Gaici Nah, jefe de operaciones en la Oficina saharaui de Coordinación de Actividades Relativas a Minas (SMACO) “No hay una reacción activa por parte del Gobierno Mauritano en este tema, no me consta.”
Por Héctor Santorum | 30/03/2024
Según la información obtenida por este estudio de 161 víctimas analizadas, el 49 % fueron asesinadas, el 23,60 % sufrieron varias lesiones, mientras que el 13,4 %, por lo que no resultaron heridos y el resto no se ha podido verificar las consecuencias.
La SMACO responsabiliza al Gobierno español por permitir el vuelo, en el espacio aéreo controlado por el Estado español, de los drones marroquíes que asesinan a civiles desarmados en territorio controlado por el Frente Polisario.
La región del Sáhara Occidental ha sido testigo de una escalada de violencia alarmante en los últimos años, con el uso despiadado de drones militares por parte del ejército marroquí.
Estos ataques, dirigidos específicamente contra civiles en los territorios liberados al este del muro, han dejado un rastro de devastación y sufrimiento en la población civil de la región.
La proporcionalidad de cualquier ataque depende de la importancia militar del objetivo tal y como lo estipulado en el artículo 51.5 (b) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, y se consideran ataques indiscriminados aquellos dirigidos contra objetivos civiles, por tanto, están prohibidos.
La SMACO ha verificado información sobre dos casos, uno civil y otro militar, en los que no se respetan estos principios:
El primer caso es el del joven Deidih Mahmoud Hueibita quien fue bombardeado por un misil lanzado por un dron, el 24 de noviembre de 2022 en la región fronteriza de Ahfir, entre Mauritania y el Sáhara Occidental, cuando intentaba socorrer las víctimas de un ataque sorpresa por drones marroquíes, en la misma región.
El segundo caso, único caso militar incluido en este estudio al considerar que se han violado los principios de guerra. Se trata del joven Jatra Buchraya, asesinado el 25 de noviembre de 2022 a las 13h20 en la región de Atmaimichat Agzumal.
Es lo que se desprende del testimonio de su compañero de lucha y único superviviente Ahmed Salem Brahim Mohamed, que conducía el coche, dijo: “fuimos objeto de un ataque directo. Durante esta agresión al este de Atmaimichat Agzumal, el primer misil nos alcanzó y, debido a la gravedad del impacto, salí disparado del auto, y el coche siguió moviéndose por decenas de metros hasta que se detuvo… Mi amigo y compañero se bajó y caminó hacia donde estoy para ayudarme. Intentaba en vano tomarme de la mano para alejarme del lugar. De repente dispararon otro misil directo y lo único que vi fue una nube de humo, y varios pedazos de su cuerpo me golpearon en todo el cuerpo”.
Otro coche civil mauritano, según este sobreviviente que vino a rescatarnos, sin embargo y según el testigo afirma que el coche fue alcanzado por un tercer misil matando a sus tres ocupantes, todos buscadores de oro.
Durante los años 2021, 2022 y 2023, estos ataques se han convertido en una realidad para los residentes del Sáhara Occidental, con consecuencias desgarradoras. Un informe reciente de SMACO destaca la gravedad de esta situación, resaltando la urgencia de abordar estas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
El tono del informe es claro: es imperativo tomar medidas concretas para proteger a los civiles y garantizar su seguridad en medio de este conflicto en curso.
La colaboración entre Marruecos e Israel ha fortalecido aún más estas operaciones militares, con la entrega de tecnología militar avanzada, incluidos los drones. Esta asociación ha contribuido significativamente al aumento de los ataques con drones en la región, exacerbando la crisis humanitaria en curso y poniendo en peligro la vida de civiles inocentes.
Los drones utilizados en estos ataques están equipados con tecnología sofisticada que les permite identificar y atacar a objetivos civiles con precisión. La distribución geográfica y temporal de estos ataques revela un patrón alarmante, con un aumento significativo en los meses de invierno y un enfoque particular en áreas desérticas densamente pobladas.
Las víctimas de estos ataques representan un amplio espectro de la población, desde viajeros, representan el 58,4 % de las víctimas, hasta buscadores de oro, constituyen el 36,3 % de las víctimas, y pastores de animales,representan el 5,3 % de las víctimas. La mayoría de las víctimas son hombres adultos, pero también se registran mujeres y niños entre los afectados.
El 94,47 % de las víctimas son hombres y el 5,59 % son mujeres. El 96,1 % de las víctimas son adultos, mientras que el 2,4 % son niños. Respecto al tipo de daño, el 49 % de las víctimas fueron asesinadas, el 23,60 % sufrieron varias lesiones, el 13,4 % no resultaron heridos y el resto no se pudo verificar las consecuencias.
Se destaca que la mayoría de las víctimas en el norte son ciudadanos saharauis, mientras que en el sur la mayoría son ciudadanos mauritanos. También se han registrado víctimas de otros países, como tres comerciantes argelinos asesinados en noviembre de 2021.
Las víctimas saharauis representan el 49 % del total, seguidas por ciudadanos mauritanos con el 40 % y argelinos con el 2,4 %. Un 7,9 % de las víctimas no ha podido ser identificado debido a diversas circunstancias.
En los años cubiertos por el estudio (2021, 2022 y 2023), la proporción de ataques fue del 45 % en 2021, 41,73 % en 2022 y 13,27 % en 2023.
El mes con los ataques más cuantiosos en los tres años consecutivos fue noviembre, representando el pico con alrededor del 52,7 % del total de ataques. El 45,20 % de los ataques se produjeron en las regiones del norte, frente al 54,79 % en el sur.
Se destaca que los ataques se llevaron a cabo en áreas desérticas abiertas, áridas y vacías de vegetación, lo que facilitaba la identificación de objetivos civiles.
Además, durante las actividades relacionadas con la búsqueda de oro, el 76,25 % de las víctimas son mauritanos y el 23,75 % son saharauis.
Además de las pérdidas humanas, los ataques con drones han causado daños materiales significativos, incluida la destrucción de vehículos, casas y tiendas de campaña. Las matanzas de ganado han impactado negativamente en la economía de muchas familias, y los desplazamientos de población han creado una crisis humanitaria aún más profunda.
Se verificó la destrucción total o parcial de más de 66 vehículos ligeros, incluyendo 58 coches todo terreno, 4 camiones cisterna que abastecían de agua potable a familias sedentarias y nómadas, y 6 camiones grandes pertenecientes a saharauis, mauritanos y argelinos.
Estos ataques flagrantes violan los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, incluida la distinción, la proporcionalidad y la precaución.
La comunidad internacional es objeto de críticas por su pasividad frente a estos ataques.
Para enriquecer nuestra comprensión sobre este asunto, tenemos como recursos a Gaici Nah, quien ejerce como jefe de operaciones en la Oficina saharaui de Coordinación de Actividades Relativas a Minas (SMACO), y a Abdeslam Aomar Lahsen, quien ocupa el cargo de Presidente en AFAPREDESA.
Héctor Santorum: ¿Qué elementos probatorios faltan actualmente para la realización de una acción jurídica?
Gaici Nah: A nosotros lo que nos concierne es la parte técnica, lo que concierne a la parte jurídica depende del Comité Saharaui de Derechos Humanos y la Asociación de Víctimas.
Héctor Santorum: ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno Mauritano y del Gobierno Saharaui en esta cuestión?
Gaici Nah: No me consta una reacción activa por parte del Gobierno Mauritano en este tema. No están haciendo nada. Nosotros consideramos que los civiles mauritanos dependen del Gobierno Saharaui, es responsabilidad jurídica, política y moral, porque el crimen ocurrió en territorio saharaui. Estamos llevando el dossier de todas las víctimas sin ningún tipo de distinción en el territorio.
Héctor Santorum: ¿Cómo está siendo la colaboración internacional en este ámbito?
Gaici Nah: Nuestro trabajo se realiza de forma independiente, sin colaboraciones con ONGs ni patrocinios. Somos una institución del POLISARIO pero nos guiamos por los estándares internacionales, con el rigor y profesionalidad que exige este a pesar de las dificultades, somos una oficina técnica. Somos una fuente fidedigna para la propia MINURSO.
Héctor Santorum: ¿Por qué no se ha realizado ya una querella sobre este caso?
Abdeslam Aomar Lahsen: Es un proceso que lleva su tiempo, hay que recopilar toda la información dentro de este panorama.
Dentro de los territorios liberados hacer investigaciones científicas es complicado dada la situación de guerra y sobre todo los ataques con drones. Los vamos a valorar para hacer esfuerzos.
Héctor Santorum: ¿Cuál es la razón detrás de la demora en la presentación de una querella en este caso en particular?
Abdeslam Aomar Lahsen: Es cierto que hemos tardado mucho. Faltan elementos probatorios y testimonios. Estamos valorando la situación con los abogados.
Los abogados son unos trabajadores desinteresados, no cobran por su trabajo. Hay varias acciones que estamos barajando y las vamos a decidir muy pronto. Este asunto debe salir a la luz.
Héctor Santorum: ¿Sería factible iniciar un procedimiento judicial en España en relación a este caso y dirigido contra España?
Abdeslam Aomar Lahsen: Tenemos una jurisprudencia bastante avanzada, las víctimas tienen vínculos con España, ya sea por nacionalidad o población de un territorio no autónomo protegidos por la Carta de la ONU.
España está obligada por ley a investigar este caso. Es el caso 40/2014, de Baby Liamday Buyema, firmada por Marlaska, reconoce una competencia territorial.
Por otro lado, España tiene la competencia Universal y es la responsable de la gestión del espacio aéreo saharaui. Esto en su momento lo valoraremos con los abogados. España tiene al menos una responsabilidad por omisión, de los crímenes que se cometen en el territorio.
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