Yemen, Arabia y Navantia

Por Rafael Silva Martínez

“Los puestos de trabajo no están por encima de la vulneración de derechos humanos. Y enfrentar a las víctimas de Arabia Saudí con los trabajadores de Cádiz es enfrentar a los pobres entre sí. Esto se salva con ideas y convicciones en la toma de decisiones”
(Víctor Arrogante)

“No se trata solamente de un contrato por 2.000 millones de €, sino de todo un programa de colaboración bélica con este gobierno autocrático, que pasa por la creación de una compañía conjunta, Industrias Militares de Arabia Saudí, la remodelación del puerto de Yeda, el mantenimiento de los buques y la instrucción de los marinos saudíes en San Fernando. Y se une a la constante venta de piezas de artillería, municiones y bombas por parte del Gobierno a Arabia Saudí”
(Juanlu González)

“Entre 2015 y 2017, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de 932 millones de euros y autorizó licencias por valor de 1.235 millones (…) Cada vez son más los países que se dan cuenta de que armar a Arabia Saudí y a la coalición que bombardea Yemen es incompatible con el derecho internacional y los principios humanitarios”
(Amnistía Internacional)

“Como si una bomba de precisión hubiera caído por sorpresa y hubiera estallado. Caos, shock, sangre, heridas, astillas, miembros amputados, cuerpos despedazados, humo. Destrucción y muerte. La Izquierda se desangra sin remedio en los astilleros de Navantia, merodea asfixiada, conmocionada, completamente desorientada entre la densa humareda que dejan las bombas y el zumbido que revienta los oídos. No ve, no oye. Languidece, puede que para décadas, víctima de cuatrocientas bombas de precisión, cinco embarcaciones militares, seis mil puestos de trabajo, diecisiete mil civiles assinados, diez mil heridos, más de veinte millones de personas en riesgo de hambruna, difteria y cólera. La mayor catástrofe humanitaria del planeta a día de hoy, Yemen, y el mayor genocida actual, Arabia Saudí”
(Luis Gonzalo Segura)

“Los trabajadores -y los sindicatos- que sigan comportándose como “mandaos” y renuncien a la posibilidad de forzar los cambios necesarios y urgentes en las líneas de producción, irán al suicidio. Lo mismo cabe decir de los Estados que renuncien por exceso de cautela presupuestaria a generar alternativas viables a una infraestructura productiva desfasada, insostenible e injusta, heredada de generaciones anteriores”
(Paco Rodríguez de Lecea)


“No es ningún secreto que el reino de Arabia está dirigido por una familia, en el sentido más doncorleónico de la palabra, que aplica el apartheid y un totalitarismo teocrático, el más severo del mundo que, como castigo de delitos como apostasía, adulterio, la homosexualidad y la hechicería no sólo amputa manos y pies, sino ejecuta con lapidación y decapitación, para luego crucificar sus cadáveres en público. Condenó al bloguero Raif Badawi a 10 años de prisión y 1.000 latigazos. ¿Qué tal si creamos puestos de trabajo fabricando látigos de alta calidad, ya que después de unos fuertes golpes estos látigos se rompen, junto con los huesos del reo? Es el régimen que patrocina a los grupos terroristas que atentan por los cuatro costados del planeta, incluidos en los países occidentales que le protegen, a pesar de que los tratados internacionales prohíben la venta de armas a los países que infringen gravemente los derechos humanos o apoyan el terrorismo”
(Nazanín Armanian)


Paros, protestas y movilizaciones. Marchas y cortes de carreteras. Huelga laboral ante el supuesto peligro de un contrato. Exigencia al Gobierno para que no permita que se anule la carga de trabajo prevista. Esto es lo que ha pasado hace varias semanas con los trabajadores de Navantia en San Fernando (Cádiz), es decir, que han organizado protestas masivas durante varios días, porque temían que peligrara el contrato que nuestro Gobierno posee con Arabia Saudí, en lo referente a la fabricación y venta de cinco corbetas, un contrato por más de 1.800 millones de euros, y que dará empleo a más de 6.000 personas (entre puestos directos e indirectos) durante los próximos cinco años. Resulta que dicho contrato para la fabricación de las corbetas (en realidad buques de guerra Avante 2200) se puso en riesgo por la negativa (después corregida por el Gobierno) de no entregar 400 bombas de precisión láser al régimen saudí, lo cual generó la mencionada represalia de la dictadura sátrapa hacia nuestro país. Las bombas ya habían sido vendidas (y cobrados los más de 9 millones de euros) por el Ministerio de Defensa anterior (bajo el mandato del ex Ministro Pedro Morenés), pero la actual Ministra del ramo decidió anular dicho pedido, ante las sospechas del uso salvaje y brutal que los saudíes están haciendo de ellas, bombardeando incluso autobuses escolares en Yemen. Es decir, que habíamos vendido armas a Arabia Saudí, y las corbetas que fabricará Navantia también se usarán en los conflictos bélicos. Armas en definitiva, armas para un país que está en guerra contra la población indefensa de Yemen, y que está causando una de las crisis humanitarias más devastadoras de los últimos años. Digámoslo claro: Yemen está siendo masacrado y silenciado, y el Gobierno español ha decidido participar activamente proveyendo de bombas y buques de guerra al país agresor, en este caso Arabia Saudí. Seguramente, las bombas se descargarán sobre población civil indefensa. Y las corbetas servirán para continuar con el bloqueo naval de Yemen e impedir la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a su población.

Pero vayamos por partes, porque aquí hay mucha tela que cortar. En primer lugar, no deberíamos vender armas a ningún país, sea el que fuere. Pero detengámos en esta pregunta: ¿A quién le estamos vendiendo armas? ¿Se trata quizá de un país civilizado y respetuoso, pacífico y tolerante? ¿Quién es Arabia Saudí? Pues se trata de una de las autocracias más sanguinarias, peligrosas, regresivas y mortales del planeta, que desprecia absolutamente los derechos humanos, y que se adhiere a la corriente más fundamentalista del Islam. Y desde que Riad inició su bárbara agresión contra su vecino del sur, Yemen, varios países occidentales han vendido y suministrado armamento y equipamiento militar a este execrable país, a la postre primer importador mundial de armas. Una dictadura déspota, corrupta y sanguinaria, cuya familia real está muy hermanada con la nuestra. Aunque el Gobierno de nuestro país no lo admite, existe constancia de que los saudíes utilizan munición española en sus ataques a los yemeníes. Un país, Arabia Saudí, que igual bombardea a población civil de Yemen de forma indiscriminada, que encarcela a activistas por la democracia y los derechos de la mujer, que ejecuta en masa a cientos de condenados, o que empobrece a su población mientras sus jeques del petróleo compran yates y castillos en el extranjero. Como podemos ver, todo un modelo a seguir. La venta de armas a un país de semejante perfil es, además de letal, inmoral e injustificable. Pero todo esto le trae al pairo al complejo militar-industrial, que presiona a los Gobiernos (y éstos se dejan presionar) para que la venta de armas no decaiga. En esta situación, está claro que asistimos a un conflicto capital-vida, o si se quiere, trabajo-armas. En concreto, se enfrentan el derecho al trabajo para los empleados de astilleros de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la paz, a la vida y a la libertad para las víctimas de dicho equipamiento bélico…¿O más bien todo esto es un dilema mal enfocado?

¿Necesitaríamos quizá más datos para tomar una decisión? Ahí van algunos: la masacre cometida por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí contra Yemen alcanza ya una situación desoladora desde que comenzara en 2015. Las principales ONG han documentado innumerables crímenes de guerra por parte de los saudíes, se practican decenas de bombardeos ilegítimos contra población civil y contra las infraestructuras más básicas que abastecen a la población, y la hambruna está ya absolutamente desbordada. Hospitales, escuelas, mercados, mezquitas y todo tipo de establecimientos han sido destruidos sin piedad, siendo la población infantil la más castigada (las cifras actuales hablan de cinco millones de niños en situación crítica). ¿Necesitamos más datos? Se equivoca profundamente el Alcalde de Cádiz cuando afirma que él elige “comer” aunque sea fabricando armas. José María González demuestra de esta forma pertenecer a ese grupo de “izquierdistas” a los que les falta un hervor, y deberían hacérselo mirar. No es el único. Existe mucha más gente así en este Podemos tan descafeinado al que están involucionando. Cuando los principios no se tienen claros, a veces hemos de elegir entre alternativas que pueden parecernos difíciles, pero que no lo son tanto. Porque los principios no sólo se albergan en la razón y el pensamiento, también están en el corazón y en las tripas. Los principios deben residir por todo nuestro cuerpo, deben rezumar por nuestra piel, y entonces nunca tendremos dudas, ni traicionaremos gravemente, como frecuentemente ocurre, las bases y valores de la izquierda, una de los cuales es el Pacifismo. Una mínima conciencia pacifista exigiría de las fuerzas políticas progresistas (cuánto más en los lugares donde gobiernan) la búsqueda de alternativas para que la respuesta no fuese trabajar fabricando armas para una petromonarquía asesina.

Porque si no practicamos esto…¿tendremos después credibilidad cuando participemos en determinadas marchas o protestas contra la guerra? Estas movilizaciones resultarán absolutamente hipócritas si no van acompañadas del compromiso efectivo por una cultura de la paz y una economía basada en la solidaridad. Parece ser que los trabajadores de los astilleros no lo entienden así, sus sindicatos tampoco, las autoridades locales tampoco, el Gobierno de la Junta de Andalucía tampoco, y el Gobierno de España aún menos. Deprimente panorama. Desolador escenario. Parece que no acabamos de entender que los derechos humanos y el derecho internacional han de primar sobre las relaciones comerciales, aunque éstas sean portadoras de noticias tan halagüeñas como las que rodean a los trabajadores de los astilleros de Cádiz. La legislación internacional prohíbe expresamente la exportación o venta de armamento cuando se tiene constancia de que el destinatario de dicho armamento va a utilizarlo en cualquier conflicto armado. Y es cierto, por otra parte, que la zona de la Bahía de Cádiz ha sido especialmente castigada por el desempleo (es la provincia española con la tasa de paro más alta, con más de 150.000 personas desempleadas). Los mismos agentes políticos que han venido causando tanto desempleo son los mismos que no han sido capaces de generar o de transformar los nichos de negocio y de mercado para que no tengan que estar pendientes únicamente de la carga de trabajo que generan unos astilleros dedicados tan solo a la fabricación de material para la guerra. Pero todo ello no es óbice para que, dada una situación como la actual, donde tenemos absoluta evidencia de que nuestra colaboración va a ser cómplice en dicha guerra cruel, elijamos el trabajo, a sabiendas de las consecuencias que éste va a tener. Las guerras generan también sus propios “puestos de trabajo”, pero es un trabajo inmoral e indecente. Que se lo pregunten a las variadas multinacionales que están forrando sus bolsillos a costa de las “reconstrucciones” en diversos países tras los conflictos bélicos. ¿Es a eso a lo que queremos jugar?

¿Nos quejaremos después de los cientos de miles de desplazados? ¿Protestaremos por la llegada de extranjeros, de migrantes y refugiados, que en realidad sólo son desplazados forzosos que nosotros mismos hemos creado con nuestras decisiones, con nuestras políticas, con nuestra “colaboración”, con nuestro desprecio a los derechos humanos? !Basta ya de hipocresía y de cinismo! ¡Basta de participar en guerras ilícitas, cruentas y salvajes, que generan beneficios a unos pocos a costa de la destrucción y de la barbarie! El trabajo humano no puede basarse en estas fuentes. El trabajismo fundamentalista donde nos quieren conducir no respeta nada, ni la paz, ni la ecología, ni el feminismo, ni los cuidados, ni la igualdad…El trabajo humano es fuente de riqueza, como la propia naturaleza, y por tanto, no puede prostituirse al mejor postor, a costa de ser cómplice de guerras criminales que siembran terror, caos y devastación. La ética de la izquierda debe prevalecer en todo momento sobre cualquier forma de populismo electoralista. Y en este caso, tenemos un Gobierno que pasará a la historia, entre otras cosas, por actuar como cómplice de los crímenes de guerra cometidos en Yemen. Así de claro. Así de triste. Los astilleros fabricarán los buques, los trabajadores de Navantia garantizarán su empleo, pero eso no podrá alejar el fantasma de nuestra conciencia, por haber participado en la execrable masacre saudita sobre su país vecino. Habremos sido cómplices del sufrimiento indecible de la población yemení, habremos colaborado en su extinción, habremos participado en su genocidio. Habremos actuado como cualquier potencia capitalista al uso, preocupándonos más de proteger nuestros intereses económicos que las vidas humanas, sean de donde sean, estén donde estén, tengan la nacionalidad que tengan. ¿Es éste el Occidente libre y civilizado que los terroristas atacan después en múltiples y variados atentados? ¿Es éste nuestro sistema de valores y de libertades que tanto cacarean nuestros indecentes políticos?

La coherencia de la izquierda política ha brillado por su ausencia en este asunto, creando como es lógico otro palo en la rueda de su credibilidad. Porque como afirma sin titubeos ni medias tintas Luis Gonzalo Segura: “…nos encontramos ante la mayor tragedia humanitaria del planeta, y ante tamaño infierno solo existe oponerse, dimitir, romper un partido o irse a casa. Pero nunca asumir”. Efectivamente. No se puede asumir. No podemos asumir los postulados de la guerra. La izquierda se desangra ante tanta incoherencia, ante tanta cobardía, ante tanta incapacidad. La izquierda debe creer que se pueden hacer las cosas de otra forma, debe demostrar cuando gobierna que se pueden hacer las cosas de otra forma, y si no lo puede hacer, debe irse a su casa, y dar oportunidades a otros que sí puedan hacerlo. Pero no podemos claudicar ante la bárbara disyuntiva que nos obliga a elegir, en falaz dilema, entre paz o puestos de trabajo. Las bombas, las guerras y los conflictos nunca pueden proporcionarnos trabajos, al menos trabajos moralmente dignos. No pueden existir atajos para crear empleo. Los objetivos honestos siempre deben conseguirse por medios honestos. Lo que ocurre es que la perversidad del neoliberalismo ha despojado al trabajo de todas sus demás consideraciones humanas, éticas y morales, al igual que ha propiciado la mercantilización de todas las necesidades y derechos humanos básicos. Y una parte de la clase obrera se ha impregnado de ese discurso, ese aberrante discurso que aboga porque lo importante son los puestos de trabajo, sin más. Da igual que se cree trabajo para construir un hotel a la orilla del mar, para construir una central de residuos nucleares, para construir una presa hidráulica que acabará con territorios de pueblos indígenas, para construir todo un megacomplejo hotelero con casinos y pistas de golf que destroce el entorno natural, o para construir buques de guerra, que se utilizarán, evidentemente, para las guerras. Porque lo fundamental no es el trabajo o la actividad en sí misma, sino el sentido mismo del trabajo, su objeto, su finalidad.

La clase obrera haría bien en tener estos principios en cuenta, y reflexionar sobre la finalidad de su actividad productiva. Tanto a nivel individual como colectivo, algunas líneas rojas no deberían nunca ser traspasadas. La renuncia a esta reflexión nos convertirá cada vez más en piezas de puzzle al servicio del capital, sin capacidad ni autonomía para decidir por nosotros mismos. Las protestas en Navantia no deberían entonces haber ocurrido para reivindicar la carga de trabajo comprometida, sino para reivindicar que los trabajadores no estaban dispuestos a construir buques de guerra para ser entregados a un país que se dedica a masacrar a otro. Los obreros también tienen su cuota de responsabilidad en la fabricación del producto o servicio en el que trabajan, y ahí también deberían aplicar la ética, al igual que la debería aplicar un bombero al que le solicitan que derribe la puerta de una vivienda para desahuciar a la familia que la habita, porque un banco desalmado no permite más retrasos en su hipoteca, o porque un fondo buitre pretende desalojarlos para revender o realquilar más caro. Y por supuesto, el Gobierno también posee su cuota de responsabilidad, pues debe ser el último garante de que dichos contratos de venta de armamento y material militar a un país genocida y abyecto, simplemente, no sean posibles, pues van en contra de la más mínima ética política y de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la paz. Las relaciones comerciales no pueden tener como contrapartida sangre, muerte, dolor y devastación. Y por su parte, los Estados no pueden ser meros gestores de los intereses de las empresas, ni constituir su comité diplomático. Y eso es justamente lo que viene ocurriendo cada vez que la Corona organiza un viaje a un país extranjero, acompañada de varios Ministros y grandes empresarios. Esos viajes al más alto nivel se han convertido en la alfombra roja para las grandes empresas, que los utilizan para obtener contratos y proyectos muy rentables con los países en cuestión. Esta “diplomacia económica privada” no debiera simplemente estar en la agenda política.

¿Y qué hacemos entonces con los trabajadores de Navantia? Es evidente que su modelo productivo actual les hace dependientes de este tipo de industria militar, por lo tanto se impone un cambio de modelo. Hay que impulsar de forma urgente y decidida la inmediata implementación de un Plan de Reconversión Industrial que ofrezca alternativas de empleo dignas, y no vinculadas con la producción de material bélico o a la exportación de dicho material. Como es lógico que todo ello no podrá conseguirse de un día para otro, se impone también de manera transitoria un plan de provisión de rentas y ayudas de diverso tipo para su personal, financiadas con fondos públicos estatales y europeos, para garantizar el sustento de los trabajadores y de sus familias durante el tiempo que dure la migración y culminación de dicho Plan de Reconversión. Hasta ahora, ni los sindicatos de Navantia, ni el Ayuntamiento de Cádiz, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno del Estado se han puesto a investigar y diseñar un plan de reconversión para dicha empresa naviera, que sea capaz de desligar (o al menos hacer menos dependiente) las actividades de los astilleros con respecto a la industria militar. Así nos va. Se podría reconducir para que pasara a producir bienes y servicios para el mundo civil. Se podría y debería diversificar la producción, equilibrando los pedidos de la industria militar con la civil. De hecho, hoy día no están satisfechas todas las necesidades en materia de construcción naval para el mundo civil. Navantia podría reconvertirse, por ejemplo, renovando la flota de navíos mercantes, o fabricando buques de salvamento marítimo, buques ecológicos (que luchen contra la contaminación marina), buques científicos, etc. También estamos necesitados del reciclaje ecológico de buques (la llamada deconstrucción naval, un mercado casi virgen). También la energía eólica off shore (fuera de la costa) sería una dedicación propia para la naviera, entrando a formar parte de la cadena de valor de esta energía limpia: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación…de aerogeneradores en el mar, en vez de dar soporte únicamente a los parques eólicos marinos. Existen muchas alternativas, pero no parece que exista la voluntad política de reconvertirse a ellas, y alejarse del negocio de la guerra.

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