La música de los presupuestos estatales suena bastante bien, pero son evidentes sus limitaciones y no está del todo claro que se cumplan las previsiones del crecimiento del PIB.
Por José Manuel Corrales Aznar
El gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el proyecto inicial de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico del 2022, que tendrá una larga negociación y tramitación parlamentaria hasta finales de año, previa a su aprobación o rechazo. El leitmotiv del gobierno es “no dejar a nadie atrás” tras la crisis provocada por la pandemia y los efectos sociales y económicos perversos del Covid19. El acuerdo presupuestario entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz supone un claro reforzamiento político de la cohesión del gobierno de coalición, pero necesariamente se debe ampliar a las fuerzas nacionalistas y soberanistas y a otras fuerzas políticas progresistas, si quiere lograr una mayoría suficientemente en las Cortes Generales.
Entre las fuerzas progresistas existe un consenso de que se deben mantener a nivel europeo las políticas de estímulo económico para incentivar el crecimiento económico y el bienestar social, para de esta forma animar una etapa expansiva de la economía española, que crecerá el próximo año según las previsiones del gobierno a un ritmo en torno al 7% del PIB.
El gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos ha resaltado que seis de cada diez euros de las cuentas públicas se destinarán a gasto social, sin contar con los fondos europeos, una proporción histórica de un total de 243.600 millones de euros, la cifra más alta de toda la democracia. Si se suman los fondos europeos, el gasto social se elevará a 248.391 millones de euros. Dentro de este gasto social las dotaciones presupuestarias para pensiones se incrementan un 4,8% (más de 171.000 millones), el bono social térmico aumenta en un 43,77% (con 1,2 millones de hogares beneficiados) y se aportan 40 millones de euros más para protección a familias y contra la pobreza infantil, que se espera llegue a más de 2,2 millones de niños.
Los Presupuestos, además, contemplan la mayor inversión pública de toda la historia, con cifras nunca vistas, como destinar más de 40.000 millones de euros a inversión y transferencias de capital, aportaciones que se consignaran especialmente a comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha destacado que con estas cuentas presupuestarias se están superando todos los precedentes en inversión para materias tan sensibles como Juventud (12.500 millones); Ciencia (13.300 millones).
Entre las medidas que afectan a la juventud, destaca el bono cultural de 400 euros, para el que se ha destinado una partida de 210 millones (el Ejecutivo cree que puede beneficiar a casi 500.000 jóvenes). También se incrementan partidas que ya habían alcanzado un récord histórico en los PGE vigentes, como es el caso de la Educación, destinando 2.200 millones de euros.
La investigación y el proceso de digitalización también tienen un papel protagonista en el anteproyecto de Presupuestos, un papel derivado del plan de transformación económica que el Ejecutivo puso en marcha tras recibir los fondos europeos de reconstrucción. Las cuentas destinan 13.298 millones a esta materia, lo que supone el doble de lo que recogen los presupuestos vigentes del 2021.
El pacto presupuestario incluye la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas, y la aprobación de una Ley de Vivienda que regulará entre otros aspectos los alquileres. En Unidas Podemos defendían la necesidad de fijar unos límites en los precios de los alquileres en aquellas zonas denominadas de mercado tensionado, donde el precio del alquiler de los inmuebles haya crecido de forma continuada en un breve periodo de tiempo. Sin embargo, los socialistas apostaban por priorizar los beneficios fiscales a los propietarios con el fin de que éstos bajaran voluntariamente los precios de sus alquileres.
El pacto presupuestario acuerda finalmente un sistema de beneficios fiscales pero de forma prevalente para los pequeños propietarios, y estableciendo límites concretos en esos beneficios en el caso de los grandes tenedores de vivienda, especialmente los fondos de inversión. Se crea un bono joven de vivienda, de 250 euros para jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos inferiores a los 23.700 euros al año. El objetivo del Ejecutivo es reducir la edad de emancipación para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda en alquiler con el apoyo de la Administración General del Estado. También habrá deducciones fiscales para rehabilitación de viviendas, en obras de mejora de la eficiencia energética, por valor de 450 millones y avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) por importe de 1.100 millones para que las comunidades de propietarios con menos ingresos que necesiten acometer mejoras puedan hacerlo. En conjunto serán, 6.820 millones de euros para programas de vivienda, regeneración urbana y viviendas sociales, entre otros. Estas medidas tributarias incluyen rebajas fiscales del 20%, 40% y 60% en aquellas viviendas que realicen actuaciones que contribuyan a la eficiencia energética.
La música de los presupuestos estatales suena bastante bien, pero son evidentes sus limitaciones y no está del todo claro que se cumplan las previsiones del crecimiento del PIB, aplazando la tan ansiada recuperación económica hasta el año 2023.
Las políticas previstas en los presupuestos están en general bien orientadas, pero sus efectos positivos reales dependerán en gran medida de la buena gestión de los fondos europeos Next Generation, que no está ni mucho menos asegurada. Además, a estas medidas presupuestarias resulta necesario añadir políticas de distribución de la renta más ambiciosas, cuyo fin sea lograr un crecimiento económico equitativo, destinando recursos fundamentalmente a:
- El gasto en políticas de empleo debería aumentar hasta situarse como mínimo al nivel de la media europea (está casi en la mitad). El déficit más importante se registra en las medidas de orientación y asesoramiento a los parados, y en aquellos programas que combinan formación y contratación, por lo que el aumento del gasto de políticas activas se debe concentrar en este tipo de medidas. Así se debe incrementar los programas orientados hacia la formación y orientación de los desempleados, con un aumento de los recursos dedicados a políticas activas por parado/año pero mejorando sustancialmente la evaluación de sus resultados.
- La educación de calidad y la formación activa para el empleo, para que las condiciones de partida sean las mismas para todas las personas.
- La sanidad, para reducir la pobreza, mejorar la salud en todos los ámbitos (específicamente la salud mental) y establecer condiciones de igualdad entre los individuos.
- La protección, la seguridad social y los servicios sociales, que buscan compensar situaciones como la pérdida de empleo, la jubilación, la enfermedad, la discapacidad o la falta de ingresos.
- La política de inversión pública en infraestructuras, implementando un compromiso decidido con la transición ecológica y una necesaria revolución industrial verde.
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