La especulación inmobiliaria en el capitalismo no funciona solo con notarios, tasaciones y hojas de Excel. Necesita fuerza.
Por Sergio Meneses | 24/09/2026
El 23 de septiembre Maricarmen fue sacada en camilla de su vivienda después de haber vivido allí setenta años. Antes de que el Samur la bajara hasta la ambulancia, la Policía Nacional despejó la calle, el portal y la escalera con un dispositivo amplio, madrugador y contundente. Hubo cargas, golpes y gas pimienta en el interior del edificio, todo ello contra una resistencia que, en lo esencial, consistió en sentarse, encadenarse o quedarse quietos para impedir el paso.
Maricarmen salió entre gritos de “no estás sola” y “asesinos”, mientras su abogada explicaba que la propiedad no había aceptado ni un aplazamiento humanitario ni un margen mínimo para recoger sus cosas.
Eso es, en lo sustancial, lo que ocurrió. Lo demás suele llegar envuelto en la liturgia de siempre: que existe una orden judicial, que los agentes no legislan, que su trabajo consiste únicamente en ejecutar lo que un juzgado ha firmado. Esa frase sirve para aliviar la conciencia de quien prefiere no mirar el cuerpo de una anciana en camilla; no sirve, en cambio, para borrar la cadena de decisiones humanas que convierten un papel en una puerta rota, un cordón policial y una evacuación sanitaria.
En un Estado de derecho las sentencias se ejecutan, y pretender lo contrario sería negar el marco en el que vivimos. Pero reconocer esa obligación no convierte a quien la cumple en un autómata moral, ni transforma cada gesto de fuerza en un acto técnicamente inocente. La historia está llena de funcionarios que, precisamente porque había una orden, creyeron que ya no les correspondía pensar, y esa es la trampa más antigua del poder: disolver la responsabilidad individual en la cadena de mando hasta que nadie se sienta autor de nada.
La legalidad de un acto no agota su sentido ético. Un desahucio de una mujer de ochenta y siete años, con movilidad reducida, sin una alternativa habitacional inmediata y contra una oferta de terceros que habría cubierto la diferencia de renta, no es un trámite neutro que se limita a “aplicar la norma”; es una elección política que, llegado el momento, necesita de cuerpos, porras y furgones para hacerse visible.
Quienes justifican a la policía con el “cumplimos órdenes” olvidan que las órdenes no se materializan solas. Alguien decide el dispositivo, el horario, el grado de fuerza, el uso de antidisturbios contra una resistencia pasiva, el cierre o el alejamiento de la prensa y el ritmo con el que se arrastra a quien no pega. Hay márgenes. Hay mando. Y hay también, al menos en teoría, un lugar para la conciencia de quien no quiere convertirse en la última mano que empuja.
Lo que ya han dicho los bomberos
Ese lugar no es una ocurrencia de redes ni un adorno retórico. Desde 2025, la plataforma Bomberos contra los Desahucios sostiene que su oficio consiste en rescatar personas, no en facilitar que las echen a la calle, y argumenta que los lanzamientos no entran en sus obligaciones, que se les utiliza como una suerte de empresa de desokupación con la excusa del “peligro” y que reivindican, con todas las dificultades del caso, la objeción de conciencia.
Algunos ya se han negado a participar. Otros han pagado esa negativa con sanciones, como le ocurrió años atrás a Roberto Rivas en A Coruña, cuando se plantó ante el desalojo de una octogenaria. El mensaje, más allá de los matices jurídicos de cada cuerpo, es bastante claro: no todo trabajo público consiste en apuntalar el despojo, y no toda orden merece el silencio automático de quien la recibe.
Si un cuerpo entrenado para salvar vidas puede plantarse y decir que no será cómplice del sufrimiento ajeno, la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué la policía habría de quedar fuera de esa conversación, como si su uniformidad la dispensara de toda duda?
La objeción que casi nadie ejerce
En España se ha hablado de objeción de conciencia policial en desahucios desde la crisis de 2012, cuando el Sindicato Unificado de Policía llegó a ofrecer respaldo jurídico a agentes que no quisieran participar en desalojos de familias vulnerables. El resultado, según crónicas posteriores, resulta desolador: cientos de miles de lanzamientos y prácticamente ninguna objeción formal que haya dejado huella. El derecho, cuando existe solo en el papel y nadie se atreve a tocarlo, se convierte en decorado. Lo que hay en la práctica es disciplina interna, miedo al expediente y una cultura de cuerpo que transforma la duda moral en sospecha de deserción.
Eso no significa que la objeción sea sencilla ni que pueda copiarse sin más. Ejecutar resoluciones judiciales forma parte del mandato policial, y negarse puede acarrear sanción, traslado o algo peor. Reconocerlo no cierra el debate: lo agrava. Porque entonces la pregunta ya no es solo jurídica, sino política. ¿Qué tipo de Estado necesita que sus agentes no puedan siquiera dudar antes de sacar a una octogenaria de la casa en la que pensaba terminar sus días?
El caso de Maricarmen no es una anomalía sentimental ni un drama aislado que pueda archivarse como excepción. Es el retrato nítido de un mercado de vivienda que trata el hogar como activo, la renta antigua como un obstáculo contable y a la vecina como un residuo que estorba la rentabilidad.
La especulación inmobiliaria en el capitalismo no funciona solo con notarios, tasaciones y hojas de Excel. Necesita fuerza. Necesita furgones a las seis de la mañana, mazas en el portal y el silencio profesional de quienes podrían haber dicho que no.
La objeción de conciencia no va a derribar por sí sola ese sistema, ni un artículo va a devolverle a Maricarmen la casa de la que acaba de salir. Pero sirve, al menos, para romper el mito más cómodo de todos: el de que no existe alternativa entre la porra y la desobediencia, o entre la disciplina y la complicidad.
Los bomberos han empezado a señalar esa grieta. Los policías podrían mirarla. No como un gesto heroico pensado para la foto, sino como un mínimo de dignidad: negarse a ser, una vez más, el último eslabón de un desahucio que la sociedad ya ha visto, ha filmado y ha comprendido como una humillación.
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