La dictadura militar de Myanmar ha perdido el control de gran parte del país a manos de las fuerzas rebeldes. La situación del pueblo rohinga, víctima de genocidio, será una prueba crucial del nuevo orden político que parece estar tomando forma.
Por Sushovan Dhar | 28/10/2026
En agosto de 2024, familias rohingas se reunieron a orillas del río Naf, en Maungdaw, a la espera de cruzar a Bangladés mientras los combates se acercaban. Allí los encontraron drones y morteros. Murieron unas doscientas personas, una entrada más en un catálogo de atrocidades que los rohingas se han visto obligados a sobrellevar durante décadas.
Lo que hizo diferente a esta masacre fue quién figuraba como acusado. La matanza no se atribuyó al ejército de Myanmar, el ejército que empujó al exilio a tres cuartos de millón de rohingas en 2017, sino al Ejército de Arakán (AA, por sus siglas en inglés), la fuerza étnica rakhine que en los últimos dos años se dedicó a desmantelar el control de ese mismo ejército sobre el estado. El gobierno genocida estaba en retirada, pero los rohingas morían de todos modos.
Esa es la contradicción en el corazón de Myanmar hoy, y es la razón por la que deberíamos conmemorar el noveno aniversario del genocidio de 2017 como algo que no es un recuerdo humanitario. Los rohingas suelen ser presentados como víctimas de un ejército específico y de una campaña específica de expulsión. Pero el genocidio nunca fue únicamente un crimen cometido por soldados.
Fue la expresión más aguda de un orden político: un Estado construido sobre la supremacía birmano-budista, un régimen de ciudadanía diseñado para volver apátrida a todo un pueblo y un centro que siempre trató a sus periferias étnicas como territorio que debía ser sometido y no como naciones que debían ser incluidas. La pregunta que plantea el aniversario no es si el mundo recuerda a los rohingas. Es si las fuerzas que hoy están derribando al Estado de Myanmar son capaces de derribar también al orden que las produjo, o si simplemente lo heredarán.
Apátridas por diseño
El genocidio fue estructural antes de ser violento. El Estado de Myanmar posterior a la independencia se construyó en torno a una jerarquía de pertenencia, y la Ley de Ciudadanía de 1982 la codificó en una taxonomía de «razas nacionales»: 135 grupos étnicos cuya presencia anterior a la colonización británica los calificaba como auténticos «hijos de la tierra».
Los rohingas quedaron fuera de la lista. De un plumazo, personas que habían vivido en Arakán durante generaciones fueron reclasificadas como inmigrantes ilegales de Bengala. La apatridia no fue un accidente de la condición rohinga; fue su fundamento legal.
Esta era la lógica del Estado mismo. La Birmania independiente heredó del dominio británico una geografía política en la que un núcleo birmano-budista gobernaba un anillo de periferias minoritarias (kachin, shan, karen, chin, rakhine). Las promesas de autonomía se disolvieron casi de inmediato en la realidad de la dominación militar.
La relación entre centro y periferia fue colonial en todos los sentidos significativos del término: extracción, negación de la autonomía, amenaza permanente de la fuerza. El Tatmadaw, un aparato bonapartista que gobernaba equilibrando los antagonismos que tenía por debajo sin servir a ningún interés con tanta fidelidad como al suyo propio, se atrincheró como guardián de este arreglo.
El chovinismo birmano-budista fue su cemento ideológico y los rohingas fueron su enemigo más útil: una población musulmana apátrida e indefensa contra la cual siempre se podía fabricar la unidad nacional. Las «operaciones de limpieza» de 2017 fueron la culminación de esa lógica, no una desviación de ella.
Esta es la condición previa para todo lo que sigue. Si los rohingas fueran meramente víctimas de la brutalidad de un ejército, la derrota de ese ejército implicaría su liberación. Sin embargo, si su expulsión fue obra de toda una arquitectura (la ciudadanía como patrimonio étnico, la pertenencia como linaje, la periferia como territorio conquistado), entonces el colapso del ejército no resuelve nada. La arquitectura puede sobrevivir a la caída de cualquier institución individual que alguna vez la habitó. Incluso puede ser reconstruida por las fuerzas que combatieron a los constructores originales.
No es democracia contra dictadura
Ese colapso ya está muy avanzado. El golpe de febrero de 2021, destinado a restablecer un dominio militar sin restricciones, detonó en cambio el desafío más serio al Estado de Myanmar desde la independencia. La protesta masiva dio paso a la resistencia armada; las Fuerzas de Defensa del Pueblo surgieron por todo el corazón birmano, y los ejércitos étnicos ya establecidos aprovecharon el momento para expandirse.
Cinco años después, la junta controla apenas una quinta parte del país. Ha montado elecciones fraudulentas e instalado a Min Aung Hlaing, el general responsable tanto del genocidio como del golpe, como presidente de un gobierno nominalmente civil, mientras bombardea hospitales en los territorios que se le escapan de las manos.
Aquí la izquierda internacionalista tiene que resistirse a una simplificación reconfortante. Resulta tentador, desde la distancia, interpretar lo que sucede en Myanmar como una contienda directa entre democracia y dictadura. Ese relato no es falso, pero es peligrosamente incompleto. La crisis que sacude a Myanmar es, simultáneamente, una crisis del Estado construido en 1948, de la dominación birmana, de los reclamos irresueltos de una docena de nacionalidades, de quién controla el territorio y los recursos y de qué significa la ciudadanía y quién tiene derecho a ella.
La guerra no trata solamente de quién gobierna el Estado. Trata de si ese Estado, centralizado, étnicamente jerárquico y colonial hacia su periferia, debería siquiera existir en su forma actual. Los rohingas son la población sobre la que esa pregunta más profunda recae con mayor peso, porque son aquellos a los que el orden existente estuvo más decidido a excluir.
¿Autodeterminación de quién?
En ningún lugar es más aguda la ambigüedad de la desintegración de Myanmar que en Rakhine, y ninguna fuerza la encarna de manera más completa que el Ejército de Arakán. El ascenso del AA es verdaderamente extraordinario. Fundado apenas en 2009, se ha apoderado de cerca del 90 por ciento del estado de Rakhine, ha capturado toda la frontera con Bangladés y ha arrollado un comando militar regional que se había mantenido durante generaciones.
A través de su brazo político, dirige hoy una administración en funcionamiento (tribunales, policía, recaudación de impuestos, conscripción) y habla abiertamente de autogobierno confederal. No se trata de bandolerismo sino de construcción estatal, animada por un nacionalismo rakhine real y profundamente sentido, una demanda de autodeterminación tras décadas de subordinación al centro birmano. En sus propios términos, el AA es exactamente lo que la izquierda dice apoyar: el vehículo de una nacionalidad oprimida que afirma su derecho a decidir su futuro frente a un Estado colonial.
Y sin embargo, el territorio que el AA está liberando es también el hogar de los rohingas, y el registro de cómo les ha ido en el curso de su avance está ya extensamente documentado. Cuando las fuerzas del AA tomaron Buthidaung y Maungdaw en 2024, los investigadores registraron un patrón conocido de despojo: aldeas bombardeadas e incendiadas, hombres rohingas detenidos y asesinados, otros obligados al trabajo forzado.
En Hoyyar Siri, en mayo de 2024, se acusa a combatientes del AA de haber disparado contra rohingas desarmados que huían de los combates; Human Rights Watch documentó al menos 170 muertos, pero los sobrevivientes de la masacre estiman cifras muy superiores. Luego vinieron los asesinatos en el Naf. Desde que tomó el control, el AA ha impuesto la maquinaria de una ocupación: prohibiciones de movimiento y de subsistencia, confiscación de tierras y la negativa a usar la palabra misma «rohinga», nombrándolos en cambio como «bengalíes» o «musulmanes».
Rohingas que huyeron de las zonas controladas por el AA le dijeron a Amnistía Internacional que la vida bajo el Ejército de Arakán se sentía aún peor que la vida bajo el Tatmadaw, porque ahora eran sospechados permanentemente de colaboración. El AA lo niega todo como propaganda activista. Esas negativas son difíciles de sostener frente a los testimonios reunidos tanto por la propia oficina de derechos humanos de la ONU como por Amnistía, Fortify Rights y Human Rights Watch.
Esta es la contradicción que debería inquietar a cualquiera que piense seriamente sobre la liberación nacional. El nacionalismo de los oprimidos puede endurecerse hasta convertirse en la dominación de un nuevo opresor en el momento en que toma el poder. Una nación definida por la etnicidad y asegurada por el territorio tiende a reproducir, contra la minoría que viva dentro de sus fronteras, la misma lógica de exclusión de la que luchó por escapar.
El Arakán que el AA está construyendo es un Arakán para los rakhine. Reproduce, en miniatura y contra los rohingas, precisamente la lógica de las «razas nacionales» que el Estado birmano utilizó contra los propios rakhine. El camino a la libertad de una nacionalidad oprimida se está pavimentando con la sujeción de otra. Esto no es una traición al nacionalismo rakhine; es, más bien, el aspecto que tiene la autodeterminación definida étnicamente cuando se encuentra con una población que no cuenta como propia.
La posición de los rohingas es singularmente desesperada, y la razón es estructural. Cada uno de los otros actores importantes tiene un territorio, un ejército, un reclamo. Los rohingas no tienen nada de eso: ningún ejército que los proteja, ningún suelo que controlen, ningún patrón que vaya a pelear por ellos. Así, quedan atrapados entre los bandos armados y convertidos en instrumentos de su propia destrucción.
Cuando la junta activó la conscripción en 2024, reclutó por la fuerza a hombres y niños rohingas, la misma población que había intentado exterminar siete años antes, para que combatieran y murieran contra el Ejército de Arakán. El AA señala entonces el papel de esos combatientes para justificar que se trate a toda la población como una quinta columna. Las víctimas son obligadas a servir y luego condenadas por ello como colaboradoras.
La oposición democrática
Si el Ejército de Arakán es una de las caras del dilema, la oposición democrática la otra. Aquí el panorama es más esperanzador, aunque todavía inconcluso. El cambio desde 2017 es real. Ese año, el chovinismo dirigido contra los rohingas era casi total; la propia Aung San Suu Kyi viajó a La Haya para defender a los militares de la acusación de genocidio.
El golpe hizo trizas parte de ese consenso. Activistas birmanos perseguidos por el mismo ejército empezaron, con vacilaciones, a reconocer un parentesco con el pueblo al que ese ejército había perseguido antes que a ellos.
En junio de 2021, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), la administración en las sombras formada por legisladores depuestos y figuras de la resistencia, se comprometió a derogar la Ley de Ciudadanía de 1982, abolir las odiadas tarjetas de verificación, fundar la ciudadanía en el nacimiento en el país y no en la pertenencia a una «raza nacional», y otorgar a los tribunales internacionales jurisdicción sobre los crímenes cometidos contra los rohingas. Para un organismo que depende de una base impregnada de sentimiento antirrohinga, esto requirió valentía.
Pero reconocer un agravio pasado no es lo mismo que desmantelar la estructura que lo produjo. El NUG no controla ningún territorio en Rakhine; su autoridad no llega adonde viven los rohingas. Su reforma de la ciudadanía queda diferida a una futura constitución que todavía no existe.
El problema más profundo es uno que el NUG insinúa pero no resuelve. Mientras la imaginación política de Myanmar siga organizada en torno a la etnicidad (en torno a patrias federadas, cada una representando el patrimonio de una nacionalidad titular), los rohingas seguirán siendo la excepción constitutiva, el grupo que no encaja en ninguna patria y que, por lo tanto, no pertenece a ninguna parte.
Una federación de estados étnicos es una respuesta coherente a la dominación birmana. No es, por sí sola, una respuesta a la apatridia de los rohingas. Puede convertirse con la misma facilidad en un marco en el que cada pueblo tiene su territorio y los rohingas no tienen ninguno.
Los rohingas son la prueba
Por eso los rohingas no pueden ser tratados como un apéndice humanitario del conflicto de Myanmar, un sufrimiento que se atenderá una vez resueltas las verdaderas cuestiones políticas. Su destino es la verdadera cuestión política planteada en su forma más exigente.
Es la prueba más clara de la que se dispone para saber si el colapso del viejo orden producirá un Myanmar genuinamente diferente o meramente una redistribución de territorio y poder entre actores armados, cada uno de los cuales erige su propia maquinaria de pertenencia y no pertenencia, mientras las estructuras más profundas de exclusión sobreviven al Estado que las construyó por primera vez.
Hasta ahora, la evidencia apunta más hacia un reordenamiento que hacia una transformación. El Tatmadaw está siendo derrotado, y eso es una victoria genuina, porque un ejército que cometió genocidio está perdiendo su capacidad de volver a cometerlo. Pero la fuerza que lo reemplaza en Rakhine ha comenzado a construir un mini-Estado étnico que trata a los rohingas como el Estado birmano trató alguna vez a los rakhine. La oposición democrática ha renunciado de palabra al viejo chovinismo, pero sigue sin poder, y todavía sin querer del todo, atacar sus cimientos.
Un Myanmar digno del nombre que le dio la Revolución de la Primavera tendría que romper no con tal o cual institución sino con el principio que subyace a todas ellas: la idea de que la pertenencia es una cuestión de ascendencia étnica y de que la nación es propiedad de una raza. Tendría que fundar la ciudadanía en la residencia y el nacimiento y no en el linaje, y extenderla a los rohingas no como una concesión arrancada a la comunidad internacional sino como un derecho. Si alguna fuerza en Myanmar está dispuesta a luchar por eso, y no meramente por su propia parte de los escombros, es la pregunta que el noveno aniversario debería plantear a todos los que dicen estar del lado de la revolución del país.
Hace nueve años, el Estado de Myanmar expulsó a los rohingas para demostrar qué clase de Estado era. Ese Estado se está desmoronando ahora. Los rohingas siguen esperando saber si se está construyendo algo diferente en su lugar, o si simplemente están siendo entregados de un guardián del viejo orden al siguiente. Su respuesta nos dirá en qué consiste realmente la revolución de Myanmar.
Este artículo se publicó originalmente en Jacobín.
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