La Ley de Montes ha facilitado la privatización de la extinción de incendios en España, entregando a un oligopolio de empresas privadas un servicio esencial que mueve cientos de millones de euros en contratos públicos.
Por Joan Balfegó | 22/08/2025
En España, la lucha contra los incendios forestales, un servicio esencial para proteger el medio ambiente y la seguridad ciudadana, ha sido privatizada a través de la Ley de Montes, que otorga a las comunidades autónomas la competencia sobre la gestión forestal y la extinción de incendios.
Este marco legal, respaldado por el Real Decreto Legislativo 15/2022 y el artículo 148 de la Constitución Española, ha permitido que las administraciones autonómicas externalicen estas tareas de emergencia a un reducido grupo de empresas privadas, transformando un servicio público crítico en un negocio millonario.
Según una investigación de Público, estas empresas han recibido contratos por valor de 384,61 millones de euros en los últimos dos años solo de las comunidades autónomas, a los que se suman 270 millones del Ministerio de Transición Ecológica, totalizando cerca de 654 millones de euros en fondos públicos.
Un oligopolio privado al mando de la extinción de incendios
La privatización ha dado lugar a un oligopolio dominado por empresas como Avincis, que controla el 80% del mercado de servicios aéreos de emergencias (incendios, salvamento marítimo y emergencias sanitarias), y Pegasus Aero Group, principal operador en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias.
Las comunidades autónomas contratan anualmente unas 200 aeronaves (helicópteros y aviones anfibios) a estas empresas para combatir incendios.
Andalucía lidera el gasto con 83,92 millones de euros, incluyendo un macrocontrato de 62,53 millones adjudicado mayoritariamente a Pegasus.
Cataluña destina 67,7 millones hasta 2027 para 19 helicópteros y dos aviones, mientras que Galicia, una de las regiones más afectadas por los incendios, invierte 48,16 millones.
Otras comunidades, como la Comunitat Valenciana (21,2 millones), Extremadura (20,42 millones) y Madrid (15,15 millones), también dependen de estas empresas para sus medios aéreos.
El Ministerio de Transición Ecológica complementa estos esfuerzos con contratos adicionales, incluyendo un acuerdo trianual de 156,4 millones para 43 aeronaves y adjudicaciones urgentes para la campaña de verano de 2024 por 50 aeronaves más.
Sin embargo, la falta de competencia en el sector, reconocido por el propio Ministerio como un “monopolio de facto u oligopolio” debido a la escasez de fabricantes y operadores especializados, plantea preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Negocio y precariedad laboral
La privatización no solo ha concentrado los beneficios en unas pocas empresas, sino que también ha generado críticas por las condiciones laborales de los trabajadores. El sindicato SLTA denuncia que los salarios de los empleados de estas empresas no se han actualizado con la inflación desde 2015, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 30%, a pesar de que los presupuestos de las licitaciones han aumentado en el mismo porcentaje.
Además, el Tribunal de Cuentas ha señalado ineficiencias en la gestión de los recursos, como la falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que genera duplicidades y gastos innecesarios. La empresa pública Tragsa, que también participa en labores de prevención y extinción, ha sido criticada por su falta de integración en un sistema coordinado.
La transformación de la extinción de incendios en un negocio ha suscitado cuestionamientos sobre la idoneidad de delegar un servicio tan crucial en manos privadas.
Hay que revertir esta privatización e invertir desde el Estado en medios propios, como helicópteros y aviones multifunción que puedan utilizarse durante todo el año, o el uso de drones para una respuesta rápida en las primeras fases de los incendios. También urge reforzar la Unidad Militar de Emergencias (UME) con recursos propios y personal especializado, priorizando la fabricación nacional para reducir la dependencia de operadores privados.
La Ley de Montes ha facilitado la privatización de la extinción de incendios en España, entregando a un oligopolio de empresas privadas un servicio esencial que mueve cientos de millones de euros en contratos públicos.
Este modelo, que prioriza los beneficios empresariales sobre la eficiencia y las condiciones laborales, supone un problema a la hora de gestionar recursos críticos para la seguridad y la sostenibilidad del país. La falta de coordinación, la opacidad en las adjudicaciones y la precariedad laboral contrastan con la necesidad de un sistema público robusto que garantice una respuesta efectiva ante la creciente amenaza de los incendios forestales.
El autor del artículo desconoce la realidad de las empresas y del negocio de extinción de incendios. Ya os aseguro que los trabajadores de estas empresas estarían encantados de pasar a ser funcionarios. Y que el Estado haga una inversión de muchos cientos de millones de euros en comprar aeronaves, pagar los sueldos de pilotos, mecánicos, repuestos y demás para una campaña de incendios que se media dura 4 meses. Y el resto del año? Lo que no dice el artículo es que todas estas empresas tienen sedes en países del otro hemisferio del mundo para amortizar las inversiones tan grandes que implica este negocio. Va el Estado a mandar a los funcionarios a otros países a trabajar? O los va a tener en casa pagándoles sin trabajar cuando se acaba el verano? Seguro que eso es más barato que lo que gastan ahora, seguro!
Aquí un sordo. Nos duele la boca de explicar que la prevención de incendios es labor de 12 meses/año. Y una actividad de interés público tan grande, como para no ser privatizada. Los pilotos de las aeronaves merecen retribuciones justas y CADA MES DEL AÑO, porque tienen que hacer muchas horas de vuelo, para luego ser más efectivos en su trabajo. Y el personal de tierra debe participar con sus conocimientos profesionales en el clareo de montes, preparar cortafuegos de utilidad (es decir, la redundancia de que los cortafuegos corten los fuegos, no como ocurre ahora) y tener bien preparados a sus efectivos, para cuando sean necesitados.
A ver si aprendemos de una vez a distinguir una inversión pública de un gasto público, que el ahorro obtenido con el plan de beneficio empresarial que usted propone, nos va a costar muchísimo más dinero, aparte de pérdidas patrimoniales muy valiosas, e incluso vidas humanas.
De verdad, ya tenemos bastantes «listos», no necesitamos más, gracias.
Un saludo y ¡a leer y aprender más!,
Nuria ☮️
El incendio de la fuente de la bicha de este sábado por la noche no era para quemar un monte sino para hacer desaparecer un restaurante como es el balcón del Genil como se ve en el vídeo que subió dos lenguas de fuego hacia arriba era con la condición de quemar este restaurante de derecha a izquierda y hacerlo desaparecer para siempre, los pirómanos que lo ocasionaron y que fueron clientes de este restaurante no se fueron satisfechos al pagar la cuenta y está era su venganza.