Un genocidio que Etiopía no puede ocultar

Con la ayuda humanitaria llegando a cuentagotas, incapaz de satisfacer las necesidades urgentes de la población tigriña, la hambruna se ha convertido en un arma de guerra, agravada por la falta de acceso de los agricultores a semillas y fertilizantes

Por Angelo Nero

Este primero de junio el doctor Kibrom Gebreselassie, director del Ayder Referral, el principal hospital de la región de Tigray anunció la suspensión de sus actividades debido a la falta de medicamentos y a los frecuentes cortes del suministro eléctrico, por lo que no podrá atender a los numerosos pacientes que han sufrido los devastadores efectos de la guerra promovida desde los gobiernos Adís Abeba y de Asmara, que han dejado a la región al borde del colapso sanitario, agravado por una hambruna que ha condenado a una muerte segura, si los organismos internacionales no reaccionan a tiempo, a millones de tigriños. “Ahora no hay electricidad en Tigray y hemos dejado de producir oxígeno”, declaró el doctor Gebreselassie a la cadena británica BBC, puesto que, aunque las fuerzas de Tigray recuperaron el control de la capital, Mekelle, y de gran parte de su territorio, en el pasado junio, han estado sometidas a un férreo bloqueo por parte de las tropas etíopes, que han impedido el paso a los convoyes humanitarios.

Con la ayuda humanitaria llegando a cuentagotas, incapaz de satisfacer las necesidades urgentes de la población tigriña, la hambruna se ha convertido en un arma de guerra, agravada por la falta de acceso de los agricultores a semillas y fertilizantes, con lo que la próxima temporada no tendrán nada que cosechar, y esto agravará la crisis alimentaria.

Pese a las continuas declaraciones de alto el fuego, por parte del gobierno etíope, que declaró hace un mes una “tregua humanitaria”, sus aliados, las fuerzas de Eritrea han vuelto a bombardear este fin de semana poblaciones fronterizas como Shiraro, alcanzando una escuela que servía como albergue a familias desplazadas por la guerra, según informó el portavoz de TPLF, Getachew Reda. El gobierno etíope parece dejar en manos del ejército eritreo y de las milicias amharas la ofensiva contra las fuerzas tigriñas, habida cuenta de que su propio ejército está llevando a cabo una ofensiva militar contra el Ejército de Liberación Oromo, y contra otros grupos armados en las regiones de Benishangul Gumuz, Gambella, Somali y Southern Nations, Nationalities and Peoples.

A principios del pasado mes de mayo, decenas de testigos denunciaron la quema de cadáveres de cientos de civiles masacrados en el oeste de Tigray, ocupada por fuerzas amharas afines al gobierno de Abiy Amhed, para ocultar las pruebas del genocidio, antes de la llegada anunciada de la delegación del Tribunal Penal Internacional, que investigará los crímenes de guerra. Organismos como Human Rights Watch han acusado a las milicias amharas de “expulsar sistemáticamente de sus hogares a varios cientos de civiles de Tigray, mediante amenazas, asesinatos, violencia sexual, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, traslados forzosos y denegación de asistencia humanitaria, con la complicidad y posible participación de las fuerzas federales etíopes.

Una investigación de la BBC ha constatado que “más de 200 cuerpos de civiles tigriños enterrados en dos fosas comunes detrás de una escuela de Humera, fueron exhumados, quemados y trasladados a otro lugar.” También certificaron la quema de 150 cadáveres en Adebay y de 70 más en Beaker.

Abiy Amhed no quiere testigos incómodos en su guerra contra el pueblo de Tigray, y recientemente ha expulsado del país al periodista Tom Gardner, corresponsal de “The Economist”, por adoptar una postura, que el gobierno calificó de errónea, sobre el conflicto, lo que se suma a la expulsión, también este año, de un reportero de “The New York Times”, a cuatro trabajadores de Nisir International Broadcasting, y a una veintena de periodistas etíopes, la última la cofundadora y presentadora de Roha TV, Meaza Mohammed.

Mientras tanto, en un gesto de buena voluntad, el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), anunció la liberación de 4.200 prisioneros de guerra, pertenecientes a los ejércitos de Etiopía y Eritrea, y a las milicias de Amhara y Afar, “una medida de carácter unilateral destinada a fomentar la confianza”, fruto de las conversaciones con el enviado especial de la Unidad Africana, Olusegun Obasanjo, ex presidente nigeriano.

En contraste, solo unos días después de este intento de allanar el camino hacia la paz, las fuerzas de seguridad de Amhara iniciaron una operación policial en la que detuvieron a 4.500 personas, que según la cadena Nisir International Broadcasting, “han secuestrado a cientos de personas, si no miles, especialmente de los medios, activistas de comunidades, guardias locales, líderes de partidos políticos, funcionarios. Han matado también a muchos de ellos durante los últimos días.” Hasta Estados Unidos ha manifestado su preocupación por las informaciones sobre los recientes arrestos masivos de periodistas y activistas comunitarios en Etiopía, y ha nombrado un nuevo enviado especial al Cuerno de África, Mike Hammer, para lograr un acuerdo de paz que, realmente, parece estar más lejos, a pesar de que haya hecho hincapié en que “la administración de EEUU sigue firmemente centrada en el cese de hostilidades, el acceso humanitario sin restricciones, las investigaciones transparentes sobre las violaciones y abusos de los Derechos Humanos, por parte de todos los actores, y una solución negociada al conflicto.”