En previsión del nuevo escenario sin fuerzas militares extranjeras, Mali, Burkina Faso y Níger conformaron a partir del 2023 la Alianza Estados del Sahel (AES), con carácter de defensa mutua.
Por Guadi Calvo | 25/10/2026
Desde hace más de una década, el centro del Sahel (Mali, Burkina Faso y Níger) se convirtió en uno de los principales frentes de guerra del terrorismo wahabista, donde operan dos poderosas khatibas en búsqueda de establecer un emirato: el Jama’at Nasr al-Islām wal Muslimin (Grupo de Apoyo al Islām y los musulmanes) o JNIM, el que se ha convertido en la franquicia de al-Qaeda más poderosa del continente con cerca de 8 mil combatientes, y el Daesh para el gran Sahara, ahora denominado ISSI-Sahel, con poco más de dos mil.
En lo que va de la guerra desde 2012, las cifras superan los 10 mil, ya que año a año se incrementan en miles, tanto de civiles como militares, lo que provocó el desplazamiento forzoso de más de cinco millones de personas, además de arrasar aldeas, plantaciones agrícolas, sacrificar miles de cabezas de ganado, ocupar ciudades, bloquear el abastecimiento de productos esenciales y combustibles en amplios sectores urbanos de las tres naciones. Convirtiendo el secuestro extorsivo en una de sus tantas fuentes de financiación, entre la que también se anotan el tráfico de personas, se encargan de la protección de las rutas usadas por el narcotráfico que desde el golfo de Guinea llegan a la costa sur del Mediterráneo para continuar hacia Europa y a lo que se le suma toda clase de contrabando.
Estos grupos además han reclutado de manera compulsiva a miles de jóvenes, al tiempo que las mujeres suelen ser convertidas en sus esclavas sexuales o vendidas a redes de traficantes. Lo que han utilizado para su expansión a los países ribereños del golfo.
Quizás uno de los hechos que mejor testimonian la perversidad de estas organizaciones es lo que sucede desde hace al menos tres años en el norte de Burkina Faso, donde el gobierno central se ha visto obligado a cerrar prácticamente la totalidad de sus escuelas de la región norte, donde no solo operan el JNIM y el ISSI-Sahel, sino también un grupo autóctono fundado en 2016, autodenominado Ansarul Islām (en español, Defensores del Islam), después de que maestros hayan sido asesinados por el hecho de cumplir con su tarea.
Sus acciones en esos tres países se han incrementado exponencialmente a partir del 2020, tras la concatenación de movimientos nacionalistas, encabezados por militares jóvenes, que desalojaron del poder gobiernos prooccidentales, corruptos, que utilizaban en beneficio personal los recursos del Estado en vez de invertirlos en la guerra contra el terrorismo. Tras las asonadas, los nuevos gobiernos de Bamako, Ouagadougou y Niamey siguieron caminos similares respecto a replantear la guerra, la expulsión tanto de empresas como de misiones militares francesa y norteamericanas, terminando con los abusos que cometían en la explotación de sus recursos naturales, los que eran protegidos por esas mismas fuerzas que a la vez fungían como fuerzas de ocupación, y presionando sobre las políticas internas de esos gobiernos.
En previsión del nuevo escenario sin fuerzas militares extranjeras, Mali, Burkina Faso y Níger conformaron a partir del 2023 la Alianza Estados del Sahel (AES), con carácter de defensa mutua, solicitando además la asistencia militar rusa encarnada en Africa Corps, oficialmente Cuerpo Expedicionario Ruso (REK), que suplantó al antiguo y controversial Grupo Wagner, asistiendo a los ejércitos de la AES, principalmente en el entrenamiento de personal, inteligencia y vigilancia satelital y territorial.
El incremento de las acciones terroristas coincidió con la expulsión de las fuerzas militares occidentales y el cierre de explotaciones mineras de aquellas naciones, “fenómeno” que muchos analistas han interpretado que el renovado impulso de los muyahidines está basado en la asistencia militar, bajo cuerda, de franceses y norteamericanos, y últimamente también agentes ucranianos, que se sumaron al financiamiento que los takfiristas recibían desde el principio, aproximadamente 2012, de parte de las monarquías del Golfo Pérsico, fundamentalmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), esta última nación lanzada a convertirse en un factor de poder en África, sosteniendo y financiando a diferentes khatibas que operan en diferentes países del continente, y también participando a favor del Grupo de Apoyo Rápido (FAR), uno de los dos bandos inmersos en la guerra civil de Sudán desde abril del 2023.
Abu Dabi está interviniendo fuertemente en Somalia y en el conflicto regional de Etiopía, que parece estar precipitado a un nuevo capítulo de la guerra civil entre el Estado central y la provincia de Tigray, como la que se extendió entre 2020 y 2022, aunque en esta oportunidad la Kililoch rebelde cuenta con el apoyo de otras seis regiones etíopes, las que han conformado la Alianza para la Supervivencia de las Fuerzas Populares de Etiopía (Tsimdo) (Ver: Etiopía, un naufragio más), a la que se ha sumado en las últimas semanas el poderoso ejército eritreo, dándole al conflicto un perfil internacional, el que podría sumarse en primera instancia Egipto, por cuentas pendientes que tiene con Addis Abeba, a partir de la significativa baja en el flujo del río Nilo, tras la puesta en marcha de la Gran Represa del Renacimiento Etíope, una inversión china de más de 5 mil millones de dólares.
La nueva guerra del Sahel
Desde agosto último, recrudecieron los enfrentamientos entre el JNIM y el Daesh-Sahel, que se iniciaron en 2019. En esta oportunidad, los choques se produjeron en la frontera de Burkina Faso y Mali, y en proximidades de Níger se han comenzado a registrar combates, no solo por cuestiones territoriales, sino también doctrinarias. El JNIM se muestra menos riguroso para aplicar la Sharia (ley islámica) a diferencia de sus rivales, que lo hacen con todo el peso que esas leyes imponen, incluso con los civiles, una diferencia que fue fundamental en la división entre Boko Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) en Nigeria, lo que provocó la muerte de los dos emires más importantes de ambas organizaciones: el histórico emir de Boko Haram, Abubakar Shekau, en mayo de 2021, y en agosto de ese mismo año, de Abu Musab al-Barnawi, el líder del ISWAP.
Las diferencias que han impedido cualquier alianza y han provocado enfrentamientos en otros escenarios, como lo fue en Siria, Irak, Libia, Nigeria o Somalia. Lo que en cualquier contexto provocó y sigue provocando deserciones de combatientes de un bando a otro.
El pasado viernes nueve de octubre, en Gonadaouri, en la provincia burkinesa de Oudalan, conocida por sus reservas de oro, principalmente las de Essakane, la mina de oro más grande del país, según fuentes del Daesh, un combate que habría dejado más de 400 muertos entre los combatientes del JNIM, además de haberles incautado 100 motocicletas y centenares de armas.
Las cifras, que como siempre en estos casos son extremadamente aleatorias, más allá de otras fuentes, confirman que el volumen de muertos por ambos bandos en la batalla fue elevado, además de consignar la muerte de un emir del Daesh. En tanto, el JNIM no ha comunicado nada sobre esos enfrentamientos. De confirmarse esta información, Oudalan se convertiría en el enfrentamiento más sangriento nunca antes registrado entre las dos organizaciones en ningún otro contexto, ni siquiera en Siria, que fue el punto más caliente de las guerras inter-khatibas.
Más allá de los verdaderos resultados de esos enfrentamientos, en los que, es cierto, han participado centenares de milicianos, lo que le da dimensión al verdadero volumen del problema de seguridad que enfrentan los países del Sahel, y no solo los que pertenecen a la AES.
Ambas organizaciones ocupan y compiten no solo por la conquista del mismo espacio geográfico, sino que también disputan los mismos núcleos de reclutamiento, particularmente de la etnia fulani, pastores trashumantes. Esa “moderación” del JNIM, que ya han mostrado en las aldeas y ciudades que han ocupado, le ha permitido al menos la intención de hacer un llamado a los civiles de unidad contra el gobierno malí del general Assimi Goïta.
Esas políticas por parte del JNIM han provocado mayores diferencias con el Daesh-Sahel, que mantiene sus posturas intransigentes y un accionar mucho más violento, incluyendo a la población civil.
A principios de septiembre, se sucedió la batalla en Kacham, a unos treinta kilómetros al norte de la frontera con Malí. En esa oportunidad, el Daesh dice haber asesinado a más de 200 combatientes del JNIM y, tras capturar a una treintena, haberlos ejecutado.
Uno de los puntos que pudo haber precipitado esta nueva fase del enfrentamiento puede haber sido la ejecución a mediados de julio, por tributarios de al-Qaeda, de Sadou Samahouna, uno de sus comandantes en Burkina Faso, quien, tras renunciar en enero, se unió al Daesh. Desencadenando una cadena de venganzas y represalias, que han ido elevando el conflicto hasta la magnitud que tiene ahora. El que, desde su inicio en 2019, ya registra más de 320 enfrentamientos con un saldo de 2200 muertos, sin contar los muertos que se han producido desde julio último.
Este agravamiento del conflicto entre los terroristas no deja de ser una buena noticia para las naciones del AES. Mientras que algunas fuentes dicen que tanto el presidente malí, el general Goïta, como su par burkinés, el capitán Ibrahim Traoré, han alentado pactos informales de no agresión con el Daesh, para debilitar al JNIM, en una guerra que empapa de sangre las arenas del Sahel.
Se el primero en comentar