Una quimera: derecho a que la Justicia haga justicia

Por Víctor Arrogante

El juez García Castellón imputa Fernández Díaz y a su cúpula policial en el caso Kitchen por espiar a Bárcenas. Así mismo desvincula del caso al Partido Popular, en concreto a María Dolores de Cospedal, sin mencionar a Mariano Rajoy y al CNI. Todo parece que el exministro y sus policías se comen el marrón. Veremos cual es su posición en el juicio. El bloqueo del PP a la renovación del CGPJ está presente en la decisión del juez que tanto debe a los gobiernos de la derecha.

Manuel García Castellón llegó llevó la instrucción del caso Banesto y también la de varios atentados terroristas de ETA. Entre otros el coche-bomba de 1995 contra José María Aznar. Fue García Castellón quien intentó imputar a Pablo Iglesias con argumentos bastante endebles, en una causa surrealista donde le quitaron la razón tanto el Tribunal Supremo, como la Fiscalía como sus propios compañeros de la Audiencia Nacional. Es quien imputó a Cifuentes, también por la financiación B del PP, para después archivar la investigación. Es también el juez que hoy ha cerrado la investigación de uno de los mayores escándalos de la historia democrática: el caso Kitchen. Sigue prestando servicios al Partido Popular

El caso Kitchen es uno más de salpican al Partido Popular, por la utilización de los recursos del Estado en su propio provecho y beneficio; primero para financiarse, después para ocultar las huellas. Una historia de saqueo de las arcas pública por malos policías, espías traidores y altos cargos corruptos, desde las cloacas del Estado. Un entramado que utilizó los fondos reservados para su lucro personal.

A finales de 2016, el expresidente de Madrid andaba muy preocupado con el juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Allí se estaban investigando sus correrías, y también varios de los casos más delicados para el PP: Lezo, Púnica, más tarde Kitchen. Y en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que grabó la Guardia Civil, Ignacio González confesó un deseo que, muy pronto, se hizo realidad: que se fuera el juez que había en ese juzgado y que volviera a la plaza el titular. Es justo lo que pasó, apenas siete meses después.

¿Recuerdan a Ignacio González?; «Vamos a ver, Eduardo (Zaplana). Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia no sé qué y tal. Y escucha, tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo, a ver, venga usted pa acá. ¿Cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño». Esto es lo que hay en la administración de Justicia. (lo pongo con mayúscula por el respeto a la institución).

Hoy conocemos que María Dolores de Cospedal, en una de sus colaboraciones junto al excomisario Villarejo, trabajó para que Ricardo Costa, entonces tesorero del PP valenciano, asumiera todas las responsabilidades de la trama Gürtel. «Esto te lo tienes que comer«, asegura Villarejo en uno de los audios publicados. El excomisario propone que el damnificado fuera el tesorero Ricardo Costa, y se «coma» todas las cargas que la causa conllevara. Tras estas conversaciones, donde también participaba Ignacio López del Hierro marido de Cospedal, Costa fue destituido y apartado de su cargo.

Nuestro sistema diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una prestación de servicio básico fundamental, encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo, incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. La tutela judicial efectiva no es sólo un derecho, sino que es principio y fundamento del orden político y de la paz social, en un espacio de igualdad y justicia social.

Hasta ahora, en la historia de la democracia, ningún gobierno ha puesto en tela de juicio el derecho acceso a la justicia en igualdad de condiciones; ahora si se está produciendo. Ha habido una subida abusiva e indiscriminada de las tasas, están atacando el Estado de Derecho. Impiden que muchos ciudadanos sin recursos, podamos acudir a los tribunales en demanda de justicia. No quiero ni pensarlo; pero hubo rumores, con la excusa económica, de eliminar incluso la asistencia de letrado en las detenciones policiales. Si fuera así, el Estado de Derecho plasmado en la Constitución, quedaría en papel mojado, como así está ocurriendo con otros derechos fundamentales.

Pero no solamente es la subida del importe de las tasas la que ataca al Estado de Derecho; la asistencia gratuita está siendo duramente agredida. Las Comunidades Autónomas, con especial referencia a Madrid, con competencia en materia de Administración de Justicia, están pagando tarde y mal a los abogados de los turnos de oficio y rebajando los honorarios. Esta situación está perjudicando gravemente el derecho a la defensa.

Siempre me he preguntado y no he encontrado la respuesta satisfactoria: ¿Cómo es posible que no se haya abordado decididamente, la modernización de la administración de justicia y que a estas alturas de los avances tecnológicos se sigan utilizando medios del siglo XIX? Quiero pensar que es por la gran dificultad tecnológica y los enormes recursos económicos que hay que poner a su disposición, pero no me lo creo ni yo mismo, es por que no quieren.

La operación Kitchen, es el nombre dado al dispositivo que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para robarle a Luis Bárcenas pruebas de la financiación irregular del PP. Respetando la presunción de inocencia de todos los implicados, destacan el muy católico ministro Fernández Díaz, hoy procesado y la muy leal secretaria general María Dolores de Cospedal, hoy sin cargos por malversación, prevaricación y revelación de secretos.

Los informes de anticorrupción ya apuntaban a Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, y a Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa, junto al que fuera número dos de Interior, Francisco Martínez, responsable por su cargo de los fondos reservados. Parece que ya ha avisado: «no voy a comerme ese marrón solo».

El proceso judicial que más daño ha hecho a la reputación del PP se refiere a la contabilidad secreta que manejaron los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Luis Bárcenas. Por los hechos registrados en esa contabilidad oculta al fisco, el juez tan solo ha procesado a los tesoreros y gerentes del PP, por pagar con dinero negro la compra de acciones de Libertad Digital o parte de las obras de la sede de Génova, 13, y a los directivos de un despacho de arquitectura por defraudar a Hacienda al no declarar parte de los ingresos logrados por esa reforma.

García Castellón ha sido capaz de archivar la investigación sin llamar siquiera a declarar como testigo al principal beneficiado de todo el operativo y principal responsable del Gobierno bajo el que todo esto ocurrió. En un ejercicio de malabarismo difícil de igualar, cierra la investigación sin mencionar siquiera por su nombre a Mariano Rajoy en los 70 folios del auto. «Ninguna diligencia permite sostener», asegura el juez, que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro. Ese presidente del que me está usted hablando, que diría M. Rajoy.

Más sobre más, todo es interminable, García Castellón procesa a Granados y al exsenador del PP David Erguido, por contratos de la Púnica, por delitos de tráfico de influencias y prevaricación y a otras quince personas más, entre otros al cerebro de la trama, el que fuera secretario general del PP en Madrid y a los responsables de los municipios afectados. Se investiga el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos para fiestas municipales a través de la empresa Waiter Music.

Con toda esta situación de imputaciones en la que se encuentra el PP, se entiende el bloqueo al que somete la renovación del Consejo General del Poder Judicial, nombrado en la época Rajoy. Siguen utilizando los poderes del Estado como propios y la Constitución a su antojo y beneficio, lo que no deja de ser una vergüenza.

El Partido Popular sigue implicado en casos de corrupción hasta las cachas. Pese a todo y a la realidad manipulada en beneficio del poder, tenemos derecho a que se haga Justicia con justicia.

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