Delcy Rodríguez restaura la tutela militar de Washington que Chávez rompió en 2005

El acuerdo militar se enmarca en un conjunto de medidas que están desmantelando el proceso bolivariano y erosionando la soberanía nacional.

Por Gabriela Rojas | 18/11/2026

Este 18 de noviembre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el Palacio de Miraflores y firmó con la presidenta encargada Delcy Rodríguez un acuerdo de cooperación técnico-militar. El pacto incluye capacitación, asistencia técnica, equipamiento y acceso a tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además de cooperación en seguridad fronteriza frente a lo que ambas partes llamaron “amenazas comunes”. Rodríguez lo presentó como la “reanudación de la relación técnico-militar” interrumpida durante años.

Esa interrupción la había protagonizado Hugo Chávez en 2005. En abril de aquel año ordenó la cancelación de los ejercicios conjuntos y la retirada de los asesores militares estadounidenses; poco después expulsó a la agencia antidrogas (DEA) al considerarla una organización tapadera para llevar a cabo injerencias y desestabilización. La decisión formaba parte de una política deliberada de desvinculación de la influencia de Washington, reorientación hacia otros socios y afirmación de la independencia nacional. Hoy el gobierno que se proclama heredero del proceso bolivariano hace exactamente lo contrario: restaura la tutela militar estadounidense más de dos décadas después.

Un gobierno cipayo y traidor

Calificar a la administración de Delcy Rodríguez de cipaya es la descripción precisa de su conducta. Cipayo es quien sirve a poderes extranjeros a cambio de permanecer en el cargo, sacrificando la soberanía que dice defender. Rodríguez llegó al poder tras el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Desde entonces ha restablecido relaciones diplomáticas, recibido a altos funcionarios de Washington y avanzado en acuerdos que subordinan decisiones estratégicas del país.

El acuerdo militar no es un hecho aislado. Se enmarca en un conjunto de medidas que están desmantelando el proceso bolivariano y erosionando la soberanía nacional. Las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Minería facilitan la entrada de capital extranjero, en particular estadounidense, sobre recursos estratégicos. Al mismo tiempo se liquidan o eliminan misiones y fundaciones creadas por Chávez y Maduro, presentadas como “reorganización” pero que desmontan instrumentos del Estado social bolivariano. Se abre la puerta a presencia y operaciones militares o de inteligencia estadounidenses, a menudo sin el control parlamentario que exige la Constitución, y se negocian posibles acuerdos que sentarían las bases jurídicas para una presencia militar estadounidense de más largo plazo.

Desmantelamiento en marcha

Mientras Rodríguez repite el eslogan “la soberanía no se negocia”, firma en Miraflores con el jefe del Pentágono el reverso exacto de la política de Chávez. El mismo gobierno que habla de “amenazas comunes” y de “fortalecer a la FANB” está abriendo las puertas de la institución armada que Chávez reorientó hacia la independencia nacional.

El proceso bolivariano no se reducía a discursos antiimperialistas. Incluía el control soberano de los recursos naturales, la doctrina militar de defensa integral del territorio, la construcción de capacidades propias y el rechazo a bases o misiones extranjeras que subordinaran la FANB. Todo eso está siendo desmontado pieza por pieza bajo la tutela de la administración Trump, que secuestró a Maduro y ahora tutela a Delcy.

La visita de Hegseth y la firma del acuerdo son la confirmación pública de lo que ya era evidente: Venezuela, bajo Delcy Rodríguez, ha pasado de la resistencia al sometimiento. Quienes dentro del chavismo han denunciado traición o cesión de soberanía no exageran. La historia registrará este periodo como el momento en que un sector del poder bolivariano entregó, a cambio de supervivencia política, lo que Chávez había roto deliberadamente en 2005.

La soberanía no se proclama en discursos; se defiende con hechos. Los hechos ocurridos en Miraflores el 18 de noviembre hablan por sí solos.

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