Ceuta no puede seguir siendo el laboratorio de la improvisación. La persistencia del caos alimenta a quienes buscan capitalizar el miedo.
Por Javier Siscart | 22/09/2026
Casi dos meses han pasado desde que, entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular a Ceuta. Lo que debió ser una emergencia contenida se ha convertido en una herida abierta. La ciudad sigue patas arriba. Los brotes de violencia se suceden. Los campamentos informales, las agresiones, los robos, los enfrentamientos y el miedo cotidiano no son ya un episodio puntual: son el paisaje.
La imagen que proyecta el Gobierno es lamentable. No por la dificultad objetiva de gestionar una entrada masiva —eso es innegable—, sino por la lentitud, la improvisación y la falta de autoridad política que han permitido que el problema se enquiste. Cuando una ciudad de 84.000 habitantes ve desbordados sus servicios, sus calles y su convivencia durante semanas, no estamos ante un accidente, estamos ante una pésima gestión.
El Ejecutivo ha enviado refuerzos, ha improvisado albergues y ha negociado retornos. Pero la realidad sobre el terreno desmiente el relato de control. Miles de personas siguen en la ciudad. Los datos oficiales han bailado de forma bochornosa. La inseguridad no ha remitido. Los vecinos viven con escolta en algunos trayectos, los comercios sufren y la tensión no baja. Una crisis de esta magnitud no puede alargarse así. Cada día que pasa sin una solución clara es un día más de erosión del Estado.
Hay un factor que el Gobierno ha tratado con excesiva prudencia: la responsabilidad de Marruecos. La avalancha no ocurrió en el vacío. La frontera se relajó de forma evidente. La falta de contundencia diplomática frente al régimen de Mohamed VI ha sido una constante. España no puede permitirse que su integridad territorial y la seguridad de una ciudad española dependan del termómetro político de Rabat. La cooperación es necesaria; la subordinación, no. Tratar a un vecino que instrumentaliza la migración como si fuera un socio fiable sin exigir contrapartidas claras es una forma de debilidad.
Esta dejación tiene un efecto colateral grave. La persistencia del caos alimenta a quienes buscan capitalizar el miedo. Grupos radicales de la derecha encuentran en las calles de Ceuta el escenario perfecto para presentar la violencia contra inmigrantes como una respuesta “legítima” a la inacción del Estado. Es un discurso tóxico e inaceptable. Ningún desorden justifica agresiones, linchamientos ni la criminalización colectiva de personas. Pero negar que la impotencia institucional les da oxígeno es de una ingenuidad peligrosa. Cuando el Gobierno no restablece el orden con rapidez y claridad, otros intentan ocupar ese vacío fomentando el odio.
Ceuta no puede seguir siendo el laboratorio de la improvisación. Hace falta más policía visible, más capacidad de retorno efectivo, más protección para menores y mujeres vulnerables, y una diplomacia que no tema señalar a Rabat. También hace falta dejar de tratar la crisis como un asunto de imagen o de equilibrio interno de coalición.
La inseguridad que vive la ciudad no puede alargarse más. Cada semana de parálisis es una cesión. El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos y de gestionar las fronteras con rigor. Si no lo hace, el desgaste no será solo político. Será social, y las consecuencias las pagarán, una vez más, quienes viven en Ceuta y quienes fueron instrumentalizados por un régimen criminal.
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