Ya sabíamos lo del PP de Ayuso

Sabíamos que la única labor del PP en las administraciones es abrir de par en par las puertas de las instituciones públicas al saqueo sistemático de los servicios de todas y de todos para beneficiar a los intereses de unos pocos.

Por Taxi Project.

Ya lo sabíamos cuando, durante la pandemia, el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el PP de Díaz Ayuso, daba contratos a dedo de transporte sanitario a una empresa de vehículos VTC investigada por fraude fiscal con sede en Países Bajos. 

Es más, si nos vamos atrás, también lo supimos cuando el anterior Consejero de Transportes (en ese momento presidente por accidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido) intentó mediante una chapuza administrativa hecha con prisas (y tumbada posteriormente en los tribunales) modificar el servicio del taxi a imagen y semejanza de lo que le pedía Uber y Cabify para ajustarlo a su modelo de negocio. 

O incluso, mucho antes, ya lo sabíamos también, cuando Pablo Casado, en ese momento candidato al gobierno, declaraba en los medios que su intención era liberalizar el sector del taxi. 

Sabíamos que la única labor del PP en las administraciones es abrir de par en par las puertas de las instituciones públicas al saqueo sistemático de los servicios de todas y de todos para beneficiar a los intereses de unos pocos, utilizando las herramientas para legislar que construyeron nuestros padres y nuestros abuelos democráticamente para por contra, enriquecer a inversionistas, banqueros, comisionistas (hermanos y no tanto), fondos, y buitres, etc… a costa de despojarnos de nuestros servicios, de nuestra necesidad y de nuestro futuro, el futuro de la clase obrera.

Y es que ya sabemos cómo actúa la presidenta Isabel cuando se trata de esa clase obrera, creyéndose que somos el ganado que puede dirigir o encerrar como hizo con nuestros barrios en pandemia, bajo las órdenes del que ve en nuestra necesidad su beneficio, hasta el punto de que va a permitir legislando a diestro y siniestro (supuesta prevaricación) que los más de 9000 vehículos VTC que deben ser retirados y a los que se les ha indemnizado por parte del estado y de los taxistas por el perjuicio que suponen para todos, sigan operando impunemente.

No hay más ciego que el que no quiere ver, y esto es consecuencia de lo que sucede cuando una clase obrera confundida le otorga el poder a alguien que simplemente gobierna para, como ha hecho con la ley Ómnibus, subastar la sanidad, los espacios protegidos, el transporte de pasajeros y el resto de servicios públicos que deberían estar sola y exclusivamente para atender las necesidades de los ciudadanos en lugar de como sucede actualmente y como pretenden hacer, convertir lo que es de todos en una vía rápida de obtener beneficios a causa de la necesidad, del sufrimiento, de los recortes y de nuestros derechos.

La buena noticia es que la avaricia rompe el saco, las prisas no son buenas consejeras y en el PP ha habido y hay mucho de lo primero y tienen detrás mucho de lo segundo. 

Es por ello que tenemos al gobierno de Isabel Díaz Ayuso intentando modificar una ley autonómica para permitir la circulación ilegal de miles de VTC a las bravas, a última hora y haciendo cambios improvisados ( suponemos según les dictan Uber y Cabify) para poder seguir inflando a la desesperada la burbuja de estas empresas. 

Porque aunque pretendan ocultarlo a la opinión pública, ahí están desde el PP de la CAM legislando en ámbitos que no son de su competencia (prevaricación?) para intentar pasarse por el forro una ley estatal que se tuvo que aprobar para solventar el reguero de chapuzas legales dejadas por los gobiernos de Rajoy y Zapatero los cuales, llegaron a incumplir hasta directivas europeas  y que no han hecho más que perjudicar al interés general y a los taxistas en particular, y todo porque gracias a las victorias legítimas del taxi sobre los intentos del partido azul condenado por corrupción, el amo de ha puesto demasiado nervioso y ha tenido que pegarle un tirón a la correa.

Desde Taxi Project advertimos que ni vamos a permitir que miles de vehículos sigan campando a sus anchas sin ningún tipo de control, perjudicando tanto a la movilidad de nuestras ciudades como a la sostenibilidad, ni vamos a permitir que los ciudadanos sean sometidos a las prácticas abusivas de un par de buitres que llevan años parasitando e intentando canibalizar los servicios públicos, los servicios de todas y todos.

Porque hablamos de respeto. El respeto que Isabel Díaz Ayuso y el PP les está faltando no sólo a los miles de taxistas y sus familias, sino a las instituciones públicas, a las administraciones, a las leyes, al interés general y a todas y todos los ciudadanos.

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