El proyecto ofrece también importantes excepciones, para que pueda considerarse como una amnistía total que beneficie a todos los miembros de las organizaciones kurdas.
Por Angelo Nero | 6/08/2026
El denominado Proceso de Paz y Sociedad Democrática, impulsado por el llamamiento del histórico líder kurdo Abdullah Öcalan, en prisión desde febrero de 1999, para disolver el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que él mismo fundó en 1978, ha tenido un nuevo impulso, una ventana de esperanza para la paz, con la propuesta de una ley marco, denominada Proyecto de Ley sobre el Fortalecimiento de la Solidaridad Nacional y la Integración Social, presentada en la Gran Asamblea Nacional Turca, y avalada con la firma de 360 de los 600 miembros que forman este parlamento.
El propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan ha señalado que la ley “tiene como objetivo liberar permanentemente a Turquía de la amenaza terrorista, consolidar la unidad y solidaridad nacional, y fortalecer el clima de paz en el país”. También ha informado que “el proyecto de ley ha sido preparado con un amplio consenso que refleja la voluntad de solución de nuestra querida nación”.
La ley establece que “la disolución y el desarme completos del PKK y de la Unión de Comunidades del Kurdistán (KC), incluidas todas sus estructuras organizativas y los elementos bajo su control, deberán ser determinados por las instituciones de seguridad y verificados por el Consejo de Seguridad Nacional del Estado turco”.
El PKK, una organización guerrillera de origen marxista-leninista, libró una guerra abierta contra el estado turco por la liberación nacional del Kurdistán, que desató una limpieza étnica por parte del ejército turco, que ya había cometido un genocidio con el pueblo armenio, y causó entre 1984 y 2015, unos 40.000 muertos, además de centenares de pueblos kurdos destruidos, en una política de tierra quemada. Además de considerar al PKK como un grupo terrorista, Turquía también ilegalizó a varias organizaciones políticas kurdas, a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, siempre bajo la acusación de mantener lazos con la organización armada, y miles de sus militantes y cargos públicos fueron encarcelados.
El proyecto de ley recién presentado está destinado a suspender, durante un periodo de cinco años, las investigaciones, juicios y condenas contra miembros del PKK o del KCK (organización paraguas transnacional fundada en 2005 que agrupa a los movimientos políticos y armados kurdos), acusados de “pertenencia a la organización, asistencia consciente y voluntaria a la misma, difusión de su propaganda, así como los delitos cometidos en el marco de sus actividades y financiación”.
Aún así, el proyecto ofrece también importantes excepciones, para que pueda considerarse como una amnistía total que beneficie a todos los miembros de las organizaciones kurdas ya que “quedan excluidas del ámbito de aplicación del proyecto de ley las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el delito de homicidio intencional cometido en el marco de las actividades de la organización, así como los delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005, que conlleven penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada.” Esto podría dificultar una de las demandas históricas del movimiento kurdo en Turquía: la liberación de su líder, Abdullah Öcalan, así como la de los copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş.
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