Un régimen que es incapaz de garantizar las condiciones materiales más básicas para la clase trabajadora debe ser mandado al basurero de la historia.
Por Sergio Meneses | 29/09/2026
La nueva oleada de protestas por el derecho a la vivienda en España ha vuelto a sacar a la calle una evidencia que el poder lleva años maquillando: millones de personas no pueden pagar un techo digno. Alquileres disparados, desahucios, pisos turísticos, fondos buitre y una juventud condenada a vivir en la incertidumbre. El malestar es real, masivo y justo.
Pero no es momento de quedarse en reformas cosméticas: topes temporales, anuncios de más vivienda pública que nunca llega, gestos institucionales y mesas de diálogo. La vivienda no es un “desajuste del mercado”, es la expresión concreta de un sistema socio-económico que hace de nuestros hogares un activo con el que lucrarse y especular. Mientras esa lógica siga intacta, cada medida parcial será absorbida, eludida o revertida.
La salida a esta situación no puede ser, de nuevo, la domesticación del PSOE. Un partido que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para traducir la presión social en lenguaje de estabilidad, presupuestos y “realismo”. Absorbe el malestar, lo convierte en agenda institucional y lo devuelve como gestión. Quien confíe en que esta crisis se salda con un giro interno del régimen de partidos del 78 se va a a llevar una gran decepción.
El Régimen del 78 es el marco que blindó la propiedad, normalizó la precariedad como coste de la “modernización” y convirtió la Constitución y el consenso de la Transición en techo infranqueable de cualquier transformación seria. No se puede hablar de derecho a la vivienda dentro de ese marco. Hay que decirlo sin eufemismos: es momento de mandar al basurero de la historia el Régimen del 78 y el capitalismo que lo sostiene.
Un régimen que es incapaz de garantizar las condiciones materiales más básicas para la clase trabajadora: casa, salario, sanidad, cuidados, energía, transporte. Cuando un sistema no puede asegurar eso, ha perdido cualquier pretensión de legitimidad democrática sustancial.
Por eso la consigna no puede agotarse en “vivienda ya” como reclamación aislada. Hay que exigir una huelga general en la que confluyan todas las demandas que hoy aparecen fragmentadas: salarios, pensiones, educación y sanidad pública. La vivienda es el punto de ignición; no debe ser el techo de la movilización.
La huelga general debe servir como un instrumento para presionar y ganar músculo militante. Para medir fuerzas y para construir una organización que marque el rumbo a seguir. Sin esa confluencia, el poder negociará por partes, concederá migajas sectoriales y esperará a que el ciclo de protesta se enfríe de nuevo.
Ampliar el horizonte significa también abandonar la ilusión de que el cambio vendrá desde dentro de la élite. Es necesario acumular fuerzas para una ruptura con lo existente. Y esto implica organización, conflicto sostenido y un programa que no pida permiso al mercado. Significa tratar la vivienda, el trabajo y la vida como terreno de disputa de poder, no como objeto de reforma benevolente.
La calle ya ha señalado el problema. El paso siguiente no es esperar a que el Congreso lo traduzca a un real decreto. El paso siguiente es convertir esta ola en una ofensiva más amplia: huelga, confluencia y ruptura. Quien hoy llame a la prudencia institucional no está protegiendo a la clase trabajadora, está protegiendo el orden putrefacto del Régimen del 78.
Se el primero en comentar