La mayoría de los países europeos que han adoptado la moneda única lo hicieron sin consultar directamente a la ciudadanía a través de plebiscitos.
Por Joaquín Castro | 1/01/2026
Este 1 de enero de 2026, Bulgaria se ha convertido en el 21º miembro de la eurozona, adoptando el euro como su moneda oficial y reemplazando al lev búlgaro. Esta transición, que se produce casi 20 años después de la adhesión del país a la Unión Europea (UE) en 2007, representa un paso más hacia la integración económica europea. Sin embargo, este proceso ha generado un debate intenso, con críticas que lo tachan de unilateral y antidemocrático, especialmente por la ausencia de un referéndum popular.
Bulgaria se unió a la UE en 2007 junto con Rumania, en una ampliación que no incluyó referendos en ninguno de los dos países. Desde entonces, el país ha mantenido su moneda nacional, el lev, pero con un tipo de cambio fijo al euro desde 1999, lo que facilitó su camino hacia la adopción. Para unirse a la eurozona, los países deben cumplir con los criterios de convergencia de Maastricht, que incluyen estabilidad de precios, finanzas públicas sólidas, tipos de cambio estables y tipos de interés a largo plazo convergentes.
El proceso culminó con la aprobación parlamentaria en 2025, y la adopción efectiva a partir del primero de enero de 2026. Durante los primeros seis meses, los bancos están obligados a cambiar monedas de lev a euro sin cargo, y los precios se mostrarán en ambas monedas hasta finales de junio de 2026. Esta medida se ve como una oportunidad para las grandes empresas para reducir costos de transacción. Sin embargo, no se celebró ningún referéndum sobre la adopción del euro, a pesar de una propuesta del presidente Rumen Radev que fue rechazada por el gobierno saliente.
Se trata de una decisión tomada por la élite, de carácter unilateral y antidemocrática, similar al proceso de adhesión a la UE.
Las encuestas revelan una sociedad dividida respecto a la adopción del euro. El Eurobarómetro indica que el 49% de los búlgaros se opone al cambio, con preocupaciones sobre inflación, pérdida de soberanía monetaria y posibles aumentos de precios. Otras encuestas muestran una división casi igual, con escepticismo generalizado entre la población, exacerbado por la inestabilidad política y económica.
Una misma línea en otros países de la UE
Bulgaria no es un caso aislado en la ausencia de referendos para la adopción del euro. De los 27 Estados miembros de la UE, solo seis permanecen fuera de la eurozona: Suecia, Polonia, Chequia, Hungría, Rumania y Dinamarca.
La mayoría de los países que han adoptado la moneda única lo hicieron sin consultar directamente a la ciudadanía a través de plebiscitos. Por ejemplo, en las adhesiones iniciales de once naciones en 1999, no hubo referendos generalizados, aunque Dinamarca y Suecia sí los celebraron y rechazaron el euro (Dinamarca en 2000 y Suecia en 2003).
En Rumania, el proceso es similar: no se ha realizado referéndum para la adhesión a la UE ni se planea para el euro. El país apuntó inicialmente a 2024, pero ha pospuesto la adopción, con objetivos ahora en 2027-2028 o más allá, debido a incumplimientos en los criterios de convergencia como inflación y deuda.
En general, la UE obliga legalmente a todos los miembros (excepto Dinamarca, que tiene una exención) a adoptar el euro una vez cumplan los criterios, sin requerir referendos. Esto ha llevado a acusaciones de que la integración europea prioriza agendas económicas sobre la democracia directa.
Una UE para el Gran Capital
Los detractores de la adopción en Bulgaria argumentan que refleja un patrón más amplio en la UE: un ente supranacional diseñado por y para el gran capital, donde la opinión popular importa poco. La ausencia de referendos en múltiples ampliaciones y adopciones monetarias se cita como evidencia de decisiones elitistas que ignoran la soberanía nacional.
En Bulgaria, protestas recientes han destacado temores de que el euro beneficie a multinacionales y bancos, mientras que la clase trabajadora enfrenta riesgos como encarecimiento de la vida diaria. La adopción del euro en Bulgaria en 2026 es un paso controvertido que resalta tensiones entre integración europea y democracia nacional. Mientras que la élite política ve ventajas económicas, una porción significativa de la población expresa dudas, alimentadas por la falta de consulta directa.
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