Mientras los pequeños y medianos productores se enfrentan a la ruina, las grandes empresas agroalimentarias y las multinacionales celebran el acuerdo.
Por Joaquín Castro | 3/05/2026
El 1 de mayo entró en vigor de forma provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Tras más de 25 años de negociaciones, Bruselas ha activado un pacto que liberaliza más del 91% de los aranceles y abre las puertas europeas a una avalancha de productos agrícolas sudamericanos. Para los pequeños y medianos agricultores españoles, esta no es una buena noticia: es una amenaza existencial que acelerará la desaparición de miles de explotaciones familiares.
El acuerdo permite la entrada masiva y a precios muy bajos de carne de vacuno, azúcar, soja, miel, etanol y otros productos procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Estos países producen a costes muy inferiores gracias a menores exigencias ambientales, sanitarias y laborales, y a una escala industrial que poco tiene que ver con la agricultura europea. Los agricultores españoles, que deben asumir los costes de la Política Agraria Común (PAC), las normativas de bienestar animal, el uso restringido de fitosanitarios y los precios de la energía, no pueden competir en igualdad de condiciones. El resultado previsible es el hundimiento de los precios en origen, la pérdida de rentabilidad y el cierre progresivo de explotaciones.
Organizaciones como ASAJA, COAG y UPA llevan años advirtiéndolo y han protagonizado protestas masivas, incluida la gran manifestación en Madrid con tractores. Sus críticas no son alarmismo: son la voz de un sector que ve cómo Bruselas vuelve a utilizar al campo como moneda de cambio. Mientras los pequeños y medianos productores se enfrentan a la ruina, las grandes empresas agroalimentarias y las multinacionales celebran el acuerdo. Las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vino o queso ganan mercado, pero el precio lo paga el eslabón más débil: el agricultor y ganadero de base. Este pacto no es de libre comercio; es un acuerdo ideado por y para las grandes corporaciones, que pueden importar materias primas baratas, procesarlas y vender productos “europeos” mientras destruyen la base productiva rural.
El campo español ya está en emergencia: envejecimiento, falta de relevo generacional, sequías agravadas y una PAC cada vez más burocrática y menos protectora. Este acuerdo añade una competencia desleal que muchos no podrán soportar. Sectores como la ganadería extensiva, la producción de miel o ciertas frutas y hortalizas sufrirán especialmente. La soberanía alimentaria europea, y especialmente la española, queda comprometida: dependeremos cada vez más de importaciones de países con estándares diferentes, mientras nuestras tierras se abandonan y nuestros pueblos se vacían.
Es hora de que el campo español deje de mirar a Bruselas con esperanza. La UE ha demostrado una y otra vez que prioriza intereses geopolíticos y de grandes lobbies frente a la viabilidad de la agricultura familiar. Las protestas deben dar paso a una exigencia clara y unida: la retirada inmediata del acuerdo provisional. No basta con salvaguardias temporales o cuotas; el pacto entero es incompatible con la supervivencia del modelo agrario familiar.
Más allá de la retirada, el sector necesita un giro estratégico: exigir una política agraria soberana. España debe recuperar el control sobre sus fronteras comerciales en materia agroalimentaria, diseñar ayudas directas centradas en el agricultor profesional y de tamaño familiar, proteger los precios justos y apostar por la producción local y de calidad. Dejar de ser rehenes de una PAC que reparte migajas mientras abre las compuertas a la competencia desleal. La soberanía alimentaria no es un eslogan: es una necesidad estratégica para la seguridad nacional, el empleo rural y la cohesión territorial.
El 1 de mayo quedará marcado como un día negro para el campo español. Ahora depende de los agricultores, ganaderos y sus organizaciones convertir la indignación en acción coordinada y exigente. El futuro del medio rural español se juega en los próximos meses: o se impone la voz del campo real o asistiremos a su liquidación definitiva. El acuerdo debe retirarse. La soberanía agraria debe conquistarse.
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