La externalización de las interrupciones voluntarias del embarazo no solo supone un costo adicional para las arcas públicas, sino que también perpetúa desigualdades en el acceso.
Por Fernando Ariza | 26/09/2025
El derecho al aborto, reconocido en España como un servicio esencial dentro del sistema sanitario, enfrenta una realidad que pone en cuestión su carácter plenamente público. Según el informe El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho, elaborado por la Federación Mujeres Jóvenes, aproximadamente el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el país se realizan en centros privados acreditados, financiados a través del sistema público.
Este modelo, lejos de garantizar un acceso equitativo y universal, revela una dependencia estructural de clínicas privadas que, además, obtienen márgenes de beneficio a costa de un derecho fundamental. Aunque las mujeres no pagan directamente por la IVE, el Estado, a través de la Seguridad Social, abona una cantidad acordada a estos centros privados por cada procedimiento realizado. Estos pagos no solo cubren los costos del servicio, sino que también generan beneficios económicos para las clínicas, lo que pone de manifiesto un modelo donde el lucro prevalece sobre la lógica de un sistema sanitario público, universal y eficiente.
Si el sistema público de salud asumiera directamente la provisión de este servicio, se ahorraría un monto significativo de dinero que actualmente termina en manos de entidades privadas, cuyos márgenes de ganancia encarecen el acceso indirecto a este derecho.
Esta situación evidencia una paradoja: aunque el aborto está reconocido como un derecho en España, su implementación depende en gran medida de un entramado privado que, lejos de priorizar el bienestar colectivo, opera bajo lógicas de mercado. La externalización de las IVE no solo supone un costo adicional para las arcas públicas, sino que también perpetúa desigualdades en el acceso, especialmente en comunidades autónomas donde la red de centros acreditados es limitada o donde persisten barreras burocráticas y sociales.
Para que el derecho al aborto sea verdaderamente público, es imperativo que el sistema sanitario asuma la responsabilidad plena de su provisión. Esto implicaría aumentar la capacidad de los hospitales públicos para realizar IVE, garantizar una distribución equitativa de los recursos en todo el territorio y eliminar la dependencia de clínicas privadas que, en última instancia, se benefician económicamente de un derecho que debería estar al margen de cualquier afán de lucro. Solo así se podrá hablar de un acceso al aborto que sea 100% público, universal y libre de intermediarios que prioricen el beneficio económico sobre la salud y la autonomía de las mujeres.
Se el primero en comentar