Después de las palabras, el hierro

Es cierto que no somos partidarios de la guerra, pero no se nos dejó otra opción que llevar nuestras almas en las palmas de nuestras manos como ofrenda al amanecer de la libertad; ‘y después del lenguaje de las palabras… el lenguaje del fuego y el hierro’.

Por Elmammia Habibi | 13/11/2026

La voluntad expansionista que rigió la política del régimen de ocupación marroquí desde la época del difunto Hassan II, y la búsqueda de proteger el trono y ampliar su influencia a costa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, condujeron a dividir a todo un pueblo entre el refugio y las zonas ocupadas a través del muro minado de la humillación y la vergüenza, y a fabricar una realidad excepcional en la que los dueños originarios de la tierra viven una vida doble; mientras una parte de ellos se encuentra en los campamentos del honor y la dignidad en el refugio, lejos de su patria, la otra parte vive bajo un asedio militar y de seguridad asfixiante en un aislamiento impuesto, donde quienes rechazan la ocupación y sus manifestaciones son arrojados a las prisiones mientras se explotan las riquezas de su tierra y se conceden a los colonos privilegios de estabilidad, trabajo y aprovechamiento de los recursos naturales que atesora la tierra.

El régimen de ocupación marroquí empleó diversos instrumentos de control para mantener el Sahara Occidental bajo su influencia por la fuerza, en un intento de consolidar la ocupación e imponer el hecho consumado, apoyándose en el refuerzo de la presencia militar y de seguridad en las zonas ocupadas, mediante la inversión continua en infraestructura militar, la fortificación del muro militar marroquí y su re-minado a lo largo del muro de la humillación y la vergüenza tras la reanudación de la lucha armada a raíz de la violación por la ocupación marroquí el 13 de noviembre de 2020 del primer acuerdo de alto el fuego, y la adición de un muro de arena de 40 kilómetros en las zonas de separación en la frontera que controla la ocupación marroquí por el lado de los territorios liberados, y se prevé que proceda a añadir otro muro más adherido a la frontera mauritana para cambiar la ruta de paso de camiones y mercancías ilegítimas. Además, procedió a construir nuevas bases de suministro de retaguardia en las afueras de «Bou Craa» ocupada y nuevos aeropuertos militares, por ejemplo y no limitativamente el aeropuerto de «Bir Anzarane» ocupado, e incluso a levantar un cinturón para cercar las ciudades ocupadas, entre ellas «Boujdour y Smara» ocupadas, y a intensificar los controles militares dentro de las distintas ciudades ocupadas y fuera de ellas en las carreteras que conducen a ellas, e incluye también el desarrollo de capacidades militares tecnológicas, incluida la adquisición de satélites de empresas israelíes, y la búsqueda de reforzar los sistemas de comunicación y coordinación militar, incluido el sistema «Link 16» y los drones israelíes, y estas medidas pretenden convertir la ocupación en una realidad militar y política difícil de cambiar y elevar el costo de cualquier intento de cambiar el statu quo.

El régimen de ocupación marroquí profundizó la política de absorción demográfica intensiva mediante la inundación del Sahara Occidental con colonos marroquíes; esta absorción comenzó en 1975, cuando se trajo a más de 350 mil marroquíes al Sahara Occidental en un solo día, y no se detuvo nunca después desde ese día. El Estado de ocupación marroquí traslada cada año a miles de marroquíes del norte de Marruecos, de Casablanca, Fez, Agadir, Qalaat Sraghna, El Fqih Ben Salah…, a las ciudades ocupadas, en un proceso organizado y financiado para fomentar la emigración de colonos marroquíes al interior ocupado, mediante la concesión de privilegios económicos y sociales, y la provisión de incentivos a la reproducción, vivienda gratuita, creación de oportunidades de trabajo y duplicación de salarios en la función pública, reducciones fiscales, préstamos y concesión de licencias de pesca, transporte y comercio, distribución de tierras y diversas facilidades, lo que contribuye a provocar un cambio gradual y sistemático en la composición demográfica del Sahara Occidental, hasta que los colonos se han convertido hoy en tres veces los habitantes originarios; todo ello se financia con las riquezas del propio Sahara Occidental, y así la colonización se convierte en un instrumento para acumular riqueza y protegerla, en un círculo cerrado de saqueo para utilizarla en la guerra existencial contra el pueblo saharaui.

La política de desplazamiento forzoso y detención política mediante la presión económica sistemática sobre los saharauis llevó a la población originaria, y en particular a la categoría de los jóvenes, a abandonar su patria. Generaciones enteras se encontraron ante una realidad de marginación y exclusión sistemática, donde se estrechan las oportunidades de trabajo, retroceden las posibilidades de obtener vivienda y aumentan las dificultades para completar los estudios universitarios debido al encarecimiento de la vida, la vivienda y el transporte, además de la discriminación que sufren los estudiantes saharauis dentro de las universidades marroquíes, acompañada de detenciones, persecuciones, agresiones y fabricación de cargos penales, en un intento de imponer el puño policial sobre los movimientos de los civiles saharauis, especialmente en el marco de la guerra en curso, por temor a que se enteren de cualquier detalle militar u otro que realice la ocupación. Crímenes de limpieza étnica mediante el ataque y la demolición de casas y tiendas de campaña de saharauis en las afueras de las ciudades ocupadas y la obligación de sus familiares, ancianos, ancianas y enfermos, a desplazarse forzosamente incluso si no poseen un pedazo de terreno para vivir. Las playas de la ciudad ocupada de «Boujdour» y sus alrededores orientales están prohibidas para cualquier saharaui: establecerse allí o levantar una tienda de campaña o una choza; una parte vasta de las tierras situadas en las afueras de la ciudad fue concedida al hermano del emir catarí llamado «Jooan bin Hamad Al Thani» en períodos intermitentes desde 2018, y conoció su punto máximo en 2022 para continuar hasta los límites de ahora.

Por temor a que se repitan los acontecimientos de la batalla de «Sultana Sid Ibrahim Khaya», las autoridades de ocupación marroquíes intentan convertir la ciudad ocupada de «Boujdour» en una prisión cercada por su aparato represivo y su asedio total; todo el que sale de ella es sometido a detención y escrutinio de sus documentos, y quien entra en ella puede ser expulsado antes de entrar y, en el mejor de los casos, se le permite durante horas, aunque sea uno de sus residentes, y esto es lo que me ocurre repetidamente en el camino de regreso de mis estudios.

El joven saharaui se encuentra obligado por la fuerza a abandonar su tierra por medio de la emigración clandestina, exponiendo su vida al peligro a través de las barcas de la muerte en el océano Atlántico en dirección a las Islas Canarias, huyendo del desempleo y de la máquina represiva marroquí en busca de una seguridad que no encontró en su patria, en una repetición trágica de la escena de desplazamiento que acompañó la invasión marroquí a mediados de los años setenta bajo el bombardeo de aviones contra los campamentos de los saharauis desplazados por la fuerza con napalm y fósforo prohibidos internacionalmente.

Un ocupante que absorbió el interior de la tierra y se tragó lo que contiene de riquezas naturales valiosas, sin derecho alguno sobre ellas ni legitimidad conforme a las leyes internacionales, explotó las minas de fosfato rocoso y la pesca marítima, desplegó proyectos de energías renovables y llevó a cabo acuerdos en alta mar, como brazo económico para el regateo y la extorsión, la compra, compra de posiciones y conciencias en los foros internacionales y su inclinación a su favor, para obstaculizar el proceso de liquidación de la ocupación, y la celebración de convenios internacionales ilegales que abarcan las aguas y tierras del Sahara Occidental, y la firma de contratos ilegítimos de larga duración con inversores extranjeros y la traída de empresas multinacionales y la concesión de privilegios para entrar en los territorios ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática para explorar minerales y saquear la riqueza pesquera, por ejemplo y no limitativamente mencionamos entre ellas: (Engie, Siemens Energy, GE Venova, Enel); la ocupación intenta internacionalizar el conflicto del Sahara Occidental con todo lo que ello conlleva, vinculando intereses económicos europeos y africanos con la ocupación mediante la continuación del statu quo y haciendo que el costo de terminarlo sea exorbitante, pues la ocupación marroquí quiere imponer una nueva realidad en la que no respeta el derecho del pueblo saharaui, donde la ocupación se convierta en un hecho consumado habitual internacionalmente para vaciar de contenido el derecho a la autodeterminación.

La ocupación marroquí quiso la tierra sin su pueblo, y buscó desde el primer momento de la invasión estrangular sistemáticamente la existencia saharaui; la identidad nacional saharaui no se salvó del ataque y del intento de desmantelar su estructura simbólica y social, a través de la ideología mediática de la ocupación, y del sistema educativo orientado a la formación y la deformación cultural, y del ataque a la memoria colectiva y a los vínculos profundos que mantuvieron la cohesión de la sociedad saharaui durante generaciones largas, hasta extenderse el ataque al traje tradicional, al dialecto hassaní, a las costumbres, al patrimonio, a los nombres, a los linajes, a los símbolos sociales y a la memoria oral, y a todo lo que constituye un portador de la identidad y de la conciencia colectiva saharaui; pero fracasó en convertir a los saharauis en marroquíes pese a todos sus intentos vanos, y también fracasó en quebrar su voluntad de libertad e independencia.

Tragedias humanas de múltiples facetas viven los civiles saharauis desarmados en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, que se encontraron en un enfrentamiento diario con la máquina de detención y represión que no exceptuó a nadie de las capas del pueblo saharaui desarmado, intentos repetidos de debilitar la resistencia popular mediante la intimidación y la eliminación física, campañas continuas de detenciones, juicios injustos y sentencias duras con largos años de prisión, entre la cadena perpetua y decenas de años, y el ataque a los estudiantes saharauis, a los activistas políticos saharauis y a los defensores de los derechos humanos, por sus posiciones y convicciones políticas, y la profundización de la política de aislamiento social, y la presión sobre sus familias para destruir a los militantes psicológica, social y económicamente, con el objetivo de aislar las voces resistentes y debilitar las redes de solidaridad, organización y movilización política, dentro de una estrategia que pretende difundir el miedo entre las masas saharauis, disuadir la participación en las protestas pacíficas y las actividades políticas que exigen la autodeterminación y la revitalización de las memorias nacionales, y criminalizar toda expresión de pertenencia política al Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro, representante legítimo y único del pueblo saharaui, y amordazar las bocas de las masas que reclaman la independencia.

Asimismo, la dispersión de los detenidos y prisioneros en diferentes prisiones en la profundidad marroquí, y las restricciones relativas a las visitas, la comunicación y la atención sanitaria, y las cargas psicológicas, sociales y económicas que soportan las familias de los prisioneros, los costos de los abogados y las necesidades básicas, hacen que el sufrimiento sea más amplio que los límites de la celda, lo que hace de la detención un castigo cuyos efectos se extienden a la familia y a toda la sociedad. Los prisioneros de «Gdeim Izik» son un ejemplo claro de esa tortura, malos tratos, confesiones arrancadas bajo tortura y detención arbitraria cuya duración superó los 16 años de vejación y privación de los derechos que les garantiza el derecho internacional humanitario; pero esta verdad nunca fue motivo de retroceso, sino un impulso para más firmeza y apego a los derechos nacionales legítimos, pues por más que se multipliquen los métodos de represión y por más que se intensifiquen los círculos del asedio, nuestro pueblo seguirá aferrado a su derecho, y las prisiones no se convertirán en el final del camino, sino que seguirán siendo testigo de los crímenes de la ocupación que alcanzan la categoría de crímenes de guerra.

Constituye una prolongación de esta política la detención de los cuatro estudiantes saharauis: (Mohamed Lemrabet, Brahim Babit, Salah Eddine Es-Sabbar, El Hossein Esh-Shihab), el día 12 de octubre de 2026 frente a la delegación de prisiones perteneciente a la ocupación marroquí en Rabat, por haber levantado la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, durante su participación en una sentada pacífica en solidaridad con las familias de los prisioneros del grupo «Gdeim Izik» en huelga de hambre; se privó a estudiantes de completar su trayectoria universitaria, y fueron sometidos a diversas formas de tortura, interrogatorio y fabricación de cargos penales listos en venganza por sus posiciones políticas, y se espera que sean presentados el día 13 de noviembre de 2026 ante el tribunal de la ocupación tras una política de dilación y aplazamiento de varias sesiones. La detención de un militante o el encarcelamiento de un estudiante saharaui tras las rejas no hará sino ampliar el círculo de solidaridad, multiplicar las voces de la resistencia pacífica y renovar el compromiso de continuar el camino, pues cada nuevo detenido añade otro testigo de la verdad de lo que ocurre, cada prisionero se convierte en una causa de pueblo, y cada intento de secar las fuentes de la lucha le abre nuevos espacios para la acción militante.

El Sahara Occidental es una zona prohibida para la prensa internacional; el Estado de ocupación marroquí procede de forma continua a expulsar a los observadores internacionales independientes, periodistas y abogados de los aeropuertos de «Laayoune y Dakhla» ocupados, en el marco de la imposición de una política de oscurantismo mediático que se extiende durante años a través de políticas mediáticas internacionales vinculadas a las posiciones y los intereses políticos de los Estados, tanto en el nivel de los canales árabes como extranjeros, que reflejan con frecuencia la naturaleza de las relaciones de sus países y sus intereses con la ocupación marroquí, además de la inyección de miles de dólares aportados mensualmente por Marruecos a los canales por satélite y las redes informativas para falsificar los hechos y borrar la cuestión saharaui; la ocupación no se limita a practicar la represión, sino que busca impedir su documentación y su revelación para que la verdad no se filtre y desenmascare la falsedad de su propaganda, lo que limita la capacidad de las masas saharauis de transmitir su voz al exterior, convirtiéndose así las redes sociales en la opción alternativa para dar a conocer la cuestión saharaui, romper una parte del bloqueo mediático impuesto sobre ella, y transmitir la voz del pueblo saharaui a distintas partes del mundo y denunciar las violaciones graves de los derechos humanos que sufren los civiles saharauis desarmados; sin embargo, el impacto de estos medios sigue siendo relativamente limitado, especialmente en lo que respecta a su capacidad de provocar cambios sustanciales en las políticas de los regímenes y los Estados y sus posiciones oficiales hacia la cuestión del Sahara Occidental como última colonia en el norte de África, y aquí se destaca la insuficiencia de la solidaridad internacional con el pueblo saharaui, y en particular el movimiento de solidaridad español que redujo la cuestión saharaui a su dimensión humanitaria; la sociedad española debe entender que es una cuestión política por excelencia vinculada al derecho del pueblo saharaui a la independencia y a la liquidación del colonialismo, y partir de esta base para transformar la solidaridad en presión política institucional desde dentro del Parlamento español, y presionar a los partidos y gobiernos para querellarse contra las empresas implicadas en el crimen del saqueo de las riquezas del Sahara Occidental, y activar la rendición de cuentas legal para responsabilizar a la Unión Europea que elude el derecho internacional y obligarla a respetar la legalidad internacional, y activar mecanismos de rendición de cuentas internacionales independientes y eficaces respecto a las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental, y presionar al Estado de ocupación marroquí para permitir el acceso de observadores independientes y organizaciones de derechos humanos internacionales a los prisioneros y detenidos civiles políticos saharauis para trabajar por su liberación inmediata, y responsabilizar a los responsables de la tortura brutal, y poner fin a estas violaciones graves, con la provisión de un mecanismo de la ONU que se ocupe de la protección de los derechos humanos para proteger a los civiles saharauis.

España no es un país neutral en este conflicto; asume, como potencia colonial anterior del Sahara Occidental de 1884 a 1975, una responsabilidad histórica y jurídica continua que no expiró con su retirada, pues el Acuerdo Tripartito de Madrid que firmó el 14 de noviembre de 1975 y mediante el cual entregó la administración del territorio temporalmente a Marruecos y Mauritania conservando la administración del espacio aéreo y marítimo, nunca obtuvo reconocimiento de las Naciones Unidas como mecanismo legítimo para la liquidación del colonialismo, lo que mantiene a España, desde la perspectiva del derecho internacional, como la potencia administradora del territorio hasta que se permita al pueblo saharaui ejercer su autodeterminación, y este principio fue consagrado por la decisión de la Corte Internacional de Justicia de 1975 que negó la existencia de cualquier vínculo de soberanía de Marruecos sobre el territorio, y lo confirmaron posteriormente las resoluciones de la Asamblea General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sus sentencias sucesivas que consideraron el Sahara Occidental un territorio separado y distinto de Marruecos; por ello, el fracaso de España en cumplir su obligación original consistente en organizar un referéndum de autodeterminación, y su entrega del territorio fuera del marco de las Naciones Unidas, la hace responsable moral y jurídicamente de la continuación del conflicto, y es una responsabilidad que contradice su giro político desde marzo de 2022 hacia el apoyo a la propuesta de la ocupación marroquí de «autonomía», que fue abortada recientemente con la retirada de la misión MINURSO. No fue solo una traición histórica, sino una peligrosa doble moral que daña la imagen de España y su credibilidad, encarnando la ausencia de una verdadera voluntad política de defender los principios que el Gobierno español afirma adoptar en el plano internacional, pues la posición del Gobierno de «Sánchez» y de algunos partidos y fuerzas políticas, y antes de ellos el régimen de «Franco», tiende a primar los intereses económicos y estratégicos que la vinculan con Marruecos, revelando así la cara real de las transformaciones geopolíticas en la región, donde las cuestiones de energía, fronteras y la carta de la migración irregular hacia Ceuta se han convertido en instrumento de presión política y carta de extorsión estratégica en manos del régimen de ocupación marroquí para el regateo y el intercambio al servicio de los intereses occidentales y sionistas en el estrecho de Gibraltar, el monte «Tropic» y la profundidad africana, incluidos los intereses vinculados a las riquezas naturales y las relaciones comerciales de la Unión Europea en el Sahara Occidental, a cambio de obtener una cobertura internacional para otorgar legitimidad al statu quo; las relaciones políticas internacionales están regidas con frecuencia por intereses económicos y geopolíticos más que por los principios de justicia y los derechos de los pueblos.

El pueblo saharaui exigió desde el principio la independencia, pero la ocupación marroquí siguió dilatando durante décadas y obstaculizando la solución, con la ayuda de fuerzas dentro del Consejo de Seguridad que se benefician económicamente de la continuación de la ocupación del Sahara Occidental, hasta que se puso fin a las operaciones de la misión MINURSO el 1 de noviembre de 2026, y esta retirada se produjo después de que Estados Unidos, portador de la pluma, intentara imponer una opción que contradice la legalidad internacional y salta por encima del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pues rechazó la propuesta de Rusia que confirma el derecho a la autodeterminación y el referéndum como solución al sufrimiento del pueblo saharaui y prorroga el mandato de la misión, y Rusia hizo caer con este rechazo un plan estadounidense-israelí-francés-marroquí que pretendía falsificar la legalidad internacional y legitimar la ocupación militar del Sahara Occidental.

Nos decepcionaron quienes creíamos que eran protectores de la justicia tras medio siglo de “proceso pacífico”, durante el cual probamos caminos de paciencia y espera y ensayamos todas las vías del diálogo, y extendimos la mano al mundo, pero estrechamos la ilusión. Es cierto que no somos partidarios de la guerra, pero no se nos dejó otra opción que llevar nuestras almas en las palmas de nuestras manos como ofrenda al amanecer de la libertad; «y después del lenguaje de las palabras… el lenguaje del fuego y el hierro», frase que las masas saharauis han coreado a pleno pulmón en todas las regiones de la patria, por nuestra comprensión profunda de que ese día es inevitable, y de que los tambores de la guerra resonarán algún día, pues es el único camino para nuestra salvación eterna, bajo el liderazgo de la vanguardia de nuestra lucha, el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro, representante legítimo y único, en confirmación de que no habrá estabilidad ni paz en la región antes de permitir a nuestro pueblo su derecho a la libertad y la independencia, y ello no será sino mediante una guerra popular total que arranque las raíces del imperialismo del norte del continente negro, derribe imperios, cambie gobiernos y pliegue mapas y dibuje otros.
El cierre de la brecha de «Guerguerat» y el desarrollo de la guerra de desgaste a lo largo del muro de la humillación y la vergüenza es el título de la próxima etapa para presionar a la ocupación marroquí y amenazar los intereses de las grandes potencias, para imponer el respeto del derecho de mi pueblo a elegir, y no hay otra opción que pueda hacer justicia al pueblo saharaui que la independencia.