Delcy ha reemplazado figuras leales y promovido reformas que debilitan el predominio del Estado como propietario, favoreciendo al capital privado en detrimento del sector público y de los trabajadores.
Por Gabriela Rojas | 31/10/2026
La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha confirmado, en un mensaje a la nación emitido el 29 de octubre, el avance en la valoración y oferta de activos estatales “no esenciales” al sector privado o su devolución a antiguos propietarios. Con este anuncio, la funcionaria profundiza el desmantelamiento del proceso bolivariano desde dentro del propio aparato del Estado, mientras el presidente constitucional Nicolás Maduro permanece secuestrado y encarcelado en Estados Unidos tras la agresión militar del 3 de enero.
Rodríguez, quien juramentó el 5 de enero como “presidenta encargada” sin que se declarara la falta absoluta del cargo de Maduro, ha utilizado su posición para acelerar una agenda liberal que beneficia al capital privado. Al instruir la clasificación de bienes públicos y ofrecerlos al sector privado —con el argumento de que “la propiedad privada es un derecho protegido”— está revirtiendo conquistas históricas del proceso iniciado por Hugo Chávez: las nacionalizaciones y el control estatal de determinados sectores de la economía. Lo que antes se defendía como soberanía popular sobre los recursos se presenta ahora como “certeza jurídica” para inversionistas.
Este giro no es improvisado. Desde abril, su gobierno constituyó una comisión para clasificar activos estatales, abriendo la puerta a la entrega de empresas, plantas e infraestructuras no consideradas “estratégicas”. Mientras tanto, se firman contratos petroleros y se negocian inversiones en minería, en un marco de sometimiento a Washington que contrasta con la resistencia histórica al imperialismo. La funcionaria, que llegó al poder como vicepresidenta de Maduro, ha reemplazado figuras leales y promovido reformas que debilitan el predominio del Estado como propietario, favoreciendo alianzas y transferencias al capital privado en detrimento del sector público y de los trabajadores.
Desde una perspectiva de defensa del patrimonio público, la actuación de Rodríguez constituye una traición abierta al proceso bolivariano. Mientras Maduro enfrenta un juicio farsa en tribunales estadounidenses tras su secuestro, ella administra el Estado para facilitar la privatización de lo que fue conquistado al capital privado en décadas anteriores. No se trata de “modernización” ni de “reactivación económica”, sino de la liquidación gradual de empresas estatales, devolviendo poder económico a quienes el chavismo enfrentó. El falso discurso de defensa de la soberanía coexiste con medidas que entregan activos al mercado y debilitan el control social sobre la producción.
El proceso de valoración y oferta de activos no esenciales consolida un cambio de rumbo que abandona los pilares de la propiedad social y el protagonismo del Estado. En lugar de fortalecer el sector público, recuperar empresas quebradas bajo gestión estatal o priorizar la producción orientada a las necesidades populares, se opta por ofertar bienes al capital privado y devolver propiedades expropiadas. Esta línea, impulsada desde el propio Ejecutivo que heredó el poder tras el secuestro de Maduro, representa una ruptura con el proyecto bolivariano y una concesión al modelo que durante años se combatió.
La continuidad de Rodríguez en el cargo, más allá de los plazos temporales previstos, el silencio o la minimización sobre la situación de Maduro, y el anuncio de nuevas privatizaciones, confirman la traición al proceso bolivariano de la nueva cúpula dirigente venezolana.
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