La política de la tortura

Carolina Vásquez Araya

El 10 de diciembre de 1984 la Asamblea General de la ONU adopta y abre -a la firma, ratificación y adhesión- la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un título suficientemente explícito para invitar a los líderes políticos a poner fin a los abusos de los Estados y sus instituciones contra las personas, en cualquier circunstancia, y con el propósito de obligarlos a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Treinta y seis años después resulta evidente el desprecio de los Estados parte por un compromiso tan elemental como indispensable, cuyo propósito es erradicar la violencia y propiciar un camino hacia la paz.

La década cierra con un panorama progresivo de tortura y violación de derechos humanos convertidos en la herramienta estratégica de las potencias y sus aliados. Las manifestaciones ciudadanas contra los abusos de poder de los gobernantes son atacadas con una fuerza más propia de situaciones de guerra que de conflictos políticos surgidos dentro del marco civil. El propósito no puede ser más claro: la violación de los derechos de la población queda establecida como una acción disuasiva no sujeta a la ley y como una prueba de la permisividad de los gobiernos sometidos a presiones de poderosos sectores económicos locales e internacionales.

Los protocolos para enfrentar conflictos ciudadanos y fenómenos como las masivas olas de migrantes, resultado estas últimas de la violencia debida a la corrupción, el crimen organizado o acciones bélicas e invasión de otros Estados por intereses puramente geopolíticos y económicos de las potencias, son ignorados; y, por lo tanto, las fuerzas represivas y de orden actúan con total desapego a las convenciones que norman este tipo de situaciones, a pesar de la ratificación de esos países y su obligación de atender las disposiciones establecidas por ellas.

En suma, el siglo muestra su tendencia a la impune violación de toda ley existente sobre el trato digno y el respeto por los derechos humanos, desde un sistema global cuya prioridad es el expolio de la riqueza de las naciones, la eliminación de cualquier obstáculo en la consecución de esos objetivos –en cuenta el despojo de tierras y la agresión armada contra los pueblos originarios- y la institucionalización de la tortura como instrumento de control ciudadano, una estrategia sumamente efectiva para someter a los pueblos a la voluntad de gobernantes corruptos y dictaduras solapadas bajo marcos constitucionales elaborados a medida.

Uno de los ejemplos más claros de esta degradación en el respeto por leyes internacionales y convenciones firmadas y ratificadas por los Estados –como la ya mencionada Convención contra la Tortura- es lo actuado por el gobierno de Estados Unidos en relación con la niñez migrante. No es necesario ir muy lejos para comprobar las violaciones ejecutadas por las autoridades de migración, quienes obedeciendo disposiciones del mandatario estadounidense han separado a las familias, han internado a niñas, niños y adolescentes de toda edad y condición en campos de concentración, privándoles de todo contacto con su familia y sometiéndolos a un trato cruel e inhumano. En el caso de menores, la privación de su entorno familiar constituye el más claro ejemplo de tortura y una violación indiscutible de la Convención por los Derechos de la Niñez. Así termina el año y comienza otro menos promisorio y con enormes desafíos para los pueblos del mundo.


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