Un desahucio y pelotazos: el problema de la vivienda a través de la periferia sud barcelonina

 

Por Ricard Jiménez

Entre el frío de la mañana empieza a asomar el sol en Molins de Rei. Café en mano y con más legañas que ideas vespertinas comienzan a concentrarse, en una de las avenidas principales de la ciudad, un grupo de personas, mayoritariamente jóvenes, porque hoy pretenden desahuciar a Najib y a su mujer embarazada.

La pareja hace menos dos meses que vive en Molins de Rei y han sido víctimas de una estafa. Se les dio acceso a una vivienda con un proceso judicial abierto. Para Najib, tal es la situación que se enteró de que iban a ser desahuciados por este motivo, prácticamente, veinticuatro horas antes, tiempo insuficiente para acudir a servicios sociales o buscar una solución habitacional temporal, por lo que la tensión, ante el inminente desalojo, se palpaba en el ambiente, como suele decirse, desde primera hora de la mañana.

Conforme pasaban los minutos seguía llegando gente al grupo, que rebasaría con creces la veintena de personas. Mientras, el Sindicat d’Habitatge de Molins, ultimaba la transmisión de información a los asistentes, la colocación de un cartel y se encendería el micrófono. «Vecina, despierta, desahucian en tu puerta».

«Nosotros nacimos hace cerca de un año y en este tiempo el ayuntamiento se está poniendo muchas medallas hablando de protección oficial, ¿pero protección oficial es la venta de pisos por 150.000 euros? La cosa se está poniendo fea», me explica Laura.

De repente alguien se dirige a mí. Al principio, no sé si lo he entendido mal o lo que me está diciendo es el reflejo de la deshumanización progresiva de esta sociedad. «Sí, que no saques en las fotografías el cartel de debajo, porque no queremos tener nada que ver», me dice. Giro la cabeza y leo: «Creu Roja Baix Llobregat. Punt de suport a les famílies» (‘Cruz Roja Baix Llobregat. Punto de apoyo a las familias’). «Bueno, el letrero está ahí y la noticia es que se pretende llevar a cabo un desahucio, a pesar de tu indiferencia», le respondo.

El hombre regresa poco después ataviado con un gran rollo de celo, papel de carnicería, que al parecer también sirve para envolver las miserias de cada uno, y una escalera, con lo que se dispone a tapar el cartel.

Más de dos largas horas de incertidumbre han transcurrido hasta el desembarco, siempre con intención imponente, de la comitiva judicial, precedida por un amplio dispositivo policial. Tras un primer tanteo comienzan las negociaciones, pero Najib no entiende ni el catalán, ni el castellano, por lo que una señora se ofrece a llamar a un vecino que pueda servir de intérprete en árabe.

Ya no hace frío y el sol radiante sirve para acelerar aún más el pulso. Diría que por suerte pero, «ni un tantito así», sino que, gracias a la presión autorganizada del pueblo, el bombeo de sangre en ebullición sirve, por fin, para celebrar el aplazamiento del lanzamiento. Sin embargo, siempre hay un pero, «volverán el próximo día 31», expone Antoni desde el micrófono. «En estas dos semanas tenemos que luchar y acudir a las instituciones o buscar una alternativa y encontrar una solución», sentencia.

Pienso de forma irremediable en el contexto reciente y, más en concreto, en el «nadie se va a quedar atrás» y no encuentro a mi alrededor quien siga al frente sin tambalearse. El escudo social, más que escudo, parece un coladero.

En marzo de 2020 se iniciarían los trámites para la aprobación de una retahíla de medidas de carácter social con la intención de paliar algo que ya estaba perdido de antemano. Estas medidas tampoco fueron suficientes, ni se dirigieron con acierto.

Un año después las colas del hambre no dejan de crecer, la demanda en los bancos de alimentos se ha disparado un 60%, por poner uno de tantos ejemplos que incumben y reflejan el tremebundo impacto social y económico de un sistema resquebrajado.

El 96% de los 6 millones de personas solicitantes de ayudas a todo tipo de organizaciones, las de con más o menos ánimo de lucro, y las vecinales, no ha podido ni ingresar el amparo que pretendía la medida estrella del gobierno, el Ingreso Mínimo Vital.

Con tales incertidumbres, penas y aflicciones para poder poner un plato de comida encima de la mesa, de tantos y tantos hogares, no hace falta imaginarse la condena que supone poder acceder a una vivienda digna, o conservarla.

En este sentido no es nada desdeñable recalcar que en Cataluña, durante el 2020, se produjeron la friolera cifra de 4.211 lanzamientos por impago de alquiler,  21.145 en toda España.

«No podemos obviar que el precio de la vivienda nueva ha incrementado un 46% desde 2014 y el del alquiler un 52% en tan solo los últimos 5 años. Date cuenta que el alquiler medio es de 943€/mes mientras el sueldo más frecuente, 1.070€ netos. Asimismo, el número de vivienda social construida sobre el total se ha ido reduciendo desde el 40% del año 2012 al 8,5% del año 2019. Mientras Alemania tiene un 18% de vivienda social, Austria un 23% u Holanda un 32%, en España solo hay un 1,1%. Además, el 30% de todo el parque de viviendas vacías de Europa se concentra en España. Por lo tanto, observamos que el único problema aquí no son los alquileres si no que es mucho más profundo», me explicaba el economista Julen Bollaín.

Recientemente en TV3 se emitió un documental en el que se trataba el tema del derecho a la vivienda. En este, entre otros asuntos, se exponían distintas vías y caminos que desde los sindicatos vecinales se estaban llevando a cabo para mitigar tal deflagración de uno de los derechos más básicos. Pero, ¿Cuáles están siendo las respuestas esgrimidas desde el municipalismo institucional?

Me surge esta cuestión porque estos debieran ser la primera barrera de impacto ante el asedio de una realidad que azuza todos los horizontes de aquello que algunos llaman patria. Sí, patriotismo por aquí se le conoce al amor por unas tierras donde la gente cada vez tiene menos donde vivir.

Retomando la cuestión… Resulta que a poco más de 6 kilómetros del piso de Najib y su mujer se encuentra la antigua Colonia Güell, que fue una pequeña colonia industrial situada entre Santa Coloma de Cervelló y Sant Boi, que con la excepción de las partes más turísticas y las zonas residenciales, constituye actualmente un entorno olvidado y castigado ante la indiferencia de las instituciones. Sí, esas mismas instituciones por las que nos preguntábamos antes. A pesar de ello, o a consecuencia de ello más bien, consciente o no, ha sido uno de los lugares escogidos para llevar a cabo un nuevo plan urbanístico, una de esas pócimas mágicas que nos estalló ya hace unos años en la cara con el espectro de burbuja.

Según cuentan desde la plataforma Salvem la Colonia Güell «está todo decidido», pero el ayuntamiento insiste en que ha abierto un proceso en el que los vecinos pueden exponer sus puntos de vista, pero «no será vinculante, ya que las cosas están resueltas y se van a construir pisos», refutan desde la organización vecinal. «Otro espacio verde del Baix Llobregat está tocado de muerte», exponía El Llobregat Digital. Me gusta como parece que se recalca el eco de la palabra ‘otro’. Nada más nítido que la resonancia y repetida dicción para vislumbrar el panorama, por qué no es el único y algunos de ellos, de hecho, ya están en marcha.

¿Qué esconde esta idea de urbanizar para «mejorar el parque de viviendas» de la periferia barcelonina, como exponen los ayuntamientos? La respuesta la tenemos todos y todas en la punta de la lengua, ¿verdad? Aún así arrojemos algunos datos, solamente, por acotar, del extrarradio sud de la capital catalana.

Una de las fases del mismo PDU de l’Entorn de la Colònia Güell, que atañe en este caso al terreno público de Sant Boi, pretende construir 280 nuevas viviendas, de las cuales tan solo 3 de cada 5 serán de protección oficial y el resto de venta libre.

Como decía no es el único y los datos son para echarse a temblar. La semana pasada el ayuntamiento de Gavà, a quince minutos, aprobaba un nuevo Plan Urbanístico que constará de 33.000 metros cuadrados para la edificación de «225 viviendas privadas y a usos residenciales y hoteleros» en primera línea de playa, tal y como indica la web del Ayuntamiento local. Se sumaría así al Pla de Ponent, donde se prevé la edificación de 200 hectáreas sobre el terreno montañoso del Calamot con el mismo patrón en cuanto a la oferta pública. Es decir, prácticamente nula.

Cerca, en el Prat de Llobregat, también han comenzado los prolegómenos del plan urbanístico ARE Eixample Sud y la ampliación del aeropuerto en espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat. Al respecto la Comisión Europea envió el mes pasado una carta de emplazamiento «al incumplirse la directiva que protege los hábitats naturales» y lanzaba una advertencia, pero…

Podría continuar y escribir un libro, ya que esto está siendo la tónica generalizada, pero encuentro la objeción de que por más datos que se aporten, a la vista está, no pretenden ser solución… Edificar vivienda privada cuando existen 3’5 millones de viviendas vacías… ¿Quién será el trilero esta vez?

Otra de las opciones a la hora de buscar remedio al problema de la vivienda que se baraja, hablando de nuevo desde el prisma de las organizaciones populares y que también ha sido cacareada por algún partido político, es la de la regularización del precio del alquiler.

Al preguntarle de nuevo a Bollaín sobre los posibles efectos de la regularización explica que «una medida dirigida a limitar los precio del alquiler por sí sola no sería la solución necesaria a todo el problema del mercado de la vivienda existente actualmente en el Estado español», sin embargo, matiza, «entiendo que intervenir el mercado del alquiler con el fin de evitar subidas abusivas es un paso en la buena dirección. Esto no tendría sentido hacerlo de forma uniforme dentro del Estado español, si no que sería necesario establecer índices de precios de referencia que se adapten a las diversas realidades y poder actuar de manera más profunda en aquellos sitios donde los precios están más tensionados» y finaliza sentenciando que lo que «urge es ampliar el parque público de viviendas y ver cómo se puede encontrar la mejor solución para que ir reduciendo los 3,5 millones de viviendas vacías existentes en la actualidad. Es decir, hay que ir a la raíz del problema, no vale con subvencionar alquileres porque ya sabemos dónde termina ese dinero».

Jesús Rodríguez Rojo aún va más allá, ya que considera que «regulación creo que genera problemas, o al menos es susceptible de generarlos y la solución, obviamente, debería pasar por la acción directa del Estado sobre la propiedad».

Entretanto, casualmente, mientras escribo estas últimas líneas, el ministro Ábalos «abandona la propuesta de la limitación al precio del alquiler y eleva hasta el 90% los beneficios fiscales a propietarios», según relata La Vanguardia. Así que por el momento más que soluciones… Amanece que no es poco, aunque al alba… Al alba, al alba… Najib se asoma a la ventana con el rostro desfigurado, agradeciendo a aquellos que acuden a su llamada, aún sin entender como ha llegado a esta situación.

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