
Organizaciones sindicales internacionales y activistas han calificado el despido como un ataque a la libertad sindical y a la solidaridad con Palestina.
Por Ernesto Vílchez | 21/12/2025
En un caso que ha generado controversia en el ámbito laboral sueco y ha resonado en el movimiento internacional por los derechos humanos, Erik Helgeson, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Suecia (Svenska Hamnarbetarförbundet, SDU), fue despedido por la empresa Gothenburg RoRo Terminals (GRT). Un despido que se produce como represalia por su liderazgo en una movilización sindical contra el envío de material militar a Israel, en medio del genocidio en Gaza. A pesar de que la acción sindical fue declarada legal por los tribunales laborales, Helgeson ha perdido su empleo tras un proceso judicial que culminó este mes de diciembre.
La movilización solidaria
La controversia se remonta a diciembre de 2024, cuando los miembros del sindicato portuario votaron por un amplio margen (68%) a favor de bloquear el manejo de cargamentos militares destinados a o provenientes de Israel. Esta decisión se enmarcaba en una muestra de solidaridad con el pueblo palestino y en respuesta al llamado internacional para boicotear el apoyo militar al régimen israelí durante la masacre en Gaza. La acción se materializó en enero de 2025 con un bloqueo de seis días en el puerto de Gotemburgo, uno de los más importantes de Suecia para el comercio marítimo.
La patronal del sector, representada por empresas como GRT, calificó la huelga como ilegal, argumentando que interfería con operaciones comerciales y violaba obligaciones contractuales. Sin embargo, en febrero de 2025, el Tribunal Laboral sueco (Arbetsdomstolen) falló a favor del sindicato, confirmando la legalidad del bloqueo como una acción sindical protegida por la ley sueca. A pesar de esta victoria legal, el mismo día del fallo, GRT notificó a Helgeson su despido, citando supuestas violaciones a la Ley de Protección de Seguridad (Säkerhetsskyddslagen) y riesgos para la «seguridad nacional».
Helgeson, de 42 años y con una larga trayectoria en el sindicato, defendió la acción como un acto de solidaridad internacionalista. En entrevistas para la prensa, ha expresado que el bloqueo buscaba evitar que el material militar contribuyera al sufrimiento en Gaza, alineándose con llamados de organizaciones como Workers in Palestine. «No se trata solo de mí; es sobre el derecho de los trabajadores a tomar posiciones éticas sin represalias», declaró Helgeson en una entrevista con el medio sueco ETC.
El proceso judicial y las represalias
Tras el despido, el sindicato presentó una demanda contra la empresa, alegando que la terminación del contrato era una violación al derecho de asociación sindical y una represalia por actividades legítimas. El caso escaló hasta el Tribunal Laboral, donde en diciembre de 2025 se dictaminó que el sindicato había presentado la demanda fuera de plazo, lo que resultó en la confirmación del despido de Helgeson. Aunque el tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar si el despido vulneraba derechos fundamentales, Helgeson no podrá recuperar su puesto ni su salario retroactivo.
Organizaciones sindicales internacionales y activistas han calificado el despido como un ataque a la libertad sindical y a la solidaridad con Palestina. Campañas de apoyo, como la impulsada por Workers in Palestine, han recolectado firmas y fondos para respaldar a Helgeson, destacando que su caso ejemplifica cómo las empresas privadas pueden usar pretextos de «seguridad» para silenciar voces críticas. En redes sociales, figuras como el eurodiputado Jonas Sjöstedt han expresado solidaridad, afirmando que Helgeson «debería recibir una medalla en lugar de un despido».
Por su parte, la empresa GRT ha defendido la decisión, argumentando que las acciones de Helgeson representaban un riesgo para las operaciones del puerto y el cumplimiento de contratos internacionales. Sin embargo, el despido ocurrió inmediatamente después de la validación legal del bloqueo, evidenciando motivaciones políticas más que laborales por parte de la empresa.
Implicaciones para el movimiento sindical
Este caso ha avivado el debate en Suecia sobre la criminalización y la persecución del sindicalismo en el país. En un contexto global donde los portuarios en Europa, como en Grecia, Bélgica y España, han adoptado medidas similares contra envíos de material militar a Israel, el despido de Helgeson podría ser una advertencia de cara a futuras acciones de solidaridad internacionalista.
Helgeson, quien continúa activo en el sindicato, ha enfatizado que la lucha no termina aquí. «Esto no es solo sobre un empleo; es sobre principios. Podemos ser parte de un movimiento más amplio para detener el comercio de armas con regímenes que violan los derechos humanos», dijo en una entrevista reciente con el medio turco Evrensel.
«Tomar posiciones éticas sin represalias». Al sindicalismo portuario no se le puede escupr en la cara.