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En este nuevo encuadre de la guerra, la franquicia del Sahel de al-Qaeda comenzó a ejecutar operaciones contra más de una treintena de ciudades secundarias en Malí, entre ellas quince de las diecinueve capitales regionales
Por Guadi Calvo | 22/11/2026
Por distintas causas, desde 2012, el comienzo de la gran expansión del terrorismo fundamentalista en el Sahel ha sido incontenible. Las diferentes khatibas, que responden a al-Qaeda y al Daesh, se mueven libremente por áreas, generalmente desérticas de Mali, Burkina Faso y Níger, en columnas de transporte de tropa y materiales, a las que se suman las ya clásicas pick-up, que por lo general llevan adosadas en sus cajas ametralladoras pesadas del tipo de las DShK de 12.7, que avanzan rodeadas por enjambres de motocicletas y cuadriciclos, los señuelos por los que muchos jóvenes aspiran a convertirse en muyahidines para lucirse en ellas, con una Kaláshnikov terciada en la espalda y dos tiras de municiones cruzando sobre el pecho, dispuestos a todo.
Así tiende emboscadas a efectivos militares, caravanas de comerciantes, asaltan unidades militares y han llegado a centenares de aldeas y pueblos medianos para coparlos y protagonizar saqueos, ajustes de cuentas, violaciones, ejecuciones rituales y seguir aparentemente sin otro plan que repetir la misma operación, algunos kilómetros más adelante, si antes no son sorprendidos por las fuerzas regulares.
Esta imagen, si bien estereotipada, no deja de ser tan trágicamente real como es el surco de sangre y muerte que trazan en las dunas y los pedregales que conforman la áspera geografía del Sahel.
Pero en este contexto de guerra muy bien organizada y mejor financiada por las monarquías del Golfo Pérsico, asistidas por inteligencia occidental y con entrenamiento impartido por agentes ucranianos y judíos.
Esta práctica clásica de la guerra de guerrillas, de golpear y escapar, no solo les ha permitido una mayor extensión, sino un control de amplias áreas rurales al punto de que, por ejemplo, la actividad constante de la franquicia de al-Qaeda, el Grupo de Apoyo al Islām y los musulmanes (GAIM), desde al menos un año, ya no solo organiza acciones relámpago contra grandes ciudades; en otros casos, bloquean sus rutas de suministro y, en otros, tras ocuparla, permanecen en ellas y resisten, llegando a imponer a su población la Sharia, su duro código religioso, además de instituirse como gobiernos, “protegiendo” a estos pueblos de los asaltos de asaltantes comunes; por intermedio de tribunales islámicos, administra la justicia y regula las transacciones en mercados y ferias. Además, desde su punto de vista religioso, supervisar la salud de sus súbditos, la atención veterinaria y la educación de los niños, la agobiante presencia de los fundamentalistas y la digitación de estos de todos los aspectos de la vida de esas comunidades, imponiendo a las mujeres el uso del burka, la prohibición de escuchar música, jugar fútbol y realizar las festividades marcadas en sus culturas. Se conoce que se generaron en su oportunidad revueltas de estas poblaciones de las que no se sabe, pero sí se presume su suerte (Ver: ¿Al fin Mali necesitará un barbero?).
En diciembre del 2024, el GAIM había anunciado su cambio de estrategia y su intención de avanzar desde las áreas rurales a los centros urbanos, al tiempo que buscaba aliarse con otro enemigo de Bamako, como lo hizo en abril con los separatistas tuareg, cuando atacó de manera coordinada siete grandes ciudades, profundizando la sensación de desestabilización general.
Intentando con este tipo de acciones poner en disputa la misma gobernabilidad del país. La ofensiva de abril pasado del GAIM contra varias ciudades de la región de Kidal, en el norte de Malí, lo que después alcanzó a la propia capital, Bamako, con más de cuatro millones de habitantes, lo que, además de mostrar el alto nivel de organización de los muyahidines, puso al gobierno del general Assimi Goïta próximo al colapso.
En diferentes escalas, tanto el GAIM como el Daesh-Sahel también realizan de manera constante operaciones similares en Burkina Faso y Níger.
Aunque la intensa campaña en Mali, de este año, por primera vez desde el comienzo de sus acciones en 2012, el emir del GAIM, Iyad ag Ghali, un veterano de la rebelión tuareg de los años noventa, que se integró a finales de los 2000 al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC, que en 2017 se fusionaría junto a otras tres organizaciones para formar el Grupo de Apoyo para el Islām y los Musulmanes, al que lidera desde la muerte de su antecesor, el mítico Abdelmalek Droukdel), el Majlis al-shura (Consejo Consultivo) ha dejado ver su intención de derrocar a los gobiernos de la Alianza de Estados del Sahel, quizás reflejándose en el espejo exitoso de su hermano Abu Mohamad, antiguo emir de al-Nusra y desde diciembre de 2024, presidente de Siria. Sin duda responde a esta razón el cambio de actitud en los últimos meses de Ag Ghali, que ha convocado a todo el espectro de la oposición política al gobierno del presidente Goïta, para unificar sus acciones.
A lo que hasta ahora la oposición civil ha preferido ignorar, quizás por previsión para no repetir el mismo caso de Siria, donde al-Golani no solo actúa como un presidente bien visto, recibido en Washington, París, Londres y Berlín, olvidado que unos años atrás sus hombres mascaban corazones enemigos frente a la cámara, los mismos que están llevando a cabo masacres contra las minorías alauitas, cristianas, drusas y kurdas. (Ver: Siria, el emirato discreto).
Las consecuencias de la guerra
El conflicto que se inició en el norte de Mali, para extenderse al resto del país, Burkina Faso, Níger, Togo y Benín, produce un altísimo costo; casi de manera diaria se producen matanzas, mientras que cerca de ocho millones han sido desplazados, debiendo abandonar sus cultivos y sus rebaños, convirtiendo a toda la región en uno de los más activos epicentros de la acción terrorista y donde más se necesita la asistencia internacional para paliar las necesidades alimenticias y sanitarias de su población, en una región extremadamente árida.
Desde 2023, cuando las FAMa (Fuerzas Armadas de Mali) comenzaron a neutralizar a los terroristas en las zonas rurales, con medidas simples, pero aplicadas con acierto por los tres países del AES: como restringiendo el uso de motocicletas, la venta de combustible en las áreas y abasteciendo de alimento y medicinas a las poblaciones bajo el control de los terroristas o controlando, además, el robo y la comercialización de ganado, detectando y arrestaron a los civiles que operan comercialmente como testaferros de los insurgentes y saturando de tropas caminos y parajes poco transitados que los terroristas utilizaban como santuarios donde se reponían y reorganizaban tras sus ataques.
En este nuevo encuadre de la guerra, la franquicia del Sahel de al-Qaeda comenzó a ejecutar operaciones contra más de una treintena de ciudades secundarias en Malí, entre ellas quince de las diecinueve capitales regionales.
Mientras todo esto sucede, los gobiernos occidentales, entidades internacionales de asistencia humanitaria y medios de comunicación, que responden al interés de los primeros, presionan a los países de AES para que se sienten a negociar con los terroristas, en un marco de debilidad, con el único fin de que las AES retrotraigan sus acciones a antes del 2020, y puedan retornar a estos países tanto las misiones militares, que operan como fuerza de ocupación, las misiones diplomáticas que actuaban como entes consultivos para los gobiernos locales y, finalmente, por sobre todo, la vuelta a las empresas extractivas, las mismas que nunca atendieron los intereses de estos países y saquearon desde los tiempos coloniales sus recursos naturales. Mientras seguramente Washington y París obligarían la salida de los asesores rusos que colaboran en la lucha contra el terrorismo a los ejércitos de la AES.
En tanto, los muyahidines no se han rendido y también han reestructurado sus tácticas, habiendo reactivado la figura de los inghimasi, en árabe los sumergidos, milicianos que rompen las defensas para ejecutar acciones individuales. Mientras también han incorporado el uso de drones, adaptando drones de uso comercial corriente para aplicarlos a operaciones de vigilancia militar y ataques.
En el suroeste de Malí, el centro económico del país, el GAIM, también ha llevado su guerra contra sectores claves de la economía malí en lo que se conoce como la “yihad económica”. Donde destruyó maquinarias de instalaciones industriales, minas de oro y fábricas de azúcar. Secuestró además trabajadores, incluso operarios y ejecutivos de empresas de origen chino e indio, por quienes exigen millonarios rescates.
Ampliando el contexto de la guerra no solo a las grandes ciudades, a la economía, sino fundamentalmente al corazón de los 26 millones de malíes.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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