Una denuncia por trabajo esclavo en el sur de Brasil pone de manifiesto una tradición que no sólo contribuye con el lucro de algunas empresas, sino que se mantiene intacta a pesar del avance de la legislación laboral en el país.
Por Ana Dagorret / La tinta
En los últimos días, se conoció la noticia sobre unas 200 personas rescatadas en condición de esclavitud en una finca en el municipio de Bento Gonçalves, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Las víctimas habían sido trasladadas al lugar por una empresa que proporcionaba recursos humanos para la zafra de uva a las vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton y agricultores de la región.
El hecho salió a la luz luego de una operación de la Policía Federal de Carreteras, el Ministerio de Trabajo y la Policía Federal (PF). A mediados de febrero, tres de las víctimas que lograron escapar llegaron a una comisaría donde denunciaron que habían sido mantenidos, contra su voluntad, en condiciones miserables. Tras la operación, cientos de personas fueron encontradas en la finca “en una situación degradante”.
La mayoría provenía del estado de Bahía, uno de los más pobres del país. Tras recibir una promesa de alojamiento y salario de 3.000 reales por mes para trabajar en la cosecha, los más de 200 bahianos rescatados fueron obligados a sobrellevar jornadas de 12 horas, sin alimentación y viviendo en condiciones degradantes. Sorprendidos por las condiciones de trabajo en el sur de Brasil, intentaron marcharse, pero fueron amenazados y golpeados.
Las denuncias también exponen que los representantes de la empresa contratista les ofrecían comida podrida, que sólo podían comprar productos en un pequeño mercado cercano al alojamiento, con precios sobrevalorados, y que el importe gastado se les descontaba del salario. Con ello, los trabajadores terminaban el mes con deudas, porque el consumo superaba el valor de su remuneración.
A su vez, las víctimas afirmaron que se les impedía abandonar el lugar y que, si querían irse, tendrían que pagar la supuesta “deuda”. También dijeron que los empresarios amenazaron a sus familias y que fueron golpeados y sufrieron palizas con descargas eléctricas y gas pimienta.
Tras la operación, el administrador de la empresa llegó a ser detenido por la policía, pero pagó una fianza de 40 mil reales y quedó en libertad. Las bodegas que recurrían a mano de obra análoga a la esclavitud deben ser responsabilizadas, según el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), aunque los representantes ya hacen gestiones para limpiar la imagen de sus firmas ante las denuncias de trabajo esclavo.
Luego de presentar diferentes notas de repudio, todas las compañías involucradas hicieron hincapié en que el servicio de cosecha es brindado por una empresa tercerizada, una práctica común que surge de una denuncia de estas características. A pesar del repudio, lo cierto es que estas mismas marcas son las mayores beneficiadas del trabajo esclavo.
El caso de la bodega Salton ilustra la situación. Sólo en 2022, el lucro de la empresa fue el más alto en los 112 años de historia: fueron 500 millones de reales, un crecimiento de más del 10% respecto a 2021. Con el costo reducido que implica contratar tercerizadas para la cosecha -de esta forma, se evita el pago de impuestos, premios y demás prestaciones para los asalariados-, el lucro aumenta año a año mientras se omiten las condiciones a las que son sometidos los trabajadores que prestan servicio en sus propias tierras.
A pesar de las disculpas y repudios, lo cierto es que todas las empresas involucradas deben ser responsabilizadas, según la legislación brasileña. Sobre esto, la Ley n.º 13.429, del 31 de marzo de 2017, es clara: es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad, higiene y salud de los trabajadores cuando la práctica laboral se realice en sus instalaciones o en un lugar previamente acordado en un contrato.
Sin embargo, poco se espera de la Justicia a la hora de pensar en las penalidades. Cuando las grandes empresas son denunciadas -sean estas viñedos, de construcción, industriales, de tecnología, etc.-, inician un plan para contener el daño a su imagen. Este consiste, básicamente, en culpar a las firmas subcontratadas, pagar multas que no hacen ni cosquillas a sus beneficios y, así, continúan funcionando con total normalidad, hasta que surge otra denuncia y el esquema se repite.
A pesar de ser uno de los países que más combaten el trabajo esclavo moderno, Brasil es también una de las naciones donde la cultura esclavista está más extendida, tanto por motivos económicos como históricos. Desde 1995, casi 60.000 trabajadores en condiciones de esclavitud han sido rescatados, la mayoría de ellos trabajadores agrarios, pero muchas también en trabajo doméstico, principalmente mujeres.
El problema se mantiene porque la estructura se sostiene. Según explica João Filho en este artículo, publicado en portugués, “el trabajo esclavo moderno es un problema inherente al sistema de producción capitalista. Contrariamente a lo que se dice, la esclavitud no terminó con la llegada del capitalismo. Sólo adoptó nuevas formas con el paso del tiempo. Las personas en situaciones vulnerables, como la pobreza extrema y la inmigración ilegal, aceptan cualquier condición de trabajo para no morir de hambre. Los capitalistas se aprovechan de esta situación creada por el propio capitalismo para reducir el coste de su mano de obra y aumentar sus beneficios”.
Dicho análisis encuentra sustento en un hecho posterior a la situación denunciada en Bento Gonçalves. En una nota presentada por el Centro de Industria, Comercio y Servicios de Bento Gonçalves, el organismo apunta que “situaciones como esta, lamentablemente, también están relacionadas con un problema: (…) la falta de mano de obra y la necesidad de invertir en proyectos e iniciativas que permitan minimizar este gran problema. Hay una gran parte de la población con plenas condiciones productivas y que, aun así, está inactiva, sobreviviendo a través de un sistema de bienestar que no tiene nada de saludable para la sociedad”.
Para una parte importante de la élite económica brasileña, las políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los más pobres resultan un impedimento para que las empresas puedan contratar mano de obra barata. A pesar de ser absurda, esta idea es la que justifica el impulso de actividades ilegales como la denunciada recientemente en Rio Grande do Sul.
La naturalización de la cultura esclavista no responde solamente a los lucros que de ella se obtienen, sino a una tradición donde, a pesar de los avances sociales en términos de integración, todavía se mantiene viva la lógica de explotación.
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