En la última década, debido a los recortes y las privatizaciones, el Sistema Sanitario Público español está en proceso de franco desmantelamiento.
Por FADSP.
Las sociedades en la actualidad se pueden clasificar según muy distintas características. Una de ellas es la de aquellas que tienen como prioridad mantener los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y protección social. Es lo que se conoce como Estado del Bienestar. Tomar esta decisión se basa en las evidencias históricas y científicas de que en aquellos países que preservan este sistema, consiguen algo que para ellos es irrenunciables: todas las personas, sea cual sea su situación sociofamiliar y laboral, tienen garantizados los derechos básicos como la salud, la educación y la protección social, pero, además, con equidad, es decir, no hay aplicaciones de derechos de distintas categorías y no hay problemas a los que no tengan opciones de acceder por no tener recursos económicos. Son sociedades más justas, más solidarias, más equitativas.
Con un Estado del Bienestar fuerte, el estado actúa como agente benefactor para los sectores mayoritarios de la población, generalmente más desfavorecidos. Estas medidas representan un factor de equilibrio ante las desigualdades sociales que el sistema neoliberal imperante genera de manera cruel y persistente. Y ya conocemos que esas desigualdades matan. Los estados que aplican este modelo, no gastan dineros sino que prestan servicios.
Para conseguir los presupuestos necesarios para aplicar estos principios son imprescindibles los impuestos públicos. Una cuestión que hay que mejorar y mucho en el estado español es que estos impuestos sean realmente progresivos, no como ocurre en la actualidad en que las mayores fortunas y las macroempresas, por diversos vericuetos, terminan saliendo exentos de tributar. Con unos impuestos progresivos adecuados y justos, la financiación de los servicios públicos se convierte en solidaria y nos parece un motivo de orgullo social.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), constituida en el año 1982, defiende a ultranza no cualquier modelo de sanidad, sino un Sistema universal (para todas las personas), accesible, gratuita al requerir la atención (que no gratis porque se financia con presupuestos públicos), equitativa (igual para todas), solidaria (se basa en los impuestos), integral (no hay enfermedades caras), integrada (organizada por niveles) y de la máxima calidad. Es un Sistema con financiación, provisión y mantenimiento públicos. Otros movimientos sociales, como las Mareas Blancas, fundamentalmente nacidas a raíz de los recortes en los servicios públicos surgidos tras la crisis financiera de 2008, también colaboran en la lucha por la defensa de la Sanidad Pública descrita.
Desde la creación del Sistema Sanitario Público en España, el sector privado ha promovido fórmulas para hacer negocio a costa del presupuesto sanitario público. Para ello, la fórmula más usada es la denominada “colaboración público-privada”. No obstante, existen evidencias claras para poder asegurar que las decisiones políticas que han defendido la colaboración público-privada en la Sanidad han derivado indefectiblemente en un deterioro de lo público y en un negocio para el sector privado.
En la última década, debido a los recortes y las privatizaciones, el Sistema Sanitario Público español está en proceso de franco desmantelamiento. Esto es así con algunas diferencias, según las Comunidades Autónomas, pero de forma generalizada. La pandemia por la Covid 19 ha sido la tormenta perfecta para conseguirlo. Los mermados recursos sanitarios se han dirigido de forma muy prioritaria a contener este grave problema de Salud Pública, obviando el resto de las enfermedades durante más de dos años, lo que está constituyendo un incremento de los diagnósticos tardíos de enfermedades graves y, como consecuencia, de las muertes evitables. Especialmente, el acceso a la Atención Primaria se ha dificultado de forma notable. Se está intentando normalizar la consulta médica telefónica, lo que supone una aberración clínica. Desde hace más de un año está en marcha una campaña llamada “Salvemos la Atención Primaria”, liderada por la FADSP y apoyada por múltiples organizaciones sociales, para poner de manifiesto de forma contundente que la entrada y eje del sistema, o sea la Atención Primaria, no funciona en todo el estado español.
Asimismo, existe una manipulación generalizada de otro grave problema sanitario, las listas de espera sanitarias. Desde hace años se intenta centrar el debate sobre los datos cuantitativos, lo que es una estrategia nociva porque normaliza la propia existencia de la espera. Así, la tergiversación de dichas listas se ha convertido en una “ciencia” en la pseudo gestión sanitaria. Un ejemplo: lo habitual en los últimos años es que no se le dé cita a las personas necesitadas, sino que se les comunique “ya se le llamará”. Con este mecanismo, esas personas no figuran en ninguna lista y, tramposamente, no están “esperando”. Es lo que hemos denominado “limbo sanitario”. Simplificando, se puede esperar por un corto plazo para ser diagnosticado o tratado de una dolencia. El escándalo clínico es que se pueda estar esperando meses, y que esto se tolere, se acepte, se normalice … sin saber la causa de los síntomas que padece una persona. No hay que cursar un máster en gestión para deducir qué si el resultado diagnóstico final es una enfermedad grave, la vida de esa persona está, o ha estado, en grave peligro.
¿Qué se puede hacer para combatir este desastre? ¿Existen alternativas políticas? Rotundamente sí. Hay que reponer urgentemente los Presupuestos Sanitarios Públicos adecuados, hay que reponer y adaptar las plantillas a las necesidades y hay que reorientar múltiples aspectos sanitarios que hoy en día están desfasados y desatendidos (atención a enfermedades crónicas, atención domiciliaria, espacio sociosanitario, conceptos de hospitalización, atención primaria, etc.).
En Andalucía, en pocos días se celebrarán elecciones autonómicas. Es un momento crucial. Es el momento cumbre de la democracia. El voto tiene, debe ser responsable. Hay que pensar en las necesidades de la población y qué políticas le hacen frente. Los Servicios Públicos ejercen de vacuna frente a las desigualdades sociales. Cualquier persona, en una sociedad que se precie, debe tener asegurada la atención sanitaria pública, la educación pública y la protección social públicas. Por eso, la FADSP y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas piden el voto para aquellas formaciones políticas que realmente vayan a fortalecer los servicios públicos y, específicamente, la Sanidad Pública.
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