El crimen de Marielle Franco renueva la preocupación por el carácter de la democracia en Brasil. Ya son más de doce los líderes y activistas asesinados este año en muertes con “características políticas” según los datos oficiales –número que representa el doble de lo verificado en el 2017 hasta esta altura del año–.
El miércoles 24 de enero el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación “Lava Jato”, ampliando la pena del fallo por el que fue condenado en julio del año pasado (nueve años y medio de cárcel)
Los eventos y movilizaciones, como la que ocurrirá seguramente el próximo 10 de noviembre en varias ciudades brasileñas, convocada por las principales centrales sindicales y movimientos sociales y políticos en respuesta a la implementación de la reforma laboral, se convierten en momentos claves desde el punto de vista de la resistencia.
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