La respuesta española debe ser firme, coherente y soberana: control de fronteras sin fisuras y uso de todos los medios necesarios.
Por Javier Guijarro | 31/07/2026
En las últimas horas, miles de jóvenes marroquíes —según estimaciones que oscilan entre 2.000 y varios miles en un solo día, sumados a más de 1.500 en días previos— han cruzado de forma irregular la frontera hacia Ceuta, a nado por el espigón del Tarajal, bordeando vallas o saltándolas, en una imagen que recuerda de forma inquietante a la crisis de 2021. La ciudad autónoma se encuentra desbordada, con centros de acogida colapsados y las fuerzas de seguridad superadas. El Gobierno español ha anunciado el despliegue de unidades militares para reforzar el control.
Esto no es un fenómeno espontáneo ni un simple “efecto llamada” aislado. Es un episodio más de la estrategia de presión migratoria que el régimen alauita de Mohamed VI ha empleado de forma recurrente contra España. Marruecos ha demostrado, una y otra vez, que cuando quiere controlar sus fronteras y el flujo de personas hacia Ceuta y Melilla, lo hace con eficacia. Cuando le interesa ejercer presión política —por el Sáhara Occidental, por concesiones económicas o por otros intereses geoestratégicos—, relaja o retira de facto el control, permitiendo o facilitando avalanchas que ponen en jaque a las ciudades autónomas españolas. Expertos y sindicatos policiales han descrito estas acciones como herramientas de “guerra híbrida” o chantaje, utilizando a seres humanos como instrumento.
La población marroquí, especialmente jóvenes en busca de un futuro mejor ante las dificultades económicas y sociales de su país, es convertida en carne de cañón. Se les empuja o se les permite arriesgar la vida en el mar o en saltos a las vallas, al servicio de los cálculos del régimen. El coste humano es real: decenas de muertos recuperados en los últimos meses. El coste para España es la desestabilización de territorios soberanos, la saturación de servicios y la erosión de la seguridad fronteriza.
España, como Estado soberano, no puede permitir que esto continúe. La integridad territorial y el control de las fronteras son competencias esenciales e inalienables. Debe existir un control fronterizo firme, efectivo y sostenido. Cuando las fuerzas policiales se ven desbordadas, el despliegue del Ejército —como ya se ha iniciado— resulta legítimo y necesario para garantizar la inviolabilidad de las fronteras y la seguridad de los ciudadanos. No se trata de militarizar la inmigración, sino de defender la soberanía ante una presión deliberada y reiterada. Las devoluciones acordadas con Marruecos y el refuerzo de medios son pasos, pero insuficientes si no se acompaña de una postura clara y disuasoria frente a Rabat.
No puede ignorarse el contexto geopolítico más amplio. Marruecos se ha consolidado como un aliado claro de Estados Unidos y ha estrechado lazos con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham y la cooperación militar posterior. Esta alianza ha reforzado la posición de Rabat en el Magreb, con mayor apoyo militar, reconocimiento de su postura sobre el Sáhara y un papel creciente como socio prioritario estadounidense en África. Para España, esta configuración plantea riesgos reales: debilita su margen de maniobra en el flanco sur, complica la defensa de Ceuta y Melilla y puede condicionar la seguridad nacional en el Estrecho y el Mediterráneo occidental.
La respuesta española debe ser firme, coherente y soberana. Control de fronteras sin fisuras, uso de todos los medios necesarios —incluidas las Fuerzas Armadas cuando proceda—, exigencia de responsabilidad a Marruecos y una política exterior que no subordine los intereses nacionales a presiones externas. Ceuta y Melilla son territorio español. Su seguridad no puede depender del humor o de los cálculos de un régimen vecino que utiliza la migración como arma.
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