Para que esas ayudas lleguen a esos colectivos y no a otros y cumplan la finalidad para las que fueron puestas en marcha, las administraciones públicas que las implanten deberían establecer unos procedimientos y mecanismos que aseguren que los beneficiarios las reciban y garanticen que sirvan exclusivamente para el fin diseñado.
Por Pedro Labrado
Tras lo trascendido hace un par de semanas sobre los Bonos Sociales Térmicos cobrados por políticos con magros sueldos y situación económica acomodada, dos del Partido Popular y una de Más Madrid y destinados a colectivos vulnerables y vulnerables severos, no está de más unas reflexiones sobre estos y otras ayudas sociales desplegadas por las administraciones públicas.
Una reflexión previa, curiosamente la clase política y los medios de comunicación han dejado de lado este tema rápidamente y parece que no quisieran volver a hablar de estos bonos y su diseño.
La primera reflexión es que han llegado a los medios tres nombres, pero no me cabe la menor duda de que la lista de cargos públicos beneficiarios de estos bonos es mucho más extensa, razón por la que creo, como decía en la reflexión previa, se ha corrido rápidamente un tupido velo porque el escándalo podría ser mayúsculo si conociéramos la lista completa de los inmorales beneficiarios y beneficiarias de los mismos y la múltiple adscripción partidaria de los componentes de la lista.
La segunda reflexión es que el establecimiento de todo tipo de ayudas sociales debe de tener una finalidad clara como es por ejemplo sufragar en parte la factura eléctrica o de calefacción como es en este caso, o subvencionar en todo o en parte el comedor escolar de un niño o niña o el transporte público de trabajadores y trabajadoras. Además de una finalidad clara debe tener una población diana igualmente clara, colectivos que tienen dificultades para acometer esos gastos y/o que están en riesgo de pobreza o exclusión social.
La tercera reflexión es que para que esas ayudas lleguen a esos colectivos y no a otros y cumplan la finalidad para las que fueron puestas en marcha, las administraciones públicas que las implanten deberían establecer unos procedimientos y mecanismos que aseguren que los beneficiarios las reciban y garanticen que sirvan exclusivamente para el fin diseñado.
La cuarta es que en cualquier modelo que se implante para hacer llegar ayudas siempre habrá listillos que busquen resquicios o aprovechen su posición alegal (defraudadores de impuestos, por ejemplo) para disfrutar de las ayudas, exenciones, bonificaciones, subvenciones, etc.
La quinta es que es inadmisible que de forma consciente en el diseño de ayudas sociales se deje deliberadamente una puerta abierta para que esas ayuda impulsadas y justificadas para beneficiar a quién las necesita terminen en los bolsillos de quienes no las precisan.
La sexta reflexión es que la “polémica” ha saltado al ágora público por el disfrute de los bonos eléctrico y térmico por un modelo de familia que al parecer tiene una protección especial por parte de todas las administraciones públicas, las familias numerosas. El concepto de familia numerosa sólo informa sobre el número mínimo de hijos que tiene un núcleo familiar biparental o monoparental, y solo eso. El concepto no informa sobre nada más. Hay familias numerosas de un progenitor y dos hijos, tres hijos, etc. y las hay con dos progenitores y tres, cuatro, cinco hijos o más. Esto es lo único de lo que informa el concepto “familia numerosa”.
La séptima reflexión es que ser acreedor o no de una ayuda pública debe estar en función exclusivamente de otras cosas diferentes al tamaño del núcleo de convivencia, poniendo la lupa en otros tamaños, el de los ingresos, el de los ingresos medios, el del tamaño de la vivienda o viviendas que se habitan o el coche o los coches que se conducen, o cualquier otro elemento medible. Curiosamente cuando se establecen estos bonos y otras ayudas como las de la exención en el pago de matrículas universitarias o como las de los descuentos en el transporte público y en entradas a museos o exenciones o bonificaciones en el pago de impuestos municipales como el de Vehículos de Tracción Mecánica, se incluye entre otros como motivo de exención y/o bonificación de forma cuasi natural, como si fuera evidente e indiscutible ese derecho, “serán beneficiarios de este descuento, bonificación o exención los integrantes de familias numerosas”.
La octava y última reflexión es que las familias numerosas de la actualidad no son las familias numerosas de los años 60 del siglo XX. Hoy precisamente, salvo excepciones, son en general numerosas las familias que se pueden permitir ser numerosas.
Después de tantas reflexiones, ha llegado el momento de apuntar algunas conclusiones derivadas de ellas:
- La primera es que parece que los bonos, descuentos y exenciones cuya finalidad es ayudar a aquellos colectivos que tienen dificultad para hacer frente a determinados gastos y acceder a determinados servicios públicos se deben estructurar y diseñar para que efectivamente lleguen a los colectivos para los que se diseñan en la mayor cuantía y de la forma más sencilla posible.
- La segunda es que el concepto “familia numerosa” como paradigma de ser acreedor de ayudas sociales debiera de superarse, huele a tiempos pretéritos de premios a la natalidad a familias católicas como dios mandaba, y generalizarse los criterios de renta incluso los de signos externos, para asignarlas.
- La tercera es que los mecanismos para solicitar y disfrutar de las ayudas sociales, sean las que sean, tienen que ser fáciles y accesibles para los colectivos para los que se diseñen.
- La cuarta es que los fondos que se destinan para implementar una ayuda son siempre finitos. Si llegan a las personas que no los necesitan, a las que los necesitan o bien no les llegan o les llegan en menor cuantía de las que les podrían llegar.
- Y por último, la conclusión más dolorosa de todas, la polémica que pareció iba a ocupar telediarios y portadas durante semanas, se ha quedado rápidamente en nada, ni polémica, ni dimisiones, ni prometidos reintegros, ni revisión de las condiciones para acceder a los bonos de la discordia ni a las de ninguna otra ayuda. Sólo me lo explico con un único y posible motivo y que ya apuntaba en mi primera reflexión, y es que el cobro de estos bonos debe de haber atravesado por todas las formaciones políticas, habiendo entre las filas de todas beneficiarios que no están dispuestos a verse envueltos en polémicas que destapen su inmoralidad y mucho menos a iniciar el camino que suponga la renuncia en el disfrute de los bonos sociales en particular y del resto de ayudas a familias numerosas en general.
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