Diversos hechos acaecidos alrededor de la filtración de los correos intercambiados entre González Amador y la Fiscalía podrían ser considerados como pruebas exonerantes para el exfiscal general.
Por Jayro Sánchez | 19/04/2026
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha movido ficha de nuevo. Este lunes, su equipo de defensa recurrió la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenaba a 2 años de inhabilitación y al pago de multas e indemnizaciones por un «delito de revelación de datos reservados».
Estos hacían referencia a las obligaciones tributarias del empresario Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso.
Acusado de cometer fraude fiscal y falsedad documental, así como de pertenecer a una organización criminal, el hombre de negocios está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid.
Las primeras diligencias realizadas con respecto a los presuntos delitos cometidos por el novio de Ayuso fueron obra de uno de los funcionarios de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, Julián Salto.
El 23 de enero de 2024, el citado organismo comenzó a investigar el caso a petición de la Agencia Tributaria, que le remitió un escrito donde se informaba de que González Amador podría haber defraudado 350.000 euros a Hacienda entre los años 2020 y 2021.
Diez días después, el abogado del empresario, Carlos Neira, contactó con la Fiscalía por correo electrónico para proponer un pacto. Su cliente reconocería las acusaciones si se reducía la sanción penal a la que debía someterse.
El fiscal Salto concluyó sus diligencias el 7 de febrero y, como no conseguía llegar a ningún acuerdo con el equipo de defensa del acusado, interpuso una denuncia formal contra él, otros cuatro individuos y ocho sociedades mercantiles el día 13.
El 20, la Fiscalía de Madrid remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid. Y, el 5 de marzo, este la registró. El 7, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, fue alertada del asunto por la llamada de un periodista y consultó a sus superiores comunitarios y nacionales acerca de él.
Estos tampoco estaban enterados, por lo que ordenaron a Rodríguez ponerse en contacto con Salto para que les aclarara cuáles eran los pormenores del caso, que consideraban muy delicado por la cercanía de González Amador con Díaz Ayuso.
La información pasó en cadena desde los niveles inferiores hasta los superiores del Ministerio Fiscal. Y ahí parecía haber quedado todo cuando, el día 12 de marzo, elDiario.es publicó en exclusiva la noticia de la denuncia al empresario.
Menos de 48 horas después, El Mundo afirmaba que la Fiscalía había «ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». El jefe del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, reaccionó con rapidez ante la extensión del escándalo vinculado a su jefa.
En sus redes sociales, aseguró que la Fiscalía había sido la que había ofrecido el pacto a la pareja de la presidenta madrileña, y que luego lo había cancelado por «órdenes de arriba». Es decir, de La Moncloa y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para apoyar su teoría, filtró el correo enviado por Neira a la Fiscalía el 2 de febrero. Pero descontextualizó su contenido.
Esto provocó que la Fiscalía General del Estado pidiera de nuevo toda la documentación relativa al caso de González Amador. Su objetivo era redactar una nota de prensa que desmintiera la versión difundida por Rodríguez y Díaz Ayuso, quienes ya apuntaban que la denuncia de Hacienda era una excusa para montar una cacería política contra la pareja del acusado.
La noche del 13 de marzo, alguien filtró de nuevo el correo del letrado Neira a la Cadena SER, así como el hecho de que la Fiscalía publicaría una nota informativa al respecto al día siguiente.
El equipo de defensa de González Amador aprovechó la coyuntura para desviar la atención sobre la comisión de delitos que había reconocido ante la Fiscalía en representación de su acusado. Lo hizo denunciando a García Ortiz por revelación de secretos.
En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al exfiscal general del Estado a pesar de las declaraciones judiciales de diversos periodistas que afirmaron conocer la noticia antes que el propio García Ortiz.
Esta versión podría ser corroborada por dos hechos: la llamada recibida por Pilar Rodríguez el 7 de marzo y la publicación, por parte de Miguel Ángel Rodríguez, del correo de Neira el día 13 de ese mismo mes.
La importancia de la condena contra el exfiscal es suma, pues es la primera en darse en toda la historia de la democracia contra una persona que ostenta ese cargo. La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, ha recurrido la sentencia del Supremo ante el Constitucional.
Sea cual sea el resultado, lo cierto es que Miguel Ángel Rodríguez y Díaz Ayuso han conseguido una de sus metas: difuminar la importancia del caso de González Amador, y su posible relación con las políticas comunitarias de Madrid, mediante el juicio de García Ortiz.
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