Organizaciones políticas alertan sobre la posibilidad de que el gobierno turco comience el desplazamiento forzado de las personas afectadas por los terremotos para, de esta manera, sacar réditos en las próximas elecciones generales en el mes de mayo.
Por Leandro Albani | La tinta
Los terremotos que se produjeron en la región kurda de Turquía (sudeste del país) no sólo generaron más de 40.000 víctimas mortales y miles de heridos y edificios destruidos, sino también un temor real de posibles desplazamientos forzados. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan es blanco de un abanico de críticas que van desde la tardanza del arribo de la ayuda a las zonas afectadas, las violaciones a los derechos humanos tras los sismos, hasta los vínculos de grandes empresas de la construcción -apuntadas e investigadas por levantar edificios que no respetaron las normas antisísmicas- con su administración.
A todo esto, en mayo, se realizarán las elecciones generales en todo el país, en las cuales Erdogan intenta ser reelegido. El mandatario turco sabe que las consecuencias de los terremotos –que tuvieron sus epicentros en las ciudades de Kahramanmaras y Gaziantep- pueden derrumbar sus planes futuros, pero también ser utilizados para reforzar a su propio régimen. Sobre este último punto, amplios sectores de la oposición advirtieron que el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para 10 provincias del sudeste puede convertirse en una herramienta oficial de represión, arrestos masivos y coacción social, como sucedió en 2016 luego del intento de golpe de Estado contra Erdogan.
Un tema que la semana pasada comenzó a difundirse es el temor de que el Estado turco inicie el desplazamiento forzado de miles de pobladores de la región kurda, con el fin de despoblar el territorio y no solo beneficiarse para los comicios con esta medida, sino planificar un gran negocio inmobiliario en las zonas deshabitadas.
El jueves, el diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Rüştü Tiryaki, denunció que el gobierno no asistió a los y las damnificadas por los sismos, y alertó sobre el desplazamiento de poblaciones y cómo podría afectar al desarrollo de las elecciones.
“Hay preocupación por el estado electoral de quienes abandonaron sus ciudades por el terremoto –explicó el legislador del partido pro-kurdo-. Me gustaría señalar que ya sea que se queden en sus lugares de origen o tengan que migrar a otras ciudades, estas personas aún pueden votar”.
Tiryaki detalló que las personas desplazadas tienen dos opciones para votar: actualizar su lugar de residencia en las ciudades a las que se trasladaron o regresar donde residen oficialmente. “Estamos haciendo una especie de estudio de factibilidad. Con base en los datos, desarrollaremos una estrategia y trabajaremos para que las víctimas del terremoto desplazadas a otras ciudades puedan votar. Además, realizaremos un trabajo intensivo con nuestros compañeros para crear condiciones seguras para votar en la zona del terremoto y seguiremos de cerca el trabajo de las juntas electorales”, aseguró.
El diputado, además, se refirió a la situación de la población aleví en el sudeste turco, que viene denunciando la desatención sistemática del Estado luego de los terremotos. Los alevíes, que en su mayoría son kurdos, pero también árabes, profesan una religión pre-islámica que siempre fue perseguida en Turquía. Desde sus tierras, en especial, la región de Dersim, la comunidad aleví ha sufrido masacres, encarcelamientos masivos y persecuciones a lo largo de la historia de la República turca.
“Creo que el gobierno introducirá una política de despoblación e, incluso, intentará allanar el camino para los cambios demográficos en algunas partes del área del terremoto, especialmente en las regiones donde viven predominantemente kurdos y alevíes –remarcó el legislador del HDP-. Frente a esto, haremos esfuerzos para crear las condiciones para el retorno de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares y ciudades”.
Por su parte, la co-presidenta de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK, por sus siglas originales), Besê Hozat, manifestó -en una entrevista con Medya Haber– que “la zona donde se produjo este terremoto es una geografía históricamente habitada por kurdos y árabes alevíes. Ellos (el gobierno del AKP-MHP) aplicarán una política migratoria muy seria en este territorio después del terremoto. Sabemos que ya han empezado a aplicarla. Querrán concluir aquí el plan de genocidio, cambiando gradualmente la demografía de esta zona”.
Para la también comandanta de la insurgencia kurda, el objetivo del gobierno es “deskurdificar” y “desalevizar” el territorio afectado. “Ahora se está aplicando una política seria al respecto. Se trata de una política estatal de hace 100 años. El AKP-MHP quiere utilizar el terremoto para ello. Esto está muy claro. Pero nuestro pueblo es consciente de ello”, aseguró.
En medio de las urgencias que desataron los sismos –que también afectaron amplias zonas del norte de Siria-, un grupo de abogados y abogadas presentaron una denuncia penal en el Palacio de Justicia de Estambul contra el presidente Erdogan y los ministros responsables por no cumplir con sus funciones antes y después del terremoto. Esra Bilen, co-presidenta del Colegio de Abogados de Estambul (ÖHD, por sus siglas originales), leyó una declaración conjunta frente a los tribunales en la que se denunció que todas las provincias que sufrieron graves daños se conocían anteriormente como zonas sísmicas y, a pesar de ello, se levantaron construcciones no resistentes e ilegales en terrenos no aptos.
“La gente quedó bajo los escombros de estos edificios –aseveró la abogada-. Los graves daños a la población y edificaciones construidas por el Estado se debe principalmente a la selección incorrecta del terreno edificable o a la falta de construcción de una estructura adecuada para el terreno edificable, así como a la violación de la legislación pertinente. Señalamos esta situación como homicidio premeditado”.
La denuncia también alcanza a alcaldes y e interventores municipales, contratistas que construyeron los edificios que colapsaron, arquitectos e ingenieros que elaboraron los proyectos de construcción, ingenieros de control que emitieron los permisos y funcionarios gubernamentales que supervisaron las edificaciones.
Los terremotos en el Kurdistán turco (Bashur) dejaron una destrucción pocas veces vista. Los principales afectados y afectadas son los sectores de poblaciones más desamparados por el Estado que, en el caso de Turquía, son los kurdos y otras minorías étnicas y religiosas. La gran incógnita ahora es saber si esa destrucción también hará colapsar los cimientos del régimen de Erdogan.
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