El caso ha sacudido al PSOE, que suspendió a Ábalos de militancia en febrero de 2024 y le exigió renunciar a su escaño, lo que rechazó, pasando al Grupo Mixto.
Por Javier Guijarro | 13/04/2025
El caso Koldo, uno de los escándalos más relevantes del Gobierno, ha evolucionado desde una investigación sobre contratos irregulares durante la pandemia hasta convertirse en una crisis política que amenaza al exministro José Luis Ábalos y al PSOE.
El escándalo estalló en 2022 tras una denuncia del PP sobre contratos por 54 millones de euros adjudicados a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. para suministrar mascarillas durante la crisis del COVID-19. Estos contratos, gestionados sin licitación pública por la urgencia sanitaria, levantaron sospechas por su opacidad y los beneficios obtenidos por la empresa, que carecía de experiencia en el sector.
En septiembre de 2023, la Fiscalía Anticorrupción querelló a siete personas, incluyendo a Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes (2018-2021). La investigación, dirigida por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, reveló una presunta red de corrupción que implicaba comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. García, detenido en febrero de 2024 junto a 19 personas, habría multiplicado su patrimonio, adquiriendo propiedades por 1,5 millones de euros, incompatible con sus ingresos declarados.
Ábalos en el punto de mira
El caso dio un giro al señalar a José Luis Ábalos como figura clave. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe de octubre de 2024, destacó su «papel relevante» en la trama, sugiriendo que las operaciones de García y del empresario Víctor de Aldama, otro implicado, difícilmente se habrían realizado sin su conocimiento. Los indicios contra Ábalos incluyen:
Pagos y favores: Aldama habría costeado un piso de lujo en Madrid (90.000 euros) para una persona cercana a Ábalos, Jéssica R., quien también recibió empleos ficticios y pagos por acompañarlo en viajes oficiales. Además, se investiga un chalé en Cádiz supuestamente comprado para el exministro.
Contratos sospechosos: La UCO apunta que Ábalos facilitó adjudicaciones a Soluciones de Gestión, que obtuvo 17 millones de beneficio por mascarillas, muchas defectuosas.
Testimonios de Aldama: En noviembre de 2024, Aldama, en prisión por otro caso, declaró haber pagado sobornos a Ábalos (400.000 euros), García (200.000 euros) y otras figuras del PSOE, como Santos Cerdán y el jefe de gabinete de María Jesús Montero, aunque sin pruebas concluyentes.
En octubre de 2024, el juez Moreno pidió al Tribunal Supremo investigar a Ábalos por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, dado su aforamiento como diputado. En abril de 2025, el Supremo avaló la investigación, imponiendo medidas como la retirada de su pasaporte.
Impacto en el PSOE
El caso ha sacudido al PSOE, que suspendió a Ábalos de militancia en febrero de 2024 y le exigió renunciar a su escaño, lo que rechazó, pasando al Grupo Mixto. El partido insiste en que los contratos fueron legales y ha impulsado una comisión en el Congreso para investigar compras de material sanitario, pero la oposición, liderada por el PP, acusa al Gobierno de encubrir la trama y exige explicaciones a Pedro Sánchez, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, vinculados a contratos en Baleares y Canarias.
Las acusaciones de Aldama, que sugieren conocimiento de Sánchez, han intensificado la presión, aunque carecen de respaldo probatorio. La investigación europea sobre posible malversación de fondos de la UE en contratos autonómicos añade una dimensión internacional al caso.
La defensa de Ábalos
Ábalos niega las acusaciones, atribuye la gestión a García y critica al PSOE por usarlo como «chivo expiatorio». En su declaración ante el Supremo en diciembre de 2024, rechazó haber recibido sobornos y cuestionó la credibilidad de Aldama. Sin embargo, mensajes interceptados y registros financieros complican su posición.
El caso Koldo sigue abierto, con posibles nuevas imputaciones y un impacto político incierto. Para Ábalos, la investigación amenaza con acabar su carrera. Para el PSOE, supone un desafío para mantener su credibilidad ante un electorado polarizado y una oposición que no cede. La resolución judicial determinará si esta trama redefine el panorama político español o queda como un episodio más en la lucha contra la corrupción.
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