Ningún problema actual en lo que se refiera al campo de la seguridad de Pakistán puede dejar de considerarse sin la injerencia de India, de lo que no se cuenta con pruebas, aunque tampoco dudas.
Por Guadi Calvo | 28/09/2026
Arabia Saudita y Turquía no necesitaban la opinión de expertos para saber que Pakistán iba a resultar el peor socio posible. Antes de haber firmado el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca el pasado 7 de agosto, lo único que Pakistán tiene para ofrecer es su arsenal nuclear, que en el actual contexto es una pieza imposible de ser jugada. A cambio de muchísimos problemas: la grave y crónica situación económica que lo ha llevado a convertirse en el cuarto deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI), y la insostenible situación política.
El gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif, que llegó al poder tras una operación articulada por los Estados Unidos, el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y la familia Sharif, parte central del entramado político y financiero del país, perplejos por el rumbo renovador que le había impreso a su gobierno el primer ministro Imran Khan, que en los tres años y medio (2018-2022) de su mandato, antes de ser destituido y encarcelado con un juicio amañado y causas inventadas de corrupción, había comenzado a alejarse de Washington, mientras se acercaba a Moscú y a Beijing.
En este marco, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido de Khan, prepara para el próximo cuatro de octubre una marcha en todo el país, que se espera multitudinaria, para reclamar su liberación, ya que los informes sobre su salud son cada vez más comprometidos. Mientras, decenas de dirigentes del PTI, funcionarios provinciales, como el primer ministro (gobernador) de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, junto a las tres hermanas de Khan, quienes se han puesto a la cabeza de los reclamos, han sido encarcelados en estos últimos días, acusados de “representar una grave amenaza para la seguridad nacional”.
En prevención de lo que se espera, no solo una marcha masiva, sino también activa, el gobierno ha militarizado la capital, Islamabad, de tres millones y medio de habitantes, y ya ha comenzado a bloquear sus accesos terrestres, utilizando más de mil contenedores, miles de bolsas de arena para obstaculizar el tránsito por los puentes y los nudos carreteros, los que son controlados entre unos 22 mil policías y otros cuerpos de seguridad. Está media; a más de una semana de llevarse a cabo la manifestación, ya está provocando desabastecimiento en algunos rubros.
Inútilmente, el actual gobierno, desde la destitución y encarcelamiento de Khan, de 73 años, ha comenzado una campaña con la que intenta borrar su nombre de la memoria pública, prohibiendo ser mencionado en los medios de comunicación. Una tarea compleja, ya que Khan no solo sigue siendo el político de mayor popularidad en lo que va del siglo, sino que, además, como jugador de críquet, el deporte más popular de Pakistán, fue la figura deportiva de mayor trascendencia del país.
Si bien la situación económica y política comprometen de sobremanera la continuidad del gobierno del tándem Shehbaz Sharif – Asim Munir, el eslabón más débil de la cadena que aprisiona a los 260 millones de pakistaníes es el de la seguridad, ya que deben enfrentar múltiples frentes de conflictos armados internos y una guerra con Afganistán desde el 27 de febrero, que, aunque larvada, las acciones esporádicas pueden provocar en cualquier momento una escalada difícil de contener. (Ver: Afganistán-Pakistán: la guerra sin tiempo).
El jueves 24, Pakistán realizó una serie de ataques aéreos contra una decena de blancos en Afganistán, en los que habrían muerto una treintena de milicianos, en respuesta a dos ataques con ocho drones y disparos de morteros y otras armas pesadas contra puestos fronterizos paquistaníes, según se cree en represalia de que efectivos paquistaníes habrían impedido una infiltración de militantes del Tehrik-e-Talibán Pakistán (TTP), que desde hace años intenta instalar mullahs en su país. A los que Islamabad acusa de terroristas financiados por Nueva Delhi y a los que Kabul, desde la llegada de los mullahs al poder en agosto de 2021, les estaría brindando asistencia y cobijo en su territorio, lo que ha significado la principal causa de esta guerra.
Los ataques pakistaníes fueron contra las provincias afganas de Kandahar, Paktia y Khost, en el sur y el este del país, provocando la muerte de al menos cuatro civiles. Esta nueva escalada pone en riesgo la mediación de China, Turquía, Qatar y Arabia Saudita para establecer un acuerdo de paz duradero entre Kabul e Islamabad.
También en la zona de Hangu, un distrito de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (K-P), vecina a la frontera afgana, hubo enfrentamientos en los que murieron seis efectivos paquistaníes.
El viernes 18, un ataque suicida se produjo en Kohat, en la provincia de K-P, contra una mezquita que dejó más de treinta muertos y unos cien heridos. En su mayoría, policías de una comisaría cercana, que se habían congregado para el Dhuhr, la oración del mediodía y la segunda de las cinco obligatorias.
Este ataque había sido el último de una serie coordinada que se había ejecutado próxima a la frontera afgana. El shahid (mártir) estrelló su vehículo cargado de explosivos contra la mezquita, mientras un comando de unos siete muyahidines intentaba copar la comisaría, aunque la guardia alcanzó a repeler la embestida. Según fuentes oficiales, seis de los atacantes murieron en el intento. En esa misma jornada, otro atacante suicida lanzó su vehículo contra una oficina cercana ocupada por una agencia de inteligencia antiterrorista, responsable de las operaciones contra los insurgentes en Khyber Pakhtunkhwa.
Fuentes locales informaron que los tiroteos continuaron hasta horas después de terminados los ataques coordinados. Si bien ningún grupo reivindicó las operaciones, todo apunta a que fue una acción más de TTP.
El atentado contra la mezquita de Kohat se produjo al día siguiente del encuentro entre el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin, con el primer ministro Sharif, el mariscal Munir y el general Asim Malik. Director General de la poderosa Inter-Services Intelligence (ISI), lo que antes de cualquier interpretación debe entenderse como un desafío a toda la estructura militar y de inteligencia del gobierno pakistaní y una clara demostración de su capacidad operativa. Tras abandonar Pakistán, Kalin se reunió con miembros del gobierno afgano en Kabul, acompañado por un alto funcionario de seguridad de Qatar, quienes intentan bajar las tensiones afgano-pakistaníes.
El frente interno
Ningún problema actual en lo que se refiera al campo de la seguridad de Pakistán puede dejar de considerarse sin la injerencia de India, de lo que no se cuenta con pruebas, aunque tampoco dudas. Ambas naciones cuentan con armamento nuclear; constituyen mutuamente la mayor hipótesis de conflicto.
En el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el vice primer ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, acaba de denunciar que más de 24 grupos terroristas operan dentro de Afganistán, lo que representa una amenaza para la seguridad regional e internacional. Según el informe de Islamabad, esto afecta particularmente a Pakistán, por la presencia del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) junto a su batallón de élite y el escuadrón suicida Brigada Majeed, el Daesh Khorasan (D-K), al-Qaeda y el Movimiento Islámico del Turkistán Oriental (ETIM), que operan abiertamente en Pakistán como los dos primeros grupos y tienen capacidad para hacerlo tanto el D-K como el MITO, mientras al-Qaeda, para no comprometer a sus anfitriones afganos, nunca participa con su nombre en ninguna operación contra Pakistán, ni con ningún otro objetivo posible. Islamabad ha calculado en unos 4.700 los muertos pakistaníes en los últimos tres años, por efecto del terrorismo.
La acusación pakistaní apunta a que estos grupos operan desde territorio afgano, donde se planeaban y ejecutaban, exigiendo a la comunidad internacional medidas “concretas y verificables” para impedir que desde Afganistán se pueda atacar a los países vecinos.
Las tensiones se han intensificado a lo largo de 2026; según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), al menos 372 civiles murieron y 397 resultaron heridos en ataques aéreos pakistaníes y enfrentamientos fronterizos durante los primeros tres meses de 2026. Mientras que el conflicto también afecta el comercio y la circulación entre ambos países, por los repetidos cierres de fronteras que interrumpen el flujo comercial, encarecen los productos y afectan las operaciones humanitarias. Lo que a la endeble economía afgana le cuesta un millón de dólares diarios.
Es que, en este contexto, cuanto Arabia Saudita necesita con urgencia asistencia militar de sus aliados, e India acaba de anunciar que impedirá que Turquía, por sus lazos con Pakistán, pueda alguna vez integrarse a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), una de las estructuras económicas transnacionales más activas del mundo que tiene como socios, entre otros, nada menos que a China, Rusia, India, Pakistán e Irán. Por lo que Ankara, más allá de sus intereses económicos, pretende ingresar a la OCS, para confirmar su aspiración de convertirse en un puente estratégico entre Oriente y Occidente y la cabeza del mundo islámico, lo que no será posible por su acercamiento a Pakistán, evidentemente el peor socio posible.
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