Si la resolución se aprueba, la ONU quedará facultada para sentar a negociar a supuestos «representantes» del interior del territorio
Por Héctor Bujari Santorum | 24/10/2026
El borrador de resolución (Zero Draft) presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 2026 marca el intento más agresivo y deliberado de desmantelar la causa saharaui desde dentro. Aunque el texto altera de manera drástica el mandato de la misión en el terreno y liquida de un plumazo el principio del referéndum, es en el artículo 7 donde se esconde la auténtica bomba de relojería política. De aprobarse en sus términos actuales, este apartado no solo dinamita décadas de derecho internacional, sino que abre de par en par las puertas a la balcanización del pueblo saharaui y a la fabricación de interlocutores a la carta para tratar de dinamitar su unidad nacional.
El artículo 7 encomienda al Enviado Personal del Secretario General la tarea de consultar a una masa difusa de actores, fragmentando deliberadamente a la población en tres compartimentos independientes: los saharauis que viven en el Territorio, los de los campamentos de refugiados y los de la diáspora. Bajo un disfraz tramposo de «inclusión» y «diálogo plural», lo que en realidad promueve las Naciones Unidas con este mandato es una estrategia clásica de «divide y vencerás». Al romper la interlocución única que históricamente ha ejercido el Frente POLISARIO como representante legítimo reconocido internacionalmente, la ONU pretende atomizar la identidad y la voz política del pueblo saharaui, fragmentándolo en facciones territoriales, tribales o geográficas.
Esta estrategia de dilución del sujeto político no es improvisada, sino que viene gestándose sutilmente en el lenguaje diplomático. Ya el año pasado, en el texto definitivo redactado en árabe, las Naciones Unidas dejaron de referirse a las partes involucradas utilizando la fórmula del plural dual (que aludía estrictamente a las dos partes en conflicto) para pasar a emplear el plural general. Este matiz lingüístico en la versión en árabe preparó el terreno de forma deliberada para abrir el abanico de actores, difuminar la bilateralidad del litigio e introducir a múltiples interlocutores en la mesa de negociación.
Esta ingeniería geopolítica de dispersión engarza con las presiones de las grandes potencias tras bambalinas. EE.UU. trasladó al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, su interés por la aprobación de la ley que otorgaba la nacionalidad española a los saharauis para desinflar los campamentos de refugiados y facilitar así un acuerdo sobre la autonomía para el Sáhara Occidental. Los socialistas españoles se opusieron a esa ley en el Parlamento, pero en junio cambiaron de parecer y la apoyaron; el propio Albares hizo el anuncio, sin que ninguna autoridad marroquí criticara esa proposición de ley e incluso siendo elogiada en la prensa marroquí. Este movimiento evidencia cómo el vaciado progresivo de Tinduf y el reparto de pasaportes buscan desmantelar el núcleo resistente saharaui, haciendo que la población en los campamentos se disperse como «diáspora» o pase a ser absorbida de forma individualizada.
El objetivo estratégico es demoledor: sentar a la mesa de negociación a sectores afines o coaccionados que avalen los planes de ocupación. Si la resolución se aprueba, la ONU quedará facultada para sentar a negociar a supuestos «representantes» del interior del territorio —colectivos y personalidades que operan bajo el control del régimen marroquí—, así como a plataformas creadas ad hoc en la diáspora recién nacionalizada o dispersa. El resultado directo de esta jugada será la legitimación de una representación a la carta que acudirá a las conversaciones no para defender la autodeterminación, sino para firmar el marco de la autonomía bajo soberanía marroquí que el propio borrador intenta imponer como la «única solución».
La aprobación del artículo 7 supondría, en la práctica, la posibilidad balcanización del sujeto político saharaui. Es un intento de destrucción de la cohesión nacional y la conversión de un conflicto de descolonización y agresión externa en una pugna o disputa interna entre saharauis. Todo ello dirigido a forzar un consenso fabricado desde los despachos del Consejo de Seguridad para validar la anexión del territorio.
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