El dinero negro servía para dos propósitos simultáneos: engordar las cuentas de los implicados y mantener a flote la organización que les permitía seguir accediendo a contratos millonarios.
Por Víctor Siles | 2/05/2026
Durante meses, desde Ferraz y Moncloa se ha intentado vender la versión cómoda: el Caso Koldo era solo un puñado de aprovechados —Koldo García, José Luis Ábalos y un par de empresarios— que se forraron con las mascarillas en plena pandemia. Una manzana podrida, nada más. Cuatro golfos ladrones actuando por cuenta propia. Esa era la narrativa oficial. Pero las declaraciones de Víctor de Aldama en el juicio del Tribunal Supremo, celebradas el 29 de abril, han dinamitado esa ficción.
Aldama, el comisionista central de la trama, no ha hablado solamente de caprichos personales ni de enriquecimiento aislado. Ha descrito un sistema perfectamente engrasado: Koldo García y Ábalos lo ficharon precisamente para que recaudara “dinero en efectivo” de las constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública. Y lo más revelador: ese dinero no solo servía para llenar bolsillos particulares. Una parte se destinaba, según su relato, a la “financiación del partido”. Koldo se lo dijo sin rodeos: “Tenemos que ver cómo podemos ayudarnos y obtener un rendimiento para la financiación del partido”. Aldama lo entendió enseguida: “Ahí ya entendí que estábamos haciendo algo ilegal”.
No era lucro personal o financiación irregular. Era lucro personal y financiación irregular. Dos caras de la misma moneda. El dinero negro servía para dos propósitos simultáneos: engordar las cuentas de los implicados y mantener a flote la organización que les permitía seguir accediendo a contratos millonarios. El PSOE no era la víctima de unos corruptos infiltrados. Era el instrumento y, al mismo tiempo, el beneficiario de la operación. Mantener el partido en el poder era la garantía de que la rueda siguiera girando: más licitaciones, más comisiones, más sobres. Un círculo vicioso perfecto.
Las pruebas que van saliendo no son anécdotas. La UCO ha documentado pagos periódicos en efectivo, códigos para referirse al dinero (“chistorras” para los billetes de 500 euros, “lechugas” para los de 100), mochilas con 250.000 euros entregadas en el propio Ministerio y en la casa de Ábalos. Aldama habla de entre 3,5 y 4 millones en total. Y no solo de las mascarillas: la trama se extendió a obras públicas, donde el mecanismo era idéntico.
El partido, por su parte, lleva meses negando cualquier “caja B” y asegurando que no hay pruebas. Pero cuando el propio Supremo ha tenido que pedir a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo, y cuando el exgerente del partido ha tenido que dar explicaciones sobre sobres y liquidaciones de gastos que no cuadran, la defensa de “no hay pruebas” empieza a sonar hueca.
Este es el verdadero escándalo del Caso Koldo: no se trata de unos cuantos sinvergüenzas que actuaron al margen del partido. Se trata de una estructura que utilizaba el partido como escudo y como palanca para perpetuar el saqueo. La financiación irregular era el lubricante que mantenía la máquina en marcha. Financiar la organización garantizaba seguir en el poder. Y seguir en el poder garantizaba seguir robando.
Ya no vale la excusa de los “cuatro golfos”. Lo que ha quedado al descubierto es algo mucho más profundo y peligroso: una forma de entender la política como un negocio familiar donde el partido es la empresa, el Gobierno es la caja registradora y los ciudadanos son los que pagan la cuenta. El Caso Koldo no es un incidente. Es la prueba de que, para algunos, el PSOE no es un instrumento para gobernar España. Es la herramienta para seguir lucrándose indefinidamente.
Y eso, más que cualquier otro detalle, es lo que debería hacer reflexionar a quien aún cree que todo esto fue solo un exceso puntual de unos pocos. No lo fue.
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