Fetiches

No hay problemas para reformar, derogar o cambiar hasta la Constitución cuando se trata de abrir nuevos espacios al capital privado, comprometerse a pagar deuda o empeorar las condiciones de trabajo.

Por Ástor García

No sé si recuerdan la Ley 25/2009. Fue una ley aprobada por el Gobierno Zapatero para adaptar la normativa española a las orientaciones que establecía la denominada Directiva Bolkestein, también conocida como Directiva de Servicios, que abrió -más aún- el espacio al capital privado en España. Pues bien, la Ley 25/2009 ha pasado a la Historia bajo el sobrenombre de “ley ómnibus”, porque modificó ni más ni menos que 48 leyes y reales decretos.

Es necesario hablar de la “ley ómnibus” casi doce años después de su aprobación para refrescar la memoria al Gobierno actual sobre lo que es posible técnicamente y lo que no, ahora que la ministra de Trabajo – y los loros que repiten incansablemente sus palabras – nos ha salido con que “no se puede derogar la reforma laboral porque es técnicamente imposible”.

Cabe recordar que la reforma laboral de 2012 introdujo cambios importantes en el Estatuto de los Trabajadores, pero también algunos cambios en artículos concretos de la Ley de ETT, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Empleo, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Por su parte, la reforma laboral de 2010 afectó principalmente al Estatuto de los Trabajadores, tocando algunos artículos de otro par de leyes como la entonces vigente de Procedimiento Laboral o la de medidas urgentes para el fomento del empleo de 2009.

Por simplificar, digamos que fueron diez las normas modificadas por las dos últimas reformas laborales. Tengamos en cuenta, también, que el Gobierno de coalición socialdemócrata, desde que existe, sólo ha venido hablando de derogar “la reforma del PP”, porque todos deben tener claro que “la del PSOE” fue un auténtico avance en las condiciones laborales de este país. Bromas aparte, derogar diez normas dicen que es técnicamente imposible hoy, pero en 2009 fue perfectamente posible modificar CUARENTA Y OCHO. De una tacada.

Lo que está claro, si hacemos la comparativa, es que no hay problemas para reformar, derogar o cambiar hasta la Constitución (podríamos hablar también de su artículo 135) cuando se trata de abrir nuevos espacios al capital privado, comprometerse a pagar deuda o empeorar las condiciones de trabajo. En estos casos, el cielo es el límite. Al parecer, cuando se trata de dar marcha atrás a medidas lesivas contra los intereses de la mayoría trabajadora, entonces la cosa se complica, se hace “técnicamente imposible” o se someten los cambios a negociación con patronal y sindicatos, como si a los sindicatos les hubieran preguntado mucho en 2010 y 2012.

Que el plan del Gobierno pasa por una nueva reforma laboral ya no se le escapa a nadie. Incluso lo dicen abiertamente cuando se les pregunta. Lo pinten como lo pinten, están preparando una adaptación de las normas laborales a las nuevas exigencias de la patronal en lo tocante a la flexibilidad interna, y pretenden camuflarlo con algunas medidas relativas a la negociación colectiva para evitar que esta reforma provoque una nueva Huelga General. Es de suponer que mucho de lo que se va a aprobar está ya negociado, y que por eso precisamente se prescinde ya de hablar de “derogación”. Da la impresión de (casi) todo el pescado está ya vendido con la aquiescencia de una CEOE que sabe cuáles son sus necesidades esenciales en estos momentos y unas cúpulas sindicales que no tienen intención de convocarle una huelga a este Gobierno que, muy equivocadamente, consideran “de los suyos”.

Un último ejercicio de memoria. Recuerden el pacto de Gobierno entre PSOE y UP firmado en diciembre de 2019. Recuerden el punto 1.3, que rezaba Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”.  Recuérdenlo y pregúntense por qué se habla ahora de “fetiches políticos”.

Y ahora que ya están en el ajo, échenle una lectura atenta, muy atenta, al punto 1.2 del acuerdo: “elaboraremos un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXIque compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario”. Pues de eso va todo esto. Lo vistan de lagarterana, de cuero o de algodón orgánico.

 

 

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