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Si el servicio de inteligencia español no detectó una operación de esta magnitud en la frontera sur, el fallo es grave. Si lo detectó y no se actuó con contundencia, el problema es político.
Por Raúl Alcántara | 14/08/2026
El 30 de julio, Ceuta vivió una entrada masiva de inmigrantes sin precedentes en su historia reciente: decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a nado o bordeando el espigón del Tarajal. La mayoría eran jóvenes marroquíes. En cuestión de horas, la ciudad autónoma se vio desbordada. Al menos decenas de personas murieron en el intento. Al día siguiente, la inmensa mayoría regresó voluntariamente a Marruecos. El espectáculo fue tan rápido como humillante.
Nadie con un mínimo de sentido común se cree que el CNI no tuviera conocimiento previo de lo que se estaba gestando. Las redes sociales marroquíes llevaban días difundiendo la sentencia del Tribunal Supremo que limitaba las devoluciones en caliente por vía marítima. Había avisos, movimientos y concentraciones visibles en la costa de Castillejos. Si el servicio de inteligencia español no detectó una operación de esta magnitud en la frontera sur, el fallo es grave. Si lo detectó y no se actuó con contundencia, el problema es político. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo: España apareció desprevenida.
No se entiende cómo no se reforzó policial y militarmente la zona con antelación. Cuando la avalancha se produjo, las fuerzas locales quedaron saturadas. Solo después se desplegó el Ejército y se enviaron refuerzos. La gestión posterior ha sido igualmente lamentable: centros de acogida colapsados, calles llenas de gente sin control claro, y una respuesta institucional que transmitió más improvisación que autoridad. Declarar o no la emergencia nacional se convirtió en un debate burocrático mientras la soberanía territorial quedaba en evidencia.
Que nadie se lleve a engaño. Lo ocurrido no se explica únicamente por “mafias” o por un efecto llamada espontáneo. Se trata de una operación llevada a cabo —o, como mínimo, facilitada— por el régimen de Marruecos para presionar y chantajear a España. Rabat ha vuelto a utilizar a su propia población como carne de cañón al servicio de objetivos estratégicos. No es la primera vez. La crisis de 2021 ya demostró que cuando a Marruecos le interesa, afloja el control fronterizo y convierte a jóvenes desesperados en instrumento de negociación. El patrón se repite: relajación de controles, avalancha, devoluciones masivas y mensaje político enviado a Madrid.
España no puede seguir respondiendo con debilidad, gestos de buena voluntad y discursos sobre “cooperación ejemplar”. La defensa de las fronteras y de la soberanía es la obligación mínima de cualquier Estado. Reforzar permanentemente Ceuta y Melilla, recuperar herramientas legales de devolución efectiva, exigir reciprocidad real a Rabat y dejar de tratar la presión migratoria como un asunto humanitario aislado son pasos indispensables.
Mientras el Gobierno español se limite a gestionar la crisis a posteriori y a hablar de coordinación con el mismo régimen que permite estas avalanchas, el ridículo continuará. Marruecos ha demostrado, una vez más, que sabe dónde apretar. España tiene la obligación de demostrar que también sabe defenderse.
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