonización activa —en este caso británica y francesa—, sumados a las enfermedades traídas por los europeos, especialmente la influenza, el sarampión y la viruela, que, sin duda, fue la peor.

Pueblos indígenas americanos en Canadá (censo de 2016) y Estados Unidos (censo de 2010). Fuente: AviationFreak

Aunque Canadá se independizó de Gran Bretaña en 1867, el nuevo gobierno continuó llevando a cabo políticas típicamente coloniales, despreciando completamente a los pueblos nativos. Entre estas políticas se encontraba la asimilación forzosa de la cultura canadiense —que, por supuesto, seguía un criterio europeo—. Así, entre 1863 y 1998, más de 150.000 menores indígenas fueron literalmente arrancados de sus casas e internados en centros gestionados por organizaciones religiosas. Allí se les prohibía hablar sus lenguas y practicar cualquier actividad propia de su cultura. En definitiva, se trataba de “matar lo indio en el niño”. Además, sufrían todo tipo de vejaciones y abusos emocionales, físicos y sexuales, según reflejó en 2015 el informe de la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá (CVRC), que contó con el testimonio de más de 7.000 personas.

Respecto al caso que abría este artículo, estos 215 cadáveres hallados recientemente se encontraban en el internado de Kamloops, el más grande del país. Empezó su actividad en 1890 en manos de una organización católica y acogía a aproximadamente 500 menores en su apogeo en la década de 1950. En 1969, el Gobierno federal pasó a gestionarla y la transformó en residencia estudiantil. Esta fue su labor hasta su cierre en 1978.

La comisión de investigación que terminó en 2015 concluyó que aquellas escuelas supusieron un “genocidio cultural”, ya que muchos de los menores jamás regresaron a casa. Es más, el Proyecto Niños Perdidos, llevado a cabo por la CVRC, ha identificado hasta ahora a más de 4.100 menores que murieron en las escuelas y muchos fueron enterrados allí mismo. Por su parte, la investigación de esta entidad también concluyó que el gobierno “llevó adelante esta política de genocidio cultural porque deseaba renunciar a sus obligaciones legales y financieras hacia los pueblos originarios y obtener el control de las tierras y los recursos de estos”.

Tras este nuevo hallazgo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha prometido ayudas a las personas afectadas por esas muertes, pero no ha expuesto medidas concretas. Precisamente esto es lo que piden las organizaciones indígenas, así como la investigación de todos los centros. Y es que las secuelas psicológicas siguen pasando factura a quienes sobrevivieron. De hecho, algunos culpan a este trauma de las mayores tasas de alcoholismo, pobreza y suicidio que sufren sus comunidades.

El primer ministro también ha tenido palabras para la Iglesia católica, exigiendo al papa Francisco disculpas por los abusos a menores en los centros, algo que, a día de hoy, todavía no ha ocurrido. Sin embargo, esta exigencia ya se ha producido en varias ocasiones porque el gobierno canadiense necesita dividir la responsabilidad. Sin duda, las autoridades establecieron esas escuelas, pero confiaron su gestión a las organizaciones religiosas.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante una recepción de la Comisión de Pueblos Aborígenes del Partido Liberal en 2013, antes de llegar al poder. Foto: Justin Trudeau

Bebés robados y cobayas humanas

Los niños y niñas indígenas no solo sufrieron la reclusión y los abusos en los internados, sino que además hubo bebés robados. Se estima que casi 20.000 bebés indígenas fueron arrebatados a sus madres entre 1965 y 1984 y dados en adopción en lugares tan dispares como Estados Unidos, Reino Unido o Nueva Zelanda. Hace más de una década, se organizó una demanda colectiva en nombre de 16.000 menores indígenas de Ontario que fueron robados. En 2017, el Tribunal Supremo de Ontario condenó al Gobierno federal de Canadá por no impedir que perdieran su identidad indígena. Posteriormente, comunidades aborígenes de otras provincias también han ido organizando más demandas colectivas.

En 2013, el historiador Ian Mosby denunció otra práctica que sufrieron menores indígenas. En su artículo académico Administering Colonial Science, demostró que, durante las décadas de los años 40 y 50, al menos 1.300 aborígenes, la mayoría menores, fueron sujetos involuntarios de pruebas con vitaminas, minerales e ingestión de calorías. Según cuenta Mosby, “los pueblos indígenas denunciaban que sus hijos e hijas pasaban hambre en las escuelas y que las políticas gubernamentales estaban creando condiciones de hambre en sus comunidades”. Entonces, “el gobierno canadiense envió investigadores para examinar esas condiciones. En muchos casos, encontraron malnutrición severa”. Parece ser que algunos científicos vieron en aquella situación la oportunidad perfecta para comprobar sus teorías sobre cómo era una dieta sana y realmente equilibrada nutricionalmente.

Según explica Mosby, los experimentos nutricionales formaban parte de una serie de investigaciones del propio gobierno sobre las dietas de los pueblos indígenas. Partían de la idea racista de que estas poblaciones eran inferiores y que podría deberse a la nutrición. Por supuesto, el gobierno y la comunidad científica se erigían en salvadores para resolver este “problema indio” a través de la intervención en las dietas de las personas.

Mujeres indígenas asesinadas en silencio

Como de costumbre, las mujeres sufren una doble opresión —la que añade el omnipresente patriarcado—. Y Canadá no es una excepción. En 2014 salió a la luz un informe de la Real Policía Montada de Canadá que estimaba que entre 1980 y 2012 unas 1.200 mujeres aborígenes habían desaparecido o habían sido asesinadas. Pero no se sabía nada más. En 2016, Justin Trudeau prometió que se investigaría y la entonces ministra de la Condición de la Mujer, Patty Hajdu, se basó en un informe de la Asociación Canadiense de Mujeres Aborígenes para afirmar que el número de víctimas podría superar las 4.000. Por su parte, la ministra de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, acusó a la policía de falta de investigación ante miles de casos calificados como suicidios, muertes accidentales o por causas naturales. Y es que la mayoría de víctimas vivían en Winnipeg, la ciudad con mayor número de población indígena de Canadá, y muchas desaparecían y aparecían muertas en un río.

En 2019, tras escuchar a más de 2.000 personas, la investigación oficial concluyó que, en efecto, 1.200 mujeres y niñas indígenas fueron asesinadas o desaparecieron víctimas de violencia endémica en lo que se calificaba como “genocidio”. Y se dejaba claro que las cifras posiblemente fueran mucho mayores. Se explicaba que mediante “acciones estatales e inacciones enraizadas en el colonialismo e ideologías coloniales”, las mujeres y niñas sufrieron un grado de violencia desproporcionadamente alto. Es más, a pesar de conformar el 4% de la población, al menos una de cada diez mujeres asesinadas en el país es nativa. Entre los autores de los asesinatos aparecían familiares indígenas y no indígenas, conocidos y asesinos en serie.

Según una investigación de la BBC, en Canadá se tiende a creer que las mujeres indígenas son víctimas principalmente de miembros de sus propias comunidades. Y, aunque según datos de la Real Policía Montada, es cierto que más del 60% de las indígenas asesinadas lo fueron a manos de sus maridos, familiares o amigos, el restante 40% son víctimas de extraños o conocidos casuales, un término que se suele utilizar para referirse a la prostitución. Esto también deja clara la situación de especial vulnerabilidad que sufren las mujeres aborígenes.

A los factores anteriores, la investigación oficial de 2019 sumaba la pobreza endémica, el racismo, el sexismo y otras actitudes derivadas de los primeros intentos de asimilación cultural forzosa. “El resultado ha sido que muchos indígenas han crecido normalizados a la violencia, mientras que la sociedad canadiense muestra una apatía espantosa para abordar el problema”, añadía el informe.

Vigilia celebrada en Ottawa en 2018 en honor de las más de 1.200 mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas en Canadá en las últimas décadas. Foto: Obert Madondo

 

Esterilizaciones forzadas que continúan

Por si fuera poco, muchas mujeres indígenas también han sufrido esterilización forzada tras dar a luz. Un informe publicado el pasado 3 de junio por un comité de derechos humanos del Senado ha denunciado que sigue ocurriendo y ha exhortado a una investigación más profunda y a tomar medidas efectivas para terminar con ella. Añade que el número exacto de mujeres esterilizadas no está claro, pero la mayoría de las que han sido entrevistadas para el informe sufrieron la práctica entre 2005 y 2010. Aun así, el comité explicó que el caso más reciente que conoce es de 2019.

El informe dice que “algunas de las mujeres indígenas que sufren esterilización forzada viven en zonas remotas, donde los hospitales se encuentran a mucha distancia y requieren un largo viaje, a veces incluso por aire”. Además, “lejos de sus familias y sus comunidades, experimentan barreras lingüísticas y culturales al dar a luz. Muchas no reciben la información adecuada, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos”.

No hay que olvidar que hasta 1972 en la provincia de Alberta y hasta 1973 en Columbia Británica existía una ley que ordenaba la esterilización forzada de personas consideradas “mentalmente defectuosas”. Pero no solo ellas, sino que también se esterilizaba a personas procedentes de Europa del este, así como a mujeres inuit, metis y de las llamadas naciones originarias. Entonces, y también ahora, un clima de racismo y paternalismo rodeaba esta práctica, como explica en el informe Karen Stote, profesora adjunta de estudios sobre mujeres y género en la Universidad Wilfrid Laurier: “Daban la visión de que la esterilización era buena para el propio bienestar de las mujeres. Estas actitudes y creencias continúan siendo la base de la política sanitaria y contribuyen a que esta práctica continúe”.

Sin embargo, no es la primera vez que un informe denuncia esta violación de derechos humanos. Ya en 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Canadá que frenara la esterilización forzada y la tipificara como delito después de que 60 mujeres indígenas de la provincia de Saskatchewan presentaran una demanda colectiva contra las autoridades locales por haberlas esterilizado sin su consentimiento expreso. Según explicaron, cuando estaban a punto de dar a luz, autorizaron las esterilizaciones bajo presión, en algunos casos amenazadas con no ver a sus bebés hasta que aceptaran la ligadura de trompas.

También sobre la situación de las mujeres indígenas se ha pronunciado el primer ministro, Justin Trudeau, prometiendo más recursos para luchar contra el racismo en el sistema judicial y para reforzar la ley para abordar también el racismo en el sistema de salud. Esta última medida se ha destacado tras la muerte hace unos días de Joyce Echaquan, una mujer indígena y madre de siete hijos que murió en un hospital de Quebec tras ser ridiculizada y desatendida por el personal.

Denise Pictou-Maloney, copresidenta del National Family and Survivors Circle, que participó como asesora en el plan, ha dicho que “los planes son geniales, pero lo que necesitamos es acción”. El Ejecutivo explicó que el presupuesto del gobierno federal en 2021 es de 1.800 millones de dólares durante cinco años, destinados a fomentar un sistema de salud libre de racismo y mejorar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, entre otras cosas. Sin embargo, Lynne Groulx, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá, ha dicho que el anuncio no es lo suficientemente concreto.

Buenas intenciones sin acciones reales

Tras analizar toda la situación, se puede llegar a la conclusión de que el gobierno canadiense está repleto de buenas intenciones, tanto respecto a la reparación de las víctimas de los internados como a la violencia contra las mujeres indígenas. Sin embargo, a la hora de la verdad, las políticas no avanzan lo suficiente. De hecho, en las elecciones de octubre de 2019, Justin Trudeau ganó, pero sin la mayoría absoluta que le dio la victoria en 2015. En parte, porque perdió el apoyo mayoritario de las comunidades indígenas, que exigen acciones reales y efectivas. También influyeron diversas polémicas, tanto personales como políticas, incluyendo escándalos de corrupción.

Es cierto que el gobierno canadiense ha dedicado diferentes partidas a investigaciones y al reconocimiento de los pueblos originarios, incluyendo los 6,4 millones de dólares destinados en 2019 a reforzar el liderazgo de las comunidades indígenas en la preservación del medio ambiente. Y también ha pedido perdón y ha abogado por reconocer la verdad y compensar a las víctimas. Sin embargo, en este último punto es donde muchos pueblos denuncian falta de acciones efectivas. Así, puede dar la sensación de que el gobierno solo se acuerda de la opresión contra las comunidades indígenas cuando salen a la luz noticias terribles, como el caso de los 215 niños o las miles de mujeres asesinadas o desaparecidas.

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