No fue una huelga anunciada ni organizada por partidos. Había comenzado como un murmullo en redes, en asociaciones, en conversaciones íntimas: ‘¿Y si no participamos en un sistema que legisla sobre nuestros cuerpos sin nosotras?’
Por Isabel Durán Báez | 15/05/2026
Andalucía amaneció en silencio el día de las elecciones. No era un silencio cualquiera: era denso, incómodo, como si algo esencial hubiese decidido retirarse sin hacer ruido. Las calles estaban abiertas, los colegios electorales preparados, las urnas esperando… pero faltaba la mitad del mundo.
Las mujeres no fueron a votar. No fue una huelga anunciada ni organizada por partidos. Había comenzado como un murmullo en redes, en asociaciones, en conversaciones íntimas: “¿Y si no participamos en un sistema que legisla sobre nuestros cuerpos sin nosotras?”. Y ese murmullo, ignorado por tertulianos y caricaturizado como “radical”, se convirtió en decisión colectiva.
A las diez de la mañana, los datos de participación empezaron a inquietar. A las doce, ya era evidente: la caída era histórica. A las dos de la tarde, el relato oficial se resquebrajaba. Analistas hablaban de “desafección”, de “problemas logísticos”, de “clima político polarizado”. Nadie quería nombrarlo.
Pero en las casas, en los barrios, en los centros de trabajo, las mujeres sí lo nombraban: ausencia. No era apatía. Era retirada consciente.
Las urnas se llenaron, sí, pero de una representación amputada. Los resultados llegaron con normalidad administrativa y anormalidad moral. El nuevo Parlamento andaluz se constituyó con una legitimidad formal intacta y una legitimidad social profundamente erosionada. Por primera vez, la pregunta no era quién había ganado, sino a quién representaban realmente.
En los días siguientes, comenzaron las consecuencias. Las primeras leyes propuestas siguieron el guion habitual: conciliación entendida como problema individual, incentivos a la natalidad sin cuestionar la precariedad, silencios incómodos sobre la prostitución y la explotación reproductiva. Pero algo había cambiado. Cada medida encontraba una resistencia distinta: no en el Parlamento, sino fuera de él.
Las asociaciones feministas abolicionistas dejaron de pedir reformas y empezaron a exigir reconstrucción. Señalaban lo evidente: un sistema que normaliza la compra de cuerpos de mujeres —ya sea en burdeles o en clínicas de vientres de alquiler en el extranjero— no puede llamarse democrático en sentido pleno. Y si las mujeres no votaban, no era porque no creyeran en la democracia, sino porque no se reconocían en esa versión de ella.
Los medios intentaron recuperar el control del relato. Algunos culpaban a las mujeres: “irresponsables”, “extremistas”, “privilegiadas”. Otros empezaron a abrir debates incómodos: ¿puede una democracia sostenerse cuando una parte estructural de la ciudadanía se retira? ¿Qué significa el consentimiento político en un sistema que tolera la mercantilización de la vida?
Mientras tanto, en los márgenes, algo germinaba. En pueblos pequeños y ciudades grandes surgieron asambleas no mixtas donde las mujeres deliberaban sobre qué tipo de sociedad querían. No pedían cuotas ni parches. Hablaban de abolición de la prostitución, de persecución real de las redes de trata, de prohibición efectiva de los vientres de alquiler, de educación afectivo-sexual que no confundiera deseo con consumo. Hablaban, sobre todo, de dignidad.
La presión creció. Empresas empezaron a notar la ausencia en otro plano: consumo reducido, huelgas de cuidados invisibles, renuncias silenciosas. Lo que no se había entendido en las urnas se empezó a sentir en la economía. Y entonces llegó la grieta. Un grupo de juristas, muchas de ellas mujeres, planteó una cuestión inédita: impugnar políticamente la legitimidad de las instituciones surgidas de unas elecciones en las que la mitad de la población se había autoexcluido como acto de protesta estructural. No era una cuestión legal sencilla, pero sí profundamente política.
El debate se volvió inevitable. ¿Era aquello una crisis democrática… o el comienzo de una democracia más honesta?
Meses después, el Gobierno andaluz anunció una mesa de reconstrucción democrática. No por convicción, sino por necesidad. Las condiciones para que las mujeres volvieran a las urnas empezaron a negociarse fuera de los marcos tradicionales: agenda abolicionista, garantías materiales de igualdad, reconocimiento explícito de la violencia estructural.
No era una victoria. Era un punto de inflexión. El día que se convocaron nuevas elecciones, las calles volvieron a llenarse. Esta vez, el silencio había cambiado de significado. Ya no era ausencia: era expectativa. Porque las mujeres no habían dejado de creer en la política. Habían dejado de aceptar cualquier política. Y, sin embargo, cuando se abrieron los colegios electorales, ocurrió algo que nadie había previsto.
Entraron. Una a una. En grupos. En silencio. Pero no se dirigieron a las urnas. Se quedaron dentro. Ocuparon las mesas, retiraron las papeletas, desmontaron las cabinas. No hubo gritos ni violencia. Solo una determinación tranquila, imposible de gestionar con protocolos administrativos. Cuando llegaron las autoridades, ya era tarde. En cientos de colegios electorales, las urnas seguían vacías. Pero esta vez no por ausencia. Sino porque habían decidido que ya no bastaba con elegir. Que la pregunta nunca había sido a quién votar. Sino quién decide… y desde donde.
Gracias qué buena idea.