la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no es solo cosa del pasado. Es una lucha de gran relevancia hoy, ya que la impunidad de ayer condiciona la calidad democrática actual
Cada año, el 8 de julio, Pamplona recuerda la herida que permanece abierta. En 1978, durante las fiestas de Sanfermín, la Policía Armada irrumpió en la plaza de toros y llevó a cabo una operación represiva que dejó cientos de heridos y un muerto, Germán Rodríguez Saiz. Pocos días después, durante manifestaciones de solidaridad, la policía asesinó a Joseba Barandiaran Urkola en San Sebastián. Estos hechos no fueron incidentes aislados. Formaron parte de una serie de actos de violencia estatal que marcaron los últimos años del franquismo y la transición.
Esta secuencia incluyó: la masacre de Gasteiz en 1976, en la que cinco trabajadores fueron asesinados por la policía; los crímenes de Montejurra del mismo año; y la semana de amnistía de 1977, que dejó siete muertos en el País Vasco. En 2026 se conmemoró el 50 aniversario de las masacres de Gasteiz y Montejurra. Medio siglo después, ninguna de estas graves violaciones de derechos humanos ha sido procesada. La impunidad sigue siendo un problema sin resolver en esta democracia. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han recordado reiteradamente a España que no ha cumplido con su obligación de investigar las graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, fiscales y tribunales continúan cerrando sus puertas a las víctimas.
Es cierto que se han dado algunos pasos. Gracias a la perseverancia de las víctimas y los movimientos de memoria, algunas instituciones han dado pasos importantes. El Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Navarra han desempeñado un papel destacado en el reconocimiento público de las fiestas de Sanfermín de 1978, y algunas víctimas han recibido un reconocimiento individual del Gobierno de Navarra, mediante la aplicación de la Ley de Memoria. Sin embargo, falta algo esencial: el reconocimiento explícito de la responsabilidad directa del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la posibilidad de obtener toda la verdad y un sistema judicial que investigue y exonere a los responsables.
En este contexto, la reciente postura adoptada por la PSN resulta particularmente decepcionante. Tras apoyar la moción impulsada por la asociación Sanfermín 78 Gogoan en el Ayuntamiento de Pamplona para el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, el 28 de mayo se abstuvo en una iniciativa similar en el Parlamento navarro. Esta abstención impidió la aprobación de la resolución y frustró la solicitud institucional dirigida al Gobierno español para el reconocimiento oficial del crimen del Estado. Hasta que esto ocurra, la indemnización seguirá siendo incompleta.
Por lo tanto, la lucha por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no es solo cosa del pasado. Es una lucha de gran relevancia hoy, ya que la impunidad de ayer condiciona la calidad democrática actual. El genocidio en Gaza, las guerras, las crecientes desigualdades, la crisis climática y las violaciones masivas de los derechos humanos: estas son las circunstancias que impregnan el presente. Asimismo, avanzan proyectos autoritarios que ponen en entredicho las libertades y los logros sociales que parecían consolidados. También presenciamos nuevas formas de dominación económica y social que perpetúan viejas lógicas coloniales bajo nuevos discursos.
Ante este panorama, la memoria no puede limitarse al recuerdo ritual. Recordar significa asumir la responsabilidad del presente. Quienes lucharon por la amnistía, las libertades democráticas y los derechos sociales no vieron su historia encerrada en archivos. Lo hicieron porque creían que una sociedad más justa era posible.
La mejor manera de honrar a Germán Rodríguez, Joseba Barandiarán, Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Bienvenido Pereda, Ricardo García Pellejero, Aniano Jiménez Santos y a todas las víctimas de esta violencia es mantener viva esta creencia. La memoria es una herramienta para combatir la impunidad, defender los derechos humanos y seguir construyendo esperanza. Porque la lucha por la verdad y la justicia no solo habla de lo que sucedió hace casi 50 años, sino también del mundo que queremos construir hoy.
Cada año, el 8 de julio, recordamos a quienes fueron asesinados y a quienes sufrieron la represión. Pero también recordamos que la historia no ha terminado. Mientras no haya verdad plena, justicia efectiva y reconocimiento de responsabilidades, las tareas quedarán inconclusas. Y mientras haya quienes mantengan viva la memoria y la lucha colectiva, la posibilidad de cambiar este mundo seguirá existiendo.
Se el primero en comentar