De repente, a todo el mundo parece importarle la vida de miles de personas explotadas y prostituidas, incluso al gobierno, hasta el punto de que uno se pregunta si esa preocupación repentina es real o solo es para calmar a las abolicionistas y tener un espacio en los medios de comunicación un día como el pasado 23 de septiembre, que se celebró el Día Internacional Contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual, aunque hay poco que celebrar. Los medios se llenaron de pequeños titulares donde se hablaba todo el tiempo de «prostitutas» (aunque ninguna de ellas habló) y la nueva medida que anunció Irene Montero, la Ministra de Igualdad: una reintroducción en el Código Penal de la tercería locativa para perseguir el proxenetismo «en todas sus formas«. Aplaudimos, sin lugar a dudas, esta medida, pero seguimos sin entender porque este gobierno progresista no va más allá, sabiendo que esta medida es totalmente insuficiente. Y dudamos mucho de ese «en todas sus formas«, pues uno de los grandes errores -suponemos que inconscientemente- es centrarse solo en los clubs de alterne, cuando es bien sabido que estos están pasando a un segundo plano y están tomando mucho más protagonismo otros locales clandestinos o negocios tapadera como salones de masajes o karaokes, además de los pisos y casas clandestinas, sin olvidar, por supuesto, el alto porcentaje de prostitución que se da en la calle.
España es uno de los países preferidos para las mafias que trafican con personas y no es solo un lugar de paso como creen erróneamente muchos. Hablar de cifras es casi absurdo -hay que ser muy ingenuo para creerse las cifras oficiales-, pues lo que llega a manos de la prensa y/o justicia es solo la punta del iceberg y «acabar» con eso, no soluciona nada. Miles de mujeres son traídas a este país cada año para acabar ejerciendo de manera forzada la prostitución. Las mafias que se lucran con este rico negocio lo tienen muy bien montado: no es más que una telaraña tejida por todo nuestro país -y fuera de él- que abarca todos los ámbitos (hay implicados grandes empresarios, abogados, jueces, policías, médicos, curas y políticos), haciendo así muy difícil que estas chicas puedan escapar. Es evidente, que esta telaraña de explotación se sostiene gracias a la complicidad directa o indirecta de altos cargos y representantes de las esferas del poder. Un caso reciente que ha llegado a la luz fue el ocurrido en Baleares: donde se ha negado la investigación del papel de los servicios sociales en la explotación sexual de menores tuteladas, a pesar de las múltiples denuncias sobre ello.
Y es que en este macabro mundo encontramos una tragedia aún más grande si cabe: cada vez hay más menores de edad. Según los datos oficiales, la policía rescata en España a unos 24 menores de edad al año (que rondan entre los 14 y 17 años), estableciendo la Fiscalía que solo el 5% del total son menores de edad. Sin embargo, un informe de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (APRAMP) en 2018, detecta que en realidad ese porcentaje es mucho mayor: alrededor de un 65%. APRAMP hace una gran labor en este tema, pues intenta conocer en profundidad la situación y escalofriantes historias de las mujeres y niñas, confirman que ellas quieren salir de ahí y hacen valoraciones de riesgo; les intenta dar atención sanitaria, laboral, jurídica… pues no podemos olvidar la importancia de esto, de convertir la palabra en un cambio y oportunidad real para esas mujeres y niñas. La información y las concentraciones o manifestaciones están muy bien para luchar contra esta explotación, pero de nada sirven si no se dan los demás pasos que son tan necesarios y para los cuales hacen falta recursos económicos y, por supuesto, apoyo político (no solo en la teoría sino, sobre todo, en la práctica).
En el plano político hay algo muy llamativo, a la vez que hipócrita: aquellos partidos y organizaciones que hacen llamamientos y lideran con orgullo las protestas/manifestaciones contra los inmigrantes, que venden mensajes de odio -comprados por muchos medios de comunicación con mucho gusto- y exigen mano dura contra el inmigrante que viene huyendo de la miseria… son, precisamente, quiénes más se lucran del negocio de la trata de personas. Parecen que los «negras», «sudacas», etc., no molestan tanto cuando lo hacen a uno rico. Basta entrar en cualquier foro o página neonazi -y uno se pregunta cómo es posible que se permitan que estos espacios sean legales- para ver esos mensajes de odio que han calado muy hondo en gran parte de la sociedad, amenazas hacia «esos que vienen a quitarnos el trabajo» y que cuentan con miles y miles de seguidores de líderes que, en realidad, regentan puticlubs y asociaciones que se lucran de este ilegal negocio; lo que nos lleva a pesar que esos miles de seguidores de ultraderecha y fascistas no son más que una panda de borregos ignorantes al servicio de sus líderes que viven a costa de eso que denuncian públicamente.
Asociaciones de este tipo hay muchas. Una de ellas es la maquillada Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA) cuyo fundador y gestor, en el momento de su creación, son conocidos empresarios y políticos ultraderechistas – José Luis Roberto y Eduardo Arias, entre otros- que dicen haber creado dicha asociación para controlar a los clubs de alterne y que estos cumplan con la «ley». Para que los Clubs puedan tener el privilegio de contar con la famosa placa ANELA que colocan con orgullo -y como ejemplo de seguridad y calidad- en sus puertas, deben cumplir los siguientes requisitos (además de pagar 2500€ de inscripción y 625€ mensuales): que el dueño sea un conocido empresario, en el local no puede haber mujeres obligadas a prostituirse, prohibido el consumo y/o venta de drogas y se prohíbe que haya menores de edad trabajando. No hay que ser un lince para sospechar y comprobar que ninguno de los locales con la placa ANELA cumplen estos requisitos, y en más de una investigación sobre trata de personas o prostitución forzada, han aparecido locales con dicha famosa placa. Su función es, simplemente, vender la prostitución como un mundo legal y limpio, como si todas las mujeres que ejercieran ese «oficio» fueran ciudadanas libres que no sufren ninguna coacción. Mentira.
Menores o no, nos encontramos con mujeres y niñas de distintos países como Rumanía, Nigeria, República Dominicana, Paraguay, Venezuela… y según la mafia de origen, encontramos distintos métodos de reclusión: algunas de ellas saben que vienen a prostituirse (con medias verdades) y lo aceptan debido a las desesperadas condiciones en las que viven; también hay familias que venden a sus propias hijas y hermanas por 4000 o 5000€ a cambio de darles una oportunidad y con ese dinero ayudar un poco a la situación tan trágica por la que está pasando el resto de la familia; la mayoría de casos son chicas engañadas con la promesa de un trabajo en España (cuidando a niños o ancianos, limpiando, hostelería) y una oportunidad de mandarles dinero a sus familias, y firman una especie de contrato donde se deja constancia de la «deuda» que ella debe pagarle al proxeneta -a veces llega a la escalofriante cifra de 45.000/60.000€-, son traídas en aviones, autobuses, barcos e incluso en pateras, muchas veces con la colaboración de agencias de viajes especializadas en estos temas, les dan una documentación falsa y les enseñan lo que tendrán que hacer a partir de ese momento. Son alojadas en clubs, en pisos o locales clandestinos donde ejercerán la prostitución. En otros muchos casos se les obliga a ejercer la prostitución en la misma calle. De los escalofriantes testimonios que nos han llegado, sabemos que tienen que hacer una media de 15/20 «servicios» -es decir, son violadas- al día, cobrando unos 40€ por cada uno, disponible las 24 horas del día.
A pesar de los distintos métodos, sí hay algo en común en los modos de operar de todas esas mafias: les quitan sus pasaportes, hay amenazas y violencia, muchas veces aprovechándose de sus creencias sobre vudú, por ejemplo, y con el miedo de que les ocurra algo peor -¡algo peor!- a ellas o a sus familiares, las chicas acceden. Pero, ¿qué iban a hacer si no? Son pocas las que terminan de pagar esa «deuda». Son muy pocas las que consiguen la libertad. Así, todas o casi todas han sufrido en su piel episodios de tortura, humillación, vejaciones, violaciones,… digan lo que digan los honrados empresarios de la digna ANELA. Muchas de ellas no han sobrevivido -y tantas otras no sobrevivirán- para contarlo.
Los datos suelen convencer más. Helen Igbinova, que cuentan sus compañeras que ya había pagado 4 millones de pesetas de esa “deuda” que debía al proxeneta que la trajo a España a cumplir un sueño que ni siquiera tocó con los dedos, un día se rebeló y por ello fue violada, golpeada y lapidada; el único sospechoso -Friday E. O.- fue absuelto por falta de pruebas. Edith Napoleón, que se prostituía en Madrid y fue asesinada en 2003 por el empresario J. P. C., quién la descuartizó y la repartió en distintas bolsas que acabaron en un contenedor. También está el caso de los acusados D. P. y A. C. C. quiénes fueron condenados, uno solo a 3 años de cárcel, y el otro a un año y 9 meses además de pagar 540€, por prostituir a una madre junto a sus dos hijas (una de ellas era menor de edad). Como vemos, se protege la identidad de los acusados, mientras que las fotos de las víctimas son expuestas a un pasivo público. Hay una escasa repercusión en los medios de los delitos y la gravedad del asunto, las prostitutas no interesan a las noticias ni a la política. La justicia, como observamos, actúa con mano blanda y con una cruel indiferencia. Esas mujeres y niñas pasan a ser otra «fulana» más que acaban en una fosa común y cuyos cuerpos nadie reclamarán nunca. Prostituta más, prostituta menos.
¿De qué sirve cerrar puticlubs si se sigue dando carta blanca a asociaciones como ANELA que blanquean a los empresarios que mueven y se lucran de estos negocios? ¿Qué pasa con los negocios tapaderas o agencias de viajes que se dedican a ello? ¿Qué pasa con las chicas que se encuentran ejerciendo prostitución en la calle? ¿De qué sirve poner el foco de atención en medidas poco efectivas que, al final, ponen en más peligro aún a las chicas y no se persigue a los verdaderos protagonistas de este macabro negocio ilegal? ¿No conviene? Me imagino a las prostitutas visualizando, por las calles donde caminan a la espera de algún “cliente” o desde la ventana de algún piso de la red, los carteles de estas campañas de sensibilización contra el consumo de prostitución, viendo las noticias de las medidas «en todas sus formas» contra la trata de personas que van a tomar este gobierno progresista.
¿Y si dejáis de fingir que queréis acabar con la Explotación Sexual y la Trata de Personas? Para celebrar el día 23 de septiembre está muy bien su propuesta, pero son medidas insuficientes, señora ministra, aunque creo que eso ya lo sabe. Se necesita una ley contra la trata de personas y recursos suficientes para proteger a las víctimas y darles una recuperación integral y, por supuesto, que se persiga y caiga todo el peso de la ley sobre los principales responsables de esto, sean jueces o alcaldes. No centrarse solo en los clubs de alterne y poner el punto de mira en los pisos o locales clandestinos, negocios tapadera que hay repartidos por toda la ciudad (que tanto protagonismo están tomando) y en la calle.
Hay que diseñar, de una vez, herramientas legales para que se persiga de manera efectiva a los principales que tejen esta tela de araña. Si no es así, señora ministra, todas las medidas que se lleven a cabo solo serán para aparentar que se quiere acabar con la trata de personas y la explotación sexual, pero no se estará haciendo nada.
Ninguna de esas mujeres deberían pasar inadvertidas ante nuestros ojos. Ninguna.
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