En un momento en el que el mundo entero lucha contra la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con el apoyo de Turquía, ha iniciado hostilidades no provocadas contra la República de Artsakh, conocida también como Nagorno Karabakh.
El pasado 27 de septiembre, sobre las 07:10 horas, Azerbaiyán comenzó un ataque militar a gran escala contra Artsakh. Turquía, que apoya abiertamente la agresión azerbaiyana, participó con el envío de militantes sirios, convirtiéndose en cómplice del ataque a la población civil armenia. Como consecuencia del ataque aéreo y con misiles, el mismo día, una niña de 9 años y una mujer fallecieron. A los tres días, Armenia contabilizó cuatro vidas civiles más, así como numerosos daños causados a objetos, propiedades e infraestructura civil, lo que significa una violación del Derecho Internacional Humanitario. A día de hoy, son 14 las víctimas civiles de la agresión azerí: entre ellos niños, mujeres y ancianos. Estas pérdidas y daños se corroboran a través de pruebas como imágenes y vídeos publicados por periodistas que informan desde Artsakh, que claramente muestran el bombardeo de asentamientos pacíficos en las ciudades de Stepanakert, Hadrut, Martuni y Martakert, ubicadas en el territorio de Artsakh.
Si bien las autoridades azerbaiyanas culpan a Armenia de iniciar las hostilidades, un análisis de los acontecimientos que llevaron al ataque ofrece una imagen completamente diferente.
Aproximadamente una semana antes del suceso, el 21 de septiembre, Azerbaiyán inició la movilización de sus reservas. A esto se unieron las acciones de la policía azerí, que durante el mismo período comenzó a confiscar camionetas civiles con el pretexto de que los vehículos debían someterse a controles mecánicos obligatorios. Dos días antes del ataque, Azerbaiyán rechazó la solicitud de la OSCE de supervisar la línea de contacto con Artsakh. Además de lo anterior, este país cerró su principal aeropuerto internacional, bloqueó la entrada de medios extranjeros distintos a los turcos y azeríes, y cerró las plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube, WhatsApp y TikTok. Si bien esta no es una prueba directa de haber iniciado la agresión, es evidente que, a través de tales acciones, buscaban controlar la narrativa que entra o sale de su territorio. Mientras que, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Armenia acreditó a unos 200 periodistas extranjeros de más de 50 destacados medios de comunicación internacionales, la mayoría de los cuales ya se encuentran en Armenia y Artsakh.
El 1 de octubre, los ataques contra asentamientos civiles provocaron lesiones entre los periodistas que desempeñaban sus funciones, lo que significó una amenaza directa para la libertad de expresión y la información independiente sobre el terreno. Entre los heridos estaban dos periodistas franceses del diario Le Monde, que fueron trasladados en avión al Hospital Erebuni de Yerevan, capital de Armenia. También resultaron heridos dos periodistas locales, el camarógrafo Aram Grigorian y el corresponsal Sevak Vardumian. Dmitry Yelovsky, del canal de ruso Dozhd TV también presenció el bombardeo, pero logró escapar. Azerbaiyán atacó también un automóvil que transportaba a periodistas de la agencia francesa French-Presse.
La Asociación de Periodistas Europeos (AEJ) ha comunicado: “La AEJ está profundamente preocupada por los bombardeos azerbaiyanos que han herido a periodistas armenios y extranjeros que cubren el conflicto en Nagorno Karabakh. Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia contra periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación e instamos a las autoridades azerbaiyanas a que permitan un acceso seguro a los medios de comunicación internacionales. Azerbaiyán también debería abandonar la restricción del acceso a internet y el cierre de las plataformas de redes sociales”.
En el tercer día de las hostilidades, Azerbaiyán abrió fuego e inició un bombardeo en la región de Vardenis, territorio de la República de Armenia, ampliando la geografía de sus acciones militares. El ataque, documentado con imágenes y pruebas, afectó a infraestructura y objetos civiles, y provocó el incendio de un autobús civil. Si bien Azerbaiyán alega que las fronteras de Artsakh están en disputa, las fronteras de la República de Armenia están reconocidas internacionalmente. Por lo tanto, una ofensiva no provocada contra el territorio internacionalmente reconocido como estado soberano establece aún más el estatus de Azerbaiyán como agresor, violando la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Incluso la guerra tiene sus reglas, nacidas a través de siglos de conflictos inhumanos y sus devastadoras consecuencias. En el núcleo de estas leyes, hay un principio muy simple: “Durante la guerra, no se debe atacar a los civiles”. Esto incluye objetos y propiedades civiles tales como escuelas, vehículos y granjas; infraestructura civil como carreteras y hospitales; y sobre todo población pacífica que no porta armas.
En esencia, Azerbaiyán quiere Artsakh, pero sin su población armenia e indígena. Si Artsakh cayera alguna vez bajo el dominio azerí, no hay garantía de que cesasen las violaciones de los derechos humanos y el desprecio por la vida y la dignidad humanas de la población armenia local por parte de las autoridades azerbaiyanas. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario: no es tontería ni romanticismo. Se trata de transgresiones gravísimas que son juzgadas en tribunales legítimos.
¿Por qué ocurre esto? Siguiendo la agenda del panturquismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, desea implementar un claro objetivo: unificar cultural y políticamente a todos los pueblos turcos. El único territorio que rompe la proximidad física y se convierte en un impedimento es el pueblo armenio. Turquía, encabezada por Erdogan, tendría una influencia política militar y sin precedentes si esta agenda tuviera éxito.
Las declaraciones de resolver el conflicto únicamente por medios militares solo han sido formuladas por la parte azerbaiyana. El comienzo o incluso la provocación de la guerra por parte de Armenia, con una población de aproximadamente tres millones de personas, contra Azerbaiyán, con una población de diez millones y apoyado directamente por Turquía y sus 80 millones de habitantes, y particularmente en una pandemia global, va en contra de toda lógica.
El hecho de que Azerbaiyán haya iniciado esta agresión en tiempos de crisis, en los que el mundo entero se está uniendo para combatir la pandemia del Covid-19, es completamente inaceptable. La profundización y el agravamiento previstos de la pandemia a raíz de acciones tan irresponsables tendrán graves repercusiones más allá de las fronteras de cualquier país, y deberían ser motivo de grave preocupación para la comunidad internacional.
En conclusión, la agresión no provocada de Azerbaiyán, la participación directa de Turquía, en particular mediante el reclutamiento de mercenarios rebeldes sirios, los ataques directos contra las fronteras internacionalmente reconocidas de la República de Armenia, junto con las acciones militares indiscriminadas contra civiles, infraestructura y objetos – todo ello apunta en una dirección: Azerbaiyán y Turquía tienen plena responsabilidad militar, política y legal por el desencadenamiento y desarrollo de las hostilidades actuales y sus consecuencias legales, regionales y globales.
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