Detrás de esta degradación hay una política consciente por parte del bipartidismo para desgastar el servicio público y allanar el camino hacia su privatización.
Por Gabriela Rojas | 22/03/2025
El ferrocarril de cercanías en España atraviesa una situación crítica que afecta a millones de personas cada día. Retrasos constantes, averías frecuentes y un servicio cada vez más degradado son el pan de cada día para los usuarios de este medio de transporte esencial. Lejos de ser un problema aislado o fruto de la casualidad, esta crisis responde a una falta crónica de inversión y a una estrategia que parece diseñada para justificar la privatización gradual de RENFE y la entrada de nuevos operadores privados en el sector. Mientras tanto, los grandes perjudicados son los trabajadores, quienes dependen de este servicio público para sus desplazamientos diarios.
Un servicio esencial para la clase trabajadora
El tren de cercanías no es un lujo, sino una necesidad vital para la clase trabajadora española. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, millones de personas lo utilizan a diario para ir a sus empleos, conectar con sus familias o acceder a servicios básicos. Se trata de un medio de transporte económico y sostenible que, en teoría, debería ser un pilar del bienestar social y la movilidad urbana. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal: trenes abarrotados, estaciones mal mantenidas y horarios incumplidos son la norma, convirtiendo cada viaje en una odisea.
Para los trabajadores, los retrasos y las cancelaciones no son solo una molestia, sino un problema que impacta directamente en sus vidas. Llegar tarde al trabajo puede significar sanciones, pérdida de ingresos o incluso despidos, especialmente para quienes tienen empleos precarios con poca flexibilidad. En un país donde la desigualdad sigue creciendo, el deterioro del cercanías agrava las dificultades de quienes menos recursos tienen, aquellos que no pueden permitirse alternativas como el coche privado o servicios de transporte más caros.
La responsabilidad del bipartidismo: PP y PSOE
Tanto el PP como el PSOE, que han alternado el poder en España durante décadas, comparten la responsabilidad de esta debacle. Ninguno de los dos ha priorizado el ferrocarril de cercanías en sus políticas de transporte, destinando recursos insuficientes para su mantenimiento, modernización y mejora. Mientras se han invertido miles de millones en proyectos de alta velocidad —a menudo más vistosos y rentables para las élites—, las líneas de cercanías, usadas mayoritariamente por la clase trabajadora, han sido relegadas al abandono.
Las cifras hablan por sí solas: averías mecánicas, falta de personal y una flota envejecida son problemas recurrentes que podrían solucionarse con un presupuesto adecuado. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han optado por recortes o por una gestión ineficiente, dejando a RENFE en una situación de precariedad. Este abandono no parece casual. Detrás de esta degradación hay una política consciente por parte del bipartidismo para desgastar el servicio público y allanar el camino hacia su privatización.
Una estrategia de privatización encubierta
La crisis del cercanías encaja sospechosamente bien con una narrativa que hemos visto en otros sectores públicos: degradar el servicio hasta hacerlo insostenible, generar descontento entre los usuarios y luego presentar la entrada de operadores privados como la única solución viable. En los últimos años, España ha asistido a una liberalización progresiva del transporte ferroviario, con la llegada de empresas privadas al sector de la alta velocidad (como Ouigo o Iryo). Aunque esto se ha vendido como una mejora en la competencia y los precios, el riesgo es que el modelo se extienda al cercanías, transformando un servicio público esencial en un negocio orientado al lucro.
Una privatización del cercanías podría tener consecuencias devastadoras para los trabajadores. Las empresas privadas tienden a priorizar las rutas más rentables, dejando desatendidas las zonas menos pobladas o económicamente atractivas. Además, los precios, que hoy son relativamente accesibles gracias al carácter público del servicio, podrían dispararse, excluyendo a quienes más lo necesitan. El tren de cercanías dejaría de ser un derecho y pasaría a ser un privilegio.
Más inversión y compromiso público
Garantizar un ferrocarril de cercanías digno no es una utopía, sino una cuestión de voluntad política. Es responsabilidad directa del Gobierno dedicar el presupuesto necesario para modernizar las infraestructuras, renovar los trenes y contratar al personal suficiente para que el servicio funcione con puntualidad y seguridad.
El cercanías debe seguir siendo un servicio público con precios justos, accesible para la clase trabajadora, que es su principal sostén. Ceder ante la tentación de la privatización sería traicionar a quienes construyen el país cada día con su esfuerzo. La solución no pasa por entregar el ferrocarril a manos privadas, sino por fortalecerlo como lo que es: un bien común indispensable.
La pésima situación del ferrocarril de cercanías en España no es un accidente, sino el resultado de años de desidia y decisiones políticas interesadas. Es hora de que el Gobierno asuma su deber y apueste por un transporte público de calidad. Los trabajadores, que mantienen en pie este país, no merecen menos.
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