El gobierno italiano sigue una política neoliberal clásica, basada en recortes fiscales que aumentan el déficit público del país. Ahora, bajo la presión de los mercados, la primera ministra Giorgia Meloni se esfuerza por no disgustar a los inversores internacionales.
Por Romaric Godin/ Viento Sur
Poco más de un año después de su toma de posesión, el 22 de octubre de 2022, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado su primer presupuesto. Y lo menos que puede decirse es que la política económica del bloque de derecha y extrema derecha no brilla por su originalidad o ambición.
Durante el último año, la gestión de Meloni ha sido confusa y, en líneas generales, se ha ajustado a las políticas aplicadas por su predecesor, Mario Draghi. Ya durante la campaña electoral de 2022, la cuestión económica no ocupó un lugar central, pero se percibía la intención de cambiar algunas prioridades.
El deseo de redefinir las condiciones del plan europeo de resiliencia, la promesa de una edad mínima de jubilación más baja y una política familiar más generosa, así como las críticas a la influencia de las finanzas, fueron señales en esta dirección. En ese momento se diseñaba una política conservadora, favorable al capital nacional y a los hogares de clase media.
Un año después, apenas ha cambiado nada. La economía política italiana sigue siendo prácticamente la misma: la de un país que presiona sobre los salarios reales, para mantener su cuota de mercado de exportación, y que confía en el Estado para mantener la economía a flote lo mejor que pueda.
La deconstrucción del Estado del bienestar
Entonces, ¿en qué consiste el «toque Meloni»? Ante todo, en aumentar la presión sobre el mundo del trabajo y sobre la gente más pobre, retomando la retórica clásica de la lucha contra los beneficiarios del bienestar. De hecho, esto es casi lo único que queda de sus discursos durante la campaña electoral. A finales de julio, el anuncio de la supresión de la renta de ciudadanía para 169.000 personas y su sustitución por un subsidio condicional marcó la pauta.
El principal elemento del proyecto de presupuesto es la reforma de las pensiones. En contra de sus promesas electorales, el gobierno italiano ha endurecido las condiciones de acceso a la jubilación antes de la edad normal de 67 años. Se han hecho algunos ajustes para las madres con hijos, pero, en general, la jubilación a los 62 y 64 años que actualmente es posible quedará reservada a los empleados más ricos, con descuentos y topes en las cuantías.
Las condiciones serán aún más duras para las y los empleados de los servicios públicos, en línea con la ideología hostil de los partidos de la coalición. Los sindicatos están en pie de guerra contra el endurecimiento de la ley Fornero, que lleva el nombre del ministro del Gobierno Monti que, en 2011, impuso una reforma de las pensiones ya de por sí muy severa.
El gobierno de Meloni prevé recortar el gasto en 8.000 millones de euros, que serán absorbidos en su totalidad por los 24.000 millones de euros previstos en recortes fiscales, tanto sobre el trabajo como sobre la renta. Recortes del gasto social y reducciones de las prestaciones para financiar los recortes fiscales: un programa clásicamente neoliberal que, a decir verdad, apenas difiere de la política aplicada a este lado de los Alpes.
El efecto del «superbonus”
En realidad, el nuevo gobierno italiano, al igual que los precedentes, carece de una verdadera visión para su economía. Entre 2021 y principios de 2023, Italia experimentó una notable aceleración del crecimiento, en contraste con muchos países avanzados. A finales del segundo trimestre de 2023, el PIB italiano se situaba un 4,2% por encima de la tendencia 2009-2019. El PIB del primer trimestre fue el más alto en términos de volumen desde la primavera de 2008.
¿Podría significar esto que Italia había logrado lo impensable: salir del marasmo en el que se ha hundido durante los últimos quince años y, en algunos aspectos, durante los últimos treinta? La parte del consumo de los hogares en el PIB se redujo en 1,95 puntos porcentuales, lastrada por una caída vertiginosa de los salarios reales. La industria ha seguido erosionándose, viendo caer su cuota de valor añadido del 19,6 % al 19,2 % en tres años.
De hecho, el principal motor del crecimiento italiano ha sido el sector de la construcción y la vivienda. El aumento de la inversión en este sector representa nada menos que el 95 % del incremento del PIB entre 2019 y 2022. Y, en sí mismo, este aumento tiene una y sólo una causa: el «superbonus».
Esta medida fue introducida en mayo de 2020 por el gobierno de Giuseppe Conte. Preveía una financiación del 110% de los gastos de renovación de la vivienda, y podía pagarse mediante l deducción fiscal, el descuento en las facturas pagadas por el Estado o vendiendo el crédito fiscal a un banco.
La medida fue muy generosa y, sin duda, causó problemas; sobre todo, al aumentar repentinamente la demanda de materiales en el peor momento posible, lo que alimentó la inflación, pero también al permitir algunos fraudes. Pero una cosa es cierta: aceleró la renovación energética de los hogares italianos y apoyó el crecimiento.
Cuando Giorgia Meloni llegó al Palazzo Chigi, el Matignon italiano, cambió el sistema, que juzgó inmediatamente demasiado costoso. Es cierto que, sobre el papel, ha lastrado las finanzas públicas italianas en 140.000 millones de euros. Pero aparte del efecto climático, el superbonus ha proporcionado algo de lo que carecía cruelmente el presupuesto italiano desde hace años: crecimiento y, por tanto, ingresos fiscales. De hecho, este gasto no ha impedido que la deuda pública italiana caiga del 155% al 140% del PIB entre 2020 y 2023.
Pero el efecto de esta bonificación sobre la economía italiana no resuelve los verdaderos problemas de la economía peninsular, empezando por el declive de su productividad en la última década. Entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2023, el empleo creció un 3,82% y el PIB sólo un 3,29%.
La vuelta al estancamiento
Así pues, el superbonus dio un pequeño respiro a la economía italiana. En febrero de 2023, el gobierno de Meloni la redujo al 90% y la limitó a un simple crédito fiscal. Lógicamente, el atractivo de la medida se ha reducido, ya que deja una parte del gasto a cargo de los hogares y resulta poco interesante para quienes pagan pocos impuestos.
Al cortar este acceso al oxígeno de la economía italiana, el ejecutivo no disponía de ninguna medida alternativa, por lo que el impacto sobre el crecimiento fue inmediato: tras aumentar un 0,6% en tres meses en el primer trimestre de 2023, la actividad se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre, antes de estancarse entre julio y septiembre.
Se trata de una especie de vuelta a la normalidad de la economía italiana anterior a la crisis, es decir, a la depresión. Peor aún, con la subida de los tipos de interés, la economía italiana podría verse doblemente afectada en su ya débil capacidad de inversión y, también, a través de la demanda internacional. El año que viene, el crecimiento debería ser del 0,7% según el FMI y del 0,8% según el Banco de Italia.
La respuesta del gobierno Meloni es negacionista por doble partida. En primer lugar, sobre la situación actual, ya que el presupuesto se basa en una previsión de crecimiento irreal del 1,2% para 2024, y en segundo lugar, sobre la política a seguir, ya que la única respuesta dada son las mismas respuestas neoliberales de siempre.
Además de los ya mencionados recortes fiscales y la reforma de las pensiones, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, de la Liga, ha prometido 20.000 millones de euros en privatizaciones. Todas estas medidas se vienen imponiendo en Italia desde hace años, sobre todo por parte de gobiernos expertos como el de Mario Monti entre 2011 y 2013. Pero las consecuencias han sido el estancamiento económico y una década perdida.
Meloni cae en desgracia
La derecha y la extrema derecha italianas parecen estar alineándose. Algunos intentos de favorecer el capital nacional productivo fueron rápidamente corregidos. Para sorpresa de todos, en agosto, Giorgia Meloni anunció un impuesto sobre los beneficios de los bancos. Pero a los pocos días, ante la reacción de los mercados, tuvo que aceptar reducir su alcance para hacerlo prácticamente indoloro.
En septiembre, varios planes de la coalición causaron inquietud en los mercados financieros internacionales. El primero consistía en ofrecer a las PYME y a los hogares la posibilidad de recomprar a un precio reducido las deudas que no hubieran podido pagar. La medida pretendía ayudar a la recuperación financiera de estos agentes, pero fue en detrimento de los titulares de las deudas, en particular de los inversores internacionales que las habían comprado a precios de derribo. Ante el mal humor de los mercados, la medida fue abandonada por la propia Giorgia Meloni.
El gobierno italiano intentó entonces enfrentarse a las compañías aéreas de bajo coste, en particular a Ryanair, a la que acusó de abusar de su posición en el mercado para subir los precios de los vuelos entre la península y Sicilia y Cerdeña. Los precios habían subido un 70% durante el verano. En agosto se planteó una propuesta de precio máximo. Pero un mes después Roma dio marcha atrás, contentándose con algunas medidas cosméticas y la apertura de una investigación por parte de la autoridad de competencia.
Se creó una comisión para dar luz verde a cualquier inversión extranjera de más de 1.000 millones de euros y se decidió controlar las transferencias de tecnología. Pero en el contexto europeo, estas medidas son simbólicas y, sobre todo, sirven a la narrativa que intenta construir Giorgia Meloni: un gobierno que protege la economía italiana de las finanzas internacionales.
Bajo la atenta mirada de los mercados
La realidad es muy distinta. Puede que el gobierno de Meloni siga siendo muy popular, pero su supervivencia depende en gran medida de la buena voluntad de los mercados financieros, la Comisión Europea y las agencias de calificación. Al presentar su presupuesto para 2024, la primera ministra tuvo que revisar sus previsiones de déficit del 3,7% del PIB al 4,3%. La vuelta a un déficit inferior al 3% que esperaban los mercados para el año que viene tendrá que esperar hasta 2026, mientras se financian los recortes fiscales.
Esta decisión ha desatado la fiebre en los mercados, que mantienen en vilo a Italia, el eslabón más débil de la eurozona por razones históricas y por el peso de su deuda en su presupuesto. En tiempos de tipos de interés al alza, la desconfianza se acentúa de forma natural.
Por eso, cuando se elevaron las previsiones de déficit, el famoso diferencial (la diferencia entre el tipo italiano a diez años y su equivalente alemán) empezó a subir de nuevo. Este diferencial es la medida tradicional del riesgo italiano. A menudo ha ocupado los titulares de los medios de comunicación italianos y ha conseguido acabar con más de un gobierno electo y sustituirlo por un gobierno técnico de expertos practicantes de la austeridad capaz de tranquilizar a los mercados. En noviembre de 2011, Silvio Berlusconi fue expulsado del poder con la ayuda del BCE bajo la presión del diferencial.
A pesar de su popularidad, si la propagación se descontrola, Giorgia Meloni no es inmune a un escenario similar. Por eso, a lo largo de octubre, se ha encontrado bajo presión. El diferencial entre Alemania e Italia pasó de 163 puntos básicos (1,63 puntos porcentuales) en agosto a más de 210 puntos básicos a finales de octubre. Está muy lejos de los 563 puntos básicos de finales de 2011, pero el mes pasado se empezó a hablar de nuevo de un gobierno técnico.
La cuestión de los tipos de interés es crucial para el gobierno de Meloni. Si los tipos de interés italianos suben demasiado, Italia no sólo podría tener dificultades para refinanciarse, sino que el coste de su deuda podría dispararse y ampliar aún más el déficit, creando un círculo vicioso propio. Hasta ahora, la protección del BCE ha proporcionado una forma de seguridad para la deuda italiana que ya no es tan segura, aunque, en realidad, una crisis de la deuda italiana supondría una amenaza existencial para la eurozona.
El segundo elemento importante es el acuerdo de la Comisión Europea. La vuelta a las normas presupuestarias tradicionales somete a Roma a una presión tanto mayor cuanto que Italia depende en gran medida de las ayudas del plan de resiliencia para sostener su crecimiento. Bruselas estima, probablemente de forma un poco exagerada, que el efecto anual de este plan sobre el crecimiento italiano será de 0,5 puntos del PIB. Dado que lo que falta en las cuentas italianas es crecimiento, el gobierno necesita obtener luz verde de Bruselas para su presupuesto.
Por el momento, Giorgia Meloni se ha beneficiado de un indulto: el lunes 6 de noviembre el diferencial volvió a caer a 183 puntos básicos. Esto se debe en gran parte a que las principales agencias de calificación no rebajaron la calificación crediticia de Italia a finales de octubre. Pero la primera ministra sabe que está bajo escrutinio: un rechazo de Bruselas a finales de noviembre o un deterioro del crecimiento y del déficit podrían costarle caro.
La política de Giorgia Meloni recuerda la experiencia de Liz Truss, la efímera primera ministra británica que intentó imponer recortes fiscales masivos en septiembre de 2022 y provocó una rápida respuesta de los mercados. Los inversores en deuda pública han dejado de creer en la fábula de que los recortes fiscales apoyan el crecimiento. Exigen medidas de garantía presupuestaria.
La jefa del Gobierno italiano también está aprendiendo la lección: su neoliberalismo clásico se ha vuelto ineficaz. Como tiene poca narrativa alternativa, es muy posible que en el futuro se vea obligada a aceptar la ley de los mercados financieros. Es el precio que hay que pagar por carecer de ambición y de ideas en el frente económico.
Traducción: viento sur
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