Las familias de 23 víctimas de la guerra sucia han tenido que pagar un total de 106.000 euros en costas judiciales en España por reclamar, sin éxito, ser reconocidas como «víctimas del terrorismo». Así lo ha aclarado Egiari Zor tras trascender el caso de Joxi Zabala.
Por Ramón Sola / Naiz
La noticia de que el Tribunal Constitucional ha condenado a la familia de Joxi Zabala al pago de las costas judiciales tras negar su consideración como «víctima de terrorismo» a los efectos oportunos alcanzó gran repercusión este martes. El asunto provocó el lógico revuelo en las redes sociales por la burla añadida que supone para una madre que no solo sufrió la muerte violenta de su hijo, sino también doce años de desaparición y un asalto policial en el cementerio de Toulouse. Como apunta NAIZ en la información , sin embargo, aunque escandaloso, no se trata de un caso aislado, sino generalizado. Egiari Zor dejó claro este jueves que exactamente 23 familias han pasado por lo mismo.
La fundación, que agrupa a víctimas de la violencia de Estado, explica que el importe de las costas se ejecuta después de que los recursos se hayan interpuesto en España y llegado a la Corte Europea, donde también han sido desestimados. Así, hace un año, Egiari Zor anunció el rechazo de Estrasburgo al recurso de casación de las familias de Josu Muguruza y Xabier Pérez de Arenaza .
“Como cualquier ciudadano que emprende una acción judicial que culmina con la desestimación de la demanda interpuesta, a las costas se le suman las costas propias del proceso (procurador, procurador). Hay un total de 23 procesos que han llegado a Estrasburgo y por tanto 23 son condenas en la costa”, lamenta Egiari Zor. El de la madre de Joxi Zabala, Felipa Artano, ha sido el último en confirmarse y en este caso lo que tendrá que pagar son más de 9.000 euros.
Las cantidades exigidas en este concepto, cabe señalar que a iniciativa de la Abogacía del Estado, oscilan entre los 1.000 y los 19.000 euros según los casos. Egiari Zor ofrece el cómputo total de las cantidades embargadas por el Estado a estas familias simplemente por reclamar su reconocimiento como víctimas que son: 106.000 euros en los 22 casos ya confirmados (falta el importe del último pendiente).
Ha añadido que «inicialmente las costas oscilaban entre 1.000 y 3.000 euros, pero tras un cambio de Abogacía del Estado por esta materia se incrementaron de forma muy sustancial las cantidades solicitadas en costas».
Reporta la situación y agradece a Lakua
Para aclarar al máximo la cuestión, Egiari Zor explica la motivación y el rumbo de esta iniciativa desde sus inicios: “El Gobierno español negó en 2014 a familiares de personas muertas por terrorismo de Estado, por un lado, el reconocimiento oficial de algunas de ellas. y por otra parte la equiparación de las indemnizaciones previstas en el entonces nuevo reglamento de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo».
Para ello, se apoyó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que ‘la indemnización podrá ser reducida o suprimida… si la víctima o los solicitantes están involucrados en la delincuencia organizada o pertenecen a una organización a la que se dedican’. delitos violentos’”, añade. Pero lo cierto es que “estas personas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como la vulneración del derecho a la vida, nunca han sido juzgadas ni condenadas por pertenecer a ETA. La decisión del Ministerio del Interior de denegar la indemnización se basó únicamente en informes policiales y artículos de prensa.
Ante esta situación, los familiares de estas víctimas “comprendieron que se estaba vulnerando el derecho de sus familiares a la presunción de inocencia, además de que se estaban tipificando graves violaciones a los derechos humanos según el origen de la violencia que las provocó”. . Por ello acudieron a los diferentes juzgados del Estado español agotando la vía interna, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de garantizar los derechos que, entendían, correspondían a sus familiares según el artículo 6.2 del Convenio Europeo. Internacional de Derechos Humanos, que establece que «toda persona acusada de un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley».
Estrasburgo no ha subsanado la falta de reconocimiento en el Estado español, por lo que la consecuencia ha sido esta aplicación de las costas que viene con el último golpe, aunque no sea el principal.
“Para Egiari Zor Fundazioa es claro que hay una voluntad política de causar más daño y más dolor a las víctimas del terrorismo de Estado”, dijo. Es inevitable preguntarse si el criterio de la Abogacía del Estado sería el mismo si el origen de la violencia sufrida por los demandantes fuera diferente”.
“Hay que decir que en todo este proceso hemos contado con el apoyo, la asistencia y el asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con quien también hemos mantenido un canal de comunicación directo que agradecemos”, ha señalado Egiari Zor.
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