Cómo combatir la contaminación con más contaminación en Karrantza

Verdalia, la firma que Goldman Sachs lanzó en 2023 para invertir más de mil millones en biometano empezando por España, ha comprado las ruinas. El esqueleto es el mismo. Cambian el dueño y el propósito. 

Por Txema García | 22/11/2026

Karrantza tiene un problema y lo sabe desde hace décadas. El modelo que las instituciones impulsaron con subvenciones para pasar de explotaciones medianas a grandes ha traído al Valle hasta aquí, y hoy sufre sus consecuencias. Cinco mil vacas, repartidas en medio centenar de explotaciones, producen más purín del que sus prados pueden digerir: las grandes explotaciones de Karrantza no tienen tierra suficiente para absorber lo que generan. Los nitratos bajan por las laderas, se filtran por el karst y acaban en los arroyos. En Enkarterri nadie discute el diagnóstico. Lo que se discute es la receta. Y, a día de hoy, las instituciones responsables ni siquiera han cuantificado suficientemente el problema. Ahora llega la receta. La que se levanta desde esta primavera en el barrio de Las Torcachas consiste, en esencia, en curar una indigestión con un banquete.

El hormigón no es nuevo. Sobre esa misma parcela quedó abandonado, hace más de quince años, el esqueleto de Karrantzako Minda, la planta de purines que nació del ayuntamiento, la cooperativa ganadera y un banco, y que terminó en los tribunales con condenas por la gestión de casi diez millones de euros públicos. Y ni siquiera aquel proyecto habría resuelto el problema: el informe de NEIKER de 2010 ya concluía que no suponía «una solución a la problemática de Karrantza», porque el tratamiento no eliminaba el nitrógeno y el Valle no contaba con hectáreas suficientes para absorber el digestato que saldría de la planta. Donde fracasó el dinero de todos, aterriza ahora el capital financiero global. Verdalia, la firma que Goldman Sachs lanzó en 2023 para invertir más de mil millones en biometano empezando por España, ha comprado las ruinas. El esqueleto es el mismo. Cambian el dueño y el propósito.

Porque el propósito ya no es el purín. Basta leer la autorización. La planta podrá tragar 130.000 toneladas al año, de las que el estiércol vacuno del Valle supone 89.000. El resto llega de fuera: 18.000 de gallinaza, 15.000 de paja, 8.000 de residuos lácteos. Y luego viene la letra pequeña, que en estos expedientes siempre es la grande. «En caso de necesidad», dice la resolución, se podrá utilizar cualquier residuo admisible. La lista incluye lodos de conservera y de matadero avícola, vísceras, contenedor marrón, restos de hostelería, aceite filtrado y hasta un cincuenta por ciento de ensilado de maíz, es decir, cultivo sembrado para alimentar al digestor y no a las vacas. Lo que se vendió como solución para el Valle se autoriza como sumidero para quien pague por deshacerse de lo suyo.

La aritmética es tozuda. De cada cien toneladas que entran, noventa salen como digestato. Más de 120.000 toneladas al año que han de volver a la tierra. ¿A qué tierra? Karrantza tiene 7.492 hectáreas de pastizal, pero si se descuentan las pendientes y las distancias obligatorias a casas, captaciones, cauces y caminos, quedan 960, troceadas en casi dos mil retales. Menos de las 1.100 que NEIKER ya consideraba saturadas en 2010. El Valle puede absorber unas 231 toneladas de nitrógeno al año. Hoy recibe casi cuatro veces esa cifra. Con la planta, si el sulfato amónico que produce se esparce aquí, la carga se acerca a seis veces y media, porque 620 toneladas de nitrógeno entran desde fuera con la gallinaza, la paja y los lácteos. ¿Y cuánto nitrógeno elimina la instalación? Ninguno. La modificación del proyecto suprimió el tratamiento biológico. El nitrógeno no desaparece: cambia de sitio. Peor aún, se multiplica.

Con él viaja lo que nadie mira. El control previsto se limita a siete metales pesados en el suelo receptor y a una muestra mensual de digestato, cuando la dieta del digestor cambia cada día. A la entrada no hay analítica fija; se pacta contrato a contrato. Fuera del radar quedan los antibióticos y los genes de resistencia, los restos de fármacos veterinarios, los microplásticos, los PFAS, el arsénico del pescado, los conservantes y desinfectantes de la industria, y la higienización de la fracción sólida, con su cortejo de salmonela, listeria y esporas de clostridio. Lo que no se mide no existe. Y lo que no existe se esparce.

Queda el argumento climático, que es la bandera bajo la que todo esto se tramita. Conviene ser honesto, porque la honestidad es lo que distingue la crítica de la consigna. Cuando el purín pasa meses fermentando en una fosa, el digestor sí reduce el metano que ya se escapaba. Eso es cierto. Pero la gallinaza, la paja o el estiércol que queda en el pasto apenas emiten metano por sí mismos. La planta lo fabrica: veinticinco veces más que un montón de estiércol, doscientas veces más que la boñiga sobre la hierba. Y los digestores pierden por fugas entre el uno y el trece por ciento de ese gas, un gas que calienta la atmósfera mucho más que el CO₂. Mientras tanto, el suelo pierde su alimento. Los microbios que fijan el carbono en la tierra viven de azúcares, proteínas y grasas, que son justo lo que el digestor convierte en gas. Al prado le devuelve sobre todo lignina, lo que nadie puede comer.

Ni siquiera la energía cuadra. Para calentar sus digestores, la planta quemará gas natural o propano, unas 1.700 toneladas de CO₂ fósil al año según las estimaciones presentadas, y consumirá veinte gigavatios hora de electricidad de la red. Entre la mitad y algo menos de la energía que vende la gasta en producirla, una tasa de retorno por debajo del umbral que la literatura considera mínimo para que una fuente tenga sentido. A ello se suman los camiones: más de 13.000 viajes al año según el promotor, unos 25.000 según la plataforma vecinal, cerca de un centenar por día laborable en las carreteras de un Valle de tres mil almas. El negocio, por tanto, no es la energía. Consiste en comprar fósil barato, vender gas con certificado verde caro y cobrar por hacer desaparecer residuos que no desaparecen. Un negocio colgado, además, del precio del gas, que en octubre volvió a máximos de cuatro años con el estrecho de Ormuz cortado. Nadie en Karrantza controla ese mercado.

La propia normativa que el proyecto invoca debería haberlo frenado. El Real Decreto 376/2022, que traslada la directiva europea de renovables, exige planes de seguimiento del suelo para que estos residuos cuenten como sostenibles. En Karrantza no existe ninguno. Exige acreditar una reducción de emisiones de entre el 65 y el 80 por ciento. Nadie ha encontrado ese balance, pese a haberlo pedido a varias instancias. Y los fondos europeos obligan a no causar daño significativo a aguas y ecosistemas en un Valle con visón europeo en sus cauces, laderas inestables y un subsuelo kárstico que traga lo que le echen.

Mientras tanto, las instituciones mayores, Gobierno Vasco y Diputación, se reparten el silencio, mientras las pequeñas se convierten en portavoces de la gran empresa. La Ley Vasca de Transición Energética y el plan estatal de energía presentan el biogás como pilar de la descarbonización. La Diputación asegura que ni promueve ni financia el proyecto, que su papel se limita a un informe sobre suelo no urbanizable. Y en eso tiene razón: la recalificación de las parcelas no fue cosa suya. Fue el Ayuntamiento quien, en 2009, modificó las normas subsidiarias para dar cobertura legal en Las Torcachas a la planta anterior. Hoy ese mismo Ayuntamiento, gobernado por un grupo surgido de un movimiento ecologista, ejerce de vocero de Verdalia, y no ha informado a la población ni del proyecto ni de la licencia de obras, que es de su competencia. Nadie dice impulsarlo, todos lo permiten. En los dos periodos de información pública no hubo alegaciones, porque casi nadie se enteró. Hasta el PNV del Valle, poco dado a enmendar a sus mayores, dice no haber sido informado. Más de doscientos vecinos, cerca del diez por ciento del censo, han firmado ya pidiendo una moratoria.

El planeta ha rebasado siete de sus nueve límites de seguridad, y los flujos de nitrógeno figuran entre los más desbordados. La planta empuja justo ahí. Cuando los hechos son inciertos, los valores están en disputa, hay mucho en juego y las decisiones apremian, la calidad de una decisión depende de quién se sienta a tomarla. En Karrantza se sentaron un fondo de inversión y un expediente administrativo. Faltaba el Valle. ¿O no se tiene en cuenta para nada?

El purín no se va a ir de Karrantza. Lo que está por decidir es si se queda solo o acompañado de los residuos de media industria, con el sello verde de quien llama transición a lo que en el Valle ya saben nombrar por su traslado. Combatir la contaminación con más contaminación no es una paradoja. Es un modelo de negocio.

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