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Ambos lideran los dos grandes partidos que han sido el pilar del Régimen del 78 desde la Transición.
Por Joan Balfegó | 20/11/2026
El debate del 19 de noviembre entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP), organizado por la Academia de Televisión a diez días de las elecciones del 29N, fue el único cara a cara de la campaña. Se centró en vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales, corrupción y migración/política exterior. Feijóo atacó con dureza la gestión de ocho años del Gobierno y los casos de corrupción que han salpicado al entorno socialista; Sánchez defendió indicadores de crecimiento y empleo, pidió perdón selectivo y contrapuso “buena política” frente a “mala educación”. El resultado fue un intercambio de reproches dentro del mismo marco, sin ruptura alguna sobre el modelo productivo, la soberanía o la relación con el capital.
Ambos lideran los dos grandes partidos que han sido el pilar del Régimen del 78 desde la Transición. Ese sistema pactado entre reformistas del franquismo y la oposición que aceptó el consenso, consolidó una alternancia bipartidista que ha gestionado el país con independencia de las siglas. Las diferencias de matiz (más o menos gasto social, ritmo de reformas laborales, énfasis en derechos civiles) no alteran el núcleo: mantenimiento del orden económico existente, integración en las estructuras europeas y cesión de herramientas de soberanía.
Desmantelamiento industrial y privatizaciones estratégicas
El proceso comenzó con fuerza en los años 80 bajo Felipe González (PSOE). La llamada “reconversión industrial”, impulsada en paralelo a la adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1986, recortó capacidad en siderurgia, astilleros y minería. Cerraron o se redujeron drásticamente centros en Sagunto, Ferrol, Cádiz, Vizcaya y otras zonas. Se perdieron decenas de miles de empleos industriales de calidad (cifras habituales sitúan más de 80.000 en los sectores más afectados) y el país se orientó hacia el turismo, la construcción y los servicios. La justificación fue adaptarse a la competencia europea; el resultado fue una pérdida de tejido productivo que no se compensó con reindustrialización equivalente.
Las privatizaciones de empresas públicas en sectores estratégicos siguieron la misma lógica de continuidad. La salida a bolsa y desinversión de Endesa comenzó en 1988 bajo el Gobierno socialista y culminó en 1998 bajo José María Aznar (PP), cuando el Estado perdió el control mayoritario. Telefónica siguió un camino similar: inicio con González y finalización con Aznar mediante OPVs. Repsol, Red Eléctrica y otras “joyas de la corona” del antiguo INI pasaron a manos privadas en el mismo ciclo. Ambos partidos ejecutaron o culminaron estos procesos, y las puertas giratorias posteriores (altos cargos de ambos en consejos de esas empresas) ilustran la simbiosis entre política y gran capital.
El modelo resultante es una economía terciarizada y dependiente, con un sector industrial reducido y una elevada exposición a los ciclos del turismo y el ladrillo. Las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP) profundizaron la precariedad y la devaluación salarial interna como vía de “competitividad”. Ninguno de los dos grandes partidos ha revertido de forma sustancial esa trayectoria.
Integración europea: cesión de soberanía y marco antidemocrático
La adhesión de 1986 y, sobre todo, el Tratado de Maastricht (1992) y la entrada en el euro marcaron otra cesión decisiva. España renunció a la política monetaria y al tipo de cambio como instrumentos. Los criterios de déficit y deuda, el Pacto de Estabilidad y las reglas posteriores limitan el margen fiscal nacional. Las decisiones clave en comercio, competencia, política agrícola o energética se toman en Bruselas con un déficit democrático estructural: la Comisión (no elegida directamente) tiene poder de iniciativa y vigilancia; el Consejo y el Parlamento europeo diluyen la responsabilidad nacional. Los tratados se ratificaron con mayorías parlamentarias, sin referéndums vinculantes en España sobre el núcleo de la unión monetaria.
Ese marco favoreció liberalizaciones y privatizaciones como condición de entrada y convergencia. Ambos partidos —PSOE y PP— han sido europeístas firmes en los momentos decisivos, gestionando las restricciones impuestas desde fuera y presentándolas como “modernización”. Las tensiones actuales sobre vivienda, energía o reindustrialización chocan con esas reglas y con los intereses de los grandes grupos europeos y globales. El debate del 19 de noviembre no abordó estas cuestiones estructurales: se movió en el terreno de la gestión cotidiana dentro del mismo sistema.
Gestores del gran capital, no representantes de los trabajadores
A pesar de los matices retóricos, PSOE y PP han actuado como gestores del gran capital dentro del orden del Régimen del 78 y de la UE. Las privatizaciones transfirieron activos públicos a oligopolios; la desindustrialización redujo el poder de la clase trabajadora industrial; la integración europea subordinó la política económica nacional a prioridades de estabilidad financiera y libre mercado. Las políticas sociales y el aumento del salario mínimo en los últimos años son paliativos dentro de un marco que mantiene la precariedad estructural, la dependencia energética y la burbuja inmobiliaria.
El cara a cara del 19 de noviembre no ofreció alternativa a esa continuidad. Mostró dos estilos de gestión del mismo régimen: uno más centrado en la defensa de su legado y el crecimiento reciente, el otro en la crítica de la corrupción y la promesa de “cambio” sin cuestionar los pilares. Para la clase trabajadora, la diferencia es de matiz, no de proyecto. El bipartidismo que sostuvo el desmantelamiento industrial, las privatizaciones estratégicas y la cesión de soberanía sigue siendo el centro del sistema. Cualquier alternativa real tendría que partir de cuestionar esos pilares, no de alternar entre sus gestores.
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