Una conferencia de tres días organizada por el grupo de derechos de vivienda Deutsche Wohnen & Co Enteignen (DWE) en Berlín exigió que el gobierno del estado de Berlín socialice de inmediato grandes propiedades inmobiliarias en la ciudad.
La conferencia se celebró del 27 al 29 de mayo en la Universidad Técnica de Berlín y discutió tácticas para construir coaliciones importantes por el derecho a la vivienda en todo el país para abordar el empeoramiento de la crisis de la vivienda.
La iniciativa de expropiación también criticó las maniobras del gobernante Partido Socialdemócrata (SPD) para poner obstáculos técnicos y legales a la entrega del mandato del referéndum de Berlín celebrado en septiembre de 2021 sobre la expropiación de grandes propietarios.
Los berlineses y los residentes de otras ciudades alemanas se enfrentan a una grave crisis de vivienda. Los grupos de derechos de los inquilinos han estado haciendo campaña para regular los alquileres y controlar la floreciente mafia inmobiliaria.
Tomando nota de tales demandas, el gobierno estatal en Berlín, encabezado por la coalición socialdemócrata-Die Linke-Green (alianza Rojo-Rojo-Verde), adoptó un proyecto de ley el 30 de enero de 2020 que pedía congelar los alquileres de viviendas en la ciudad a las tasas actuales hasta 2025. Sin embargo, el 15 de abril de este año, el Tribunal Constitucional de Alemania desechó la ley diciendo que el gobierno del estado de Berlín no podía imponer su propia ley en el capital alemana mientras que el gobierno federal en el país tiene su normativa para controlar las rentas.
La sentencia fue favorable a las asociaciones inmobiliarias y de vivienda y sus patrocinadores en la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) y el Partido Democrático Libre (FDP). Esta sentencia del Tribunal Constitucional indignó a los grupos de derechos de los inquilinos que organizaron protestas masivas en Berlín.
DWE es una iniciativa activa desde 2018 en Alemania que ha estado haciendo campaña para expropiar propiedades de grandes empresas inmobiliarias como Deutsche Wohnen y utilizar su infraestructura para hacer frente a la creciente crisis de la vivienda en Berlín y otras ciudades alemanas.
Después de tres años de campañas de firmas del DWE, el 26 de septiembre de 2021 se llevó a cabo un referéndum en Berlín, junto con las elecciones estatales y federales, en el que se aprobó la propuesta de adquirir la propiedad de empresas inmobiliarias privadas con 3.000 o más unidades en la ciudad a través de compras públicas por parte del gobierno del estado de Berlín, que cubre 243.000 apartamentos de alquiler propiedad de Deutsche Wohnen, Vonovia y otras 10 grandes empresas inmobiliarias. Fue aprobada por el 57,6% de los votantes, mientras que el 39,8% votó en contra.
Aunque el resultado del referéndum no es vinculante para el Estado, el gobierno de coalición en el estado de Berlín encabezado por el SPD-Verdes-Die Linke (La Izquierda) ha creado una comisión para realizar consultas para facilitar la implementación del referéndum.
La comisión tiene encomendada la tarea de crear un marco para una ley de socialización jurídicamente segura como base para una ciudad ecológica, asequible y participativa para los inquilinos.
Los miembros de grupos de derechos de vivienda, incluido DWE, también forman parte de la comisión. Recientemente, DWE declaró que el liderazgo del SPD en la ciudad ha estado promoviendo debates y confusiones insignificantes y formalistas dentro de la comisión, desviándose así de la misión real de la comisión.
El domingo, en la declaración de clausura de la conferencia de tres días en Berlín, los 800 participantes afirmaron que “el primer objetivo de toda política de vivienda debe ser formas públicas y económicas de propiedad pública. Este es un principio que llamamos “sociedad”. Esto incluye la expropiación de grandes corporaciones de vivienda, pero también regulaciones políticas que limitan las ganancias a la vivienda”.
En una conversación con Junge Welt , el portavoz de DWE, Kalle Kunkel, dijo: “Vemos una facción agresiva de personas que intentan acabar con las pocas formas de limitar los alquileres. Además, hay un gobierno federal que por un lado hace promesas poco realistas de nuevas construcciones, y por otro lado habla sin compromiso de querer examinar los instrumentos existentes de regulación de rentas”.
Peoples Dispatch
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