Doctrina de la seguridad nacional frente a la defensa nacional

Alberto Vila

Salvo un puñado de personas que demostraron estar dispuestas a jugarse el tipo por defender a la democracia, el país entero se metió en su casa a esperar que el golpe fracasase. O que triunfase… «Anatomía de un instante» (2009), Javier Cercas

La Doctrina de Seguridad Nacional aludía a un modelo militar, no oficial, pero aplicado de modo efectivo, de la política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría surgida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se basaba originalmente en la confrontación capitalismo-comunismo que surgió de la misma. Veía al enemigo como algo interno. Hoy, con una China comunista en lo político y capitalista en lo económico, ese conflicto carece de sentido.

En ese contexto, fue determinante la creación de la Escuela de las Américas. Llamada también el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, se estableció en Panamá entre 1946 y 1984. En concreto, se trató de una organización financiada por los EEUU para brindar instrucción militar especializada en contrainsurgencia a los militares latinoamericanos. Se sabe que allí se graduaron más de 60.000 oficiales militares y policías de hasta 23 países latinoamericanos, entre los que destacan los declarados criminales de lesa humanidad, Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Torrijos, Manuel Antonio Noriega, Manuel Contreras y Vladimiro Montesinos, entre otros cuadros. En cada caso, todos ellos, fueron responsables, o ejecutores, de sublevaciones que desembocaron en dictaduras monstruosas, que aplicaron la violencia del Estado para eliminar a los discrepantes en sus países.

Esta Doctrina permitía a los EEUU brindar apoyo económico, militar y político a los regímenes de facto que a lo largo y ancho de Latinoamérica surgieron durante la época. A pesar de que la Secretaría de Estado de EE.UU. lo negase desde siempre, la documentación desclasificada luego del período de secretos, lo evidenció. Sus objetivos, instrumentalizados por la CIA, eran anticiparse a una insurrección o un gobierno de izquierdas. Para ello, se aseguraron de que las Fuerzas Armadas, bajo la excusa de preservar la patria o la integridad del Estado, tomaran el control del país y lo sometieran a sangre y fuego. Estados Unidos, a su vez, brindaba también entrenamiento contrainsurgente (incluidas técnicas de tortura), la venta de armamento especializado y apoyo financiero. Todo aquello,  bajo la fachada de estar impulsando la democracia y el respeto a los derechos humanos en Occidente. Entonces se montaba aquella confrontación y se justificaba el autoritarismo o la toma violenta del poder por parte de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. El relato siempre era el mismo, se actuaba siempre que fuera en pro de mantener el “orden interno y de combatir cualquier tipo de insurgencia o de simpatías con la ideología comunista”. Hoy en boca de un alto grado militar español se han vuelto a resucitar esos escenarios imaginarios, sólo presentes en la mente de unos pocos. El Plan Cóndor fue un medio de coordinación entre los gobiernos militares promovido por el Secretario de Estado Henry Kissinger para aplicar el terrorismo de estado.

Recordemos que aquellos regímenes resultantes, se caracterizaban por ser dictaduras militares conservadoras, cruentas, violadoras de los derechos humanos. La tortura, la persecución de la disidencia y la desaparición forzosa de ciudadanos eran prácticas no solo comunes, sino acordadas entre los regímenes de distintos países. Cualquier similitud con la España Franquista es mera coincidencia.

Esta doctrina formó parte de las políticas de injerencia e intromisión política utilizada por los Estados Unidos para controlar a la América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Es, conceptualmente, la misma idea que llevaron al golpe contra Evo Morales, antes a Lula,  y a los intentos de hacerlo con el gobierno Maduro. La línea represiva aplicada por el gobierno chileno o ecuatoriano en estos meses, se sostiene por ese mismo criterio. Se elimina la respuesta social a las medidas salvajes del austericidio. En todos estos casos se trataba de gobiernos elegidos por los votos.

La Doctrina de la Defensa Nacional, en cambio, supone ubicar al enemigo en el exterior. El enemigo, para estas hipótesis de conflicto, no es el propio ciudadano. De aquí que los ejércitos modernos sean un instrumento para garantizar la integridad de los ciudadanos que habitan a ese Estado Democrático. Por ello responde al marco institucional y legal que rige la Defensa Nacional de un Estado. Su fundamento se apoya en el análisis político y estratégico de diferentes escenarios y dimensiones de la defensa nacional e internacional. Así, describe la organización de la Defensa Nacional de un país e identifica sus compromisos internacionales prioritarios para fortalecer su esquema de integridad colectiva. La Política de Defensa Nacional se define bajo el principio de defensa activa y permanente y fomento de la confianza con los vecinos regionales y hemisféricos. A la vez, persigue adoptar y garantizar un modelo de gestión que dé señales inequívocas de que, el Estado en cuestión, dará una respuesta rápida y efectiva frente a cualquier amenaza contra sus intereses fundamentales. Por ello, garantizar el orden constitucional, proteger la vida de la población y sus bienes, y preservar el medio ambiente, es su objetivo principal.

La diferencia entre ambos conceptos es tan determinante que, si los confundimos, también lo haríamos en relación al concepto de las libertades democráticas de los Estados que apliquen uno u otro.

Por todo, es que las declaraciones del general retirado de cuatro estrellas Fulgencio Coll Bucher, jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 y actual portavoz del partido ultraderechista, o fascista, Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en las que afirma que el actual Presidente Constitucional, Pedro Sánchez, es “un problema para la seguridad nacional” y que “los poderes del Estado”, que no identifica y compromete, “no deben permitir” que el presidente en funciones “ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado” o esté negociando “una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos (…) para quebrar el orden constitucional, ese es un comportamiento”(…) “que ni es legítimo ni se puede consentir de un presidente del Gobierno”. Esto hace que sean de una gravedad extrema. Estas acusaciones están contenidas en el artículo titulado “Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional” que fueron publicadas el pasado miércoles en la edición local de El Mundo de Baleares.

Estamos a la espera de alguna acción institucional que corrija este comportamiento.


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